Surgen dudas de si el gobierno tiene la intención real de llevar adelante las reformas modernizadoras del Estado que prometió en su programa o si se prepara a rendir sus banderas. La realidad política lo coloca más cerca de la situación de un elefante en cristalería que de un gobierno de amplia base popular. Incluso los movimientos más insignificantes del Ejecutivo chocan con la delicada epidermis de las elites que constituyen el entramado del poder en Chile.
En el plano político, casi todas sus iniciativas -aunque por distintos motivos- suscitan el inmediato rechazo de un abanico que va desde la derecha hasta la Izquierda radical. Pero sus anuncios y proyectos provocan también ásperas discusiones en sus propias filas.
El estrecho espacio social y político de que dispone para mover sus piezas, acentúa la tendencia natural del gobierno -con hegemonía socialdemócrata-democratacristiana- a relativizar los objetivos y plazos del programa. La presidenta y sus voceros destacan que lo esencial es la búsqueda de amplios acuerdos. De este modo, el programa va convirtiéndose en una meta a conseguir -en la mejor tradición concertacionista- “en la medida de lo posible”. También, aunque algo tarde respecto a las expectativas creadas, el gobierno enfatiza que los “tres pilares” del programa -reformas tributaria y educacional, y nueva Constitución- no se materializarán en este periodo porque requieren más tiempo. Un vocero ha calculado que se necesitarán cuatro gobiernos, o sea dieciséis años -de la misma coalición, por supuesto-, para alcanzar las metas programáticas.
De esta manera, como suele suceder, el programa comienza a relativizarse: no es un dogma, han precisado la presidenta y los dirigentes de la coalición. Solo el Partido Comunista aparece como un tenaz defensor del programa y pide su estricto cumplimiento. Esto ocurre porque la dirección del PC se juega la cabeza en su apuesta por la alianza con el centro político. No ocurre lo mismo con los otros partidos. Llegado el caso, pueden replegarse al viejo refugio de la Concertación. Tienen en común cuatro gobiernos en que la política de los consensos permitió hacer y rehacer programas, articulando todo tipo de acuerdos con la derecha.
Para evitar el inmovilismo a que llevan sus indefiniciones, al gobierno no se le ocurre otra cosa que el diálogo con la oposición, o sea con la derecha. Pero como reduce sus movimientos al Parlamento -la institución más desacreditada del país-, está condenado a caer en el pantano de las trampas y maniobras típicas de ese escenario. Su interlocutor domina las artes para defender los intereses más conservadores y reaccionarios. Pero además, sumida en esa marisma, la Nueva Mayoría pierde cohesión y permite que sus elementos más conciliadores entren en acuerdos con la derecha.
La Nueva Mayoría no contempla apelar al pueblo para realizar su programa modernizador. Teme que si se empeña en cumplirlo contra viento y marea, se desate una tempestad social. De ahí las alusiones a la crisis de 1973 en boga en el lenguaje de los dirigentes de ambos bloques políticos. En suma, en Chile se libra lo que el marxismo define como una “lucha interburguesa”. No es el pueblo enfrentando a los amos con un programa revolucionario. Son dosfracciones de las clases dominantes que pugnan por sus respectivos intereses valiéndose de partidos, gremios e instrumentos mediáticos.
Esta lucha se produce porque las señales de agotamiento del modeloneoliberal se han acentuado por la desaceleración de la economía que produce la caída de las inversiones(1). Eso plantea la necesidad de hacer ajustes a la institucionalidad político-económica. Es la misión del programa de la Nueva Mayoría. Ella representa mejor que la derecha conservadora los intereses del capitalismo globalizado. Hay que recordar que en el primer gobierno de Bachelet los consorcios extranjeros alcanzaron una cifra récord de ganancias. Coincidencia o no, la reforma tributaria no toca los intereses de los monopolios, en particular de los que explotan el cobre. Las empresas nacionales, grandes y medianas, que se verán afectadas por una moderada alza de la tributación, son las que especialistas definen como “subcontratistas de los monopolios”(2), subordinadas -e integradas- al capitalismoglobalizado. Esta es la disputa que tiene lugar en el Congreso.
La reforma tributaria será aprobada aunque con recortes porque la reforma educacional requiere financiamiento y ella, a su vez, es necesaria para modernizar el Estado y aumentar la productividad del trabajo. Lo más probable es que la suma que se pretende recaudar (8.200 millones de dólares) se vea reducida a algo más de 6 mil millones. Es lo que han propuesto los mentores del modelo: el Centro de Estudios Públicos (CEP) -algunas de cuyas sugerencias están incorporadas en el proyecto del gobierno-, y el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, probados abogados del neoliberalismo.
Funcionarios del actual gobierno, como el director de Impuestos Internos y el subsecretario del Trabajo, están vinculados al CEP. La ministra del Trabajo hasta hace poco era la vocera de la Fundación Paz Ciudadana deldueño de El Mercurio, Agustín Edwards, coautor del golpe de Estado del 73. Hay que tener presente que el empresariado que participa en el CEP fue, justamente, el sector que apoyó y financió la candidatura presidencial de la Nueva Mayoría. Conoció de antemano su programa y participó en su redacción a través de sus hombres de confianza.
Las dificultades de la Nueva Mayoría para moverse en la cristalería de intereses de la política, se agudizan porque en verdad no es mayoría. Aún distantes las próximas elecciones que permitan medir fuerzas -las municipales son en octubre de 2016-, la única referencia válida son las presidenciales de hace cinco meses. Ellas registraron una abstención histórica del 58%, que hace que Bachelet represente sólo al 25% de ciudadanos con derecho a voto.
Expresión desoladora de esa debilidad fueron los actos del 21 de mayo en Valparaíso. No hubo apoyo popular a la presidenta, que transitó calles donde penaban las ánimas. La única movilización fue la marcha de estudiantes, trabajadores y pobladores, también disminuida en relación a los años de la Concertación o de Piñera, cuando en esas manifestaciones participaba el Partido Comunista. Sin embargo, la fragmentación de la Izquierda -y por lo tanto laausencia de una alternativa de los trabajadores-, es otro dato duro de la realidad nacional. Por supuesto constituye un desafío que espera respuesta.
PF
(1) El tema se trata ampliamente en págs. 6 y 7 de estaedición.
(2) Samir Amin, El capitalismo contemporáneo, pág. 156, El viejo topo, 2013.
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 805, 30 de mayo, 2014