El Gobierno libio propuso hoy una salida negociada a la profunda crisis política y de seguridad que estalló en el país este fin de semana, mientras las Fuerzas Especiales del Ejército han anunciado su apoyo a los militares rebeldes que se levantaron en armas en Bengasi.
Libia está en vilo tras el ataque lanzado el viernes por fuerzas fieles al general retirado Jalifa Hafter contra la ciudad oriental de Bengasi y el asalto armado del sábado contra el Parlamento en Trípoli, protagonizado por dos milicias de las fuerzas fronterizas, lo que ha hecho que la incertidumbre se haya extendido en el país.
Ante esta situación, el Gobierno ha propuesto a la Asamblea Legislativa la celebración de elecciones parlamentarias antes del 15 de agosto y la búsqueda de un “consenso nacional” para reconducir la crisis.
Mediante una “iniciativa nacional”, el Ejecutivo plantea la repetición de la polémica votación parlamentaria que el pasado 4 de mayo convirtió a Ahmad Maitiq en el nuevo primer ministro.
Dicha votación fue cancelada por el vicepresidente del Parlamento, Azeldín al Awani, y posteriormente confirmada por el presidente de la Asamblea Legislativa, Nuri abu Sahmin, que desdijo a Al Awani.
En caso de que Maitiq, respaldado por la corriente islamista del hemiciclo, no lograra los apoyos suficientes, el gabinete propone que siga dirigiendo los asuntos diarios del país hasta las elecciones el actual Ejecutivo de Abdala al Zani, quien presentó su dimisión el pasado 13 de abril.
Además, el Ejecutivo ha propuesto la suspensión de las actividades del Parlamento inmediatamente después de dicha votación.
El Gobierno también se ha mostrado favorable a la creación de una “comisión ministerial” para entrar en contacto con “todas las formaciones armadas” con el objetivo de alcanzar un consenso nacional, que incluya el compromiso de no levantar las armas contra los propios libios.
Tanto las milicias de Zintán que asaltaron el Congreso Nacional -Al Qaqaa y Al Sawaeq-, como el general rebelde, han mostrado su rechazo a la corriente islamista del Parlamento, representada por el bloque Wafa y por el partido Justicia y Construcción, próximo a los Hermanos Musulmanes.
Ambas facciones, cuya connivencia y coordinación no está clara, ya se habían pronunciado contra la legitimidad de la Asamblea el pasado febrero, cuando los diputados decidieron prolongar el mandato del Parlamento que concluía el día 7 de dicho mes.
No obstante, paralelamente a la llamada al diálogo y la calma por parte del Gobierno, incapaz de imponer su autoridad, el jefe de las Fuerzas Especiales libias, Wanis Abu Hamada, ha anunciado desde Bengasi su ingreso en las filas encabezadas por Hafter.
En una rueda de prensa televisada, Abu Hamada aseguró que se une a la “operación Al Karama (dignidad)”, lanzada por Hafter el pasado viernes contra varias milicias armadas de Bengasi, y que ha causado al menos 70 muertos y 141 heridos.
Según Abu Hamada, el objetivo de dicha operación es combatir el fenómeno de “los grupos armados takfiríes”, extremistas islámicos que consideran apóstatas al resto de creyentes.
El anuncio de Abu Hamada se ha producido en un contexto de informaciones y desmentidos sobre supuestas adhesiones a las fuerzas del general rebelde, que ya en febrero fue acusado de golpista tras proponer la disolución del Parlamento.
El viceministro de Defensa, Jaled Sharif, salió hoy al paso de un anuncio realizado por el portavoz de Hafter, Mohamed al Hiyazi, quien había asegurado que la base aérea de Tobruk, la mayor del este del país, se había unido a las fuerzas rebeldes.
“La información es falsa, el jefe de la base área de Tobruk ha confirmado su compromiso con la legitimidad y con el Estado Mayor del Ejército”, dijo Sharif a EFE.
Esta tensión, sumada a los recientes secuestros de diplomáticos tunecinos y jordanos, ha empujado a Arabia Saudí y a Argelia a cerrar de manera inmediata sus misiones diplomáticas en la capital libia.