Con la convocatoria y adhesión de al menos 105 organizaciones ciudadanas de diversos lugares del país se realizará el 24 de mayo de 2014 la Primera Marcha por el Patrimonio de Chile en distintas ciudades del país como Concepción, Temuco y Santiago.
Luego del Tercer Congreso Nacional de Barrios y Zonas Patrimoniales, que se realizó entre el 24 y 26 de abril de 2014, con la participación de más de 500 delegados, 2 invitados internacionales, 60 ponencias, 3 foros de debate y 4 grupos de discusión, los asistentes acordaron realizar, en el marco del día del patrimonio, una movilización nacional de las comunidades que luchan por los barrios, la cultura y el patrimonio.
El interés por el Patrimonio Nacional y la protección de los bienes naturales y culturales por parte de las y los ciudadanos y sus organizaciones sociales ha ido en aumento. Los chilenos y chilenas valoramos más nuestros territorios, los lugares que habitamos, barrios y pueblos, las tradiciones y los objetos que representan nuestra cultura e historia. La ciudadanía ha tomado conciencia de que el Patrimonio es nuestra memoria, que es un recurso no renovable y que, por tanto, su cuidado es importante para el buen vivir. Chile cuenta con 1.177 Monumentos Históricos, 1.380 Monumentos Públicos, 116 Zonas Típicas, 42 Santuarios de la Naturaleza y existen cientos de lugares que deben ser protegidos. Este avance de la conciencia y el trabajo ciudadano patrimonial se encuentra con una institucionalidad fragmentada y en crisis, que en el Consejo de Monumentos Nacionales cuenta sólo con 115 trabajadores en una situación laboral precaria, situación que está afectando directamente a las comunidades. Son decenas de casos de expedientes de declaratorias patrimoniales que esperan años, mientras se demuelen o incendian los inmuebles propuestos para su protección. La autorización de demoliciones en Zonas Típicas, la falta de fiscalización y la grave destrucción del patrimonio arqueológico de Chile, por el paso del Rally Dakar, son algunos de los casos en el que la actual institucionalidad en crisis ha actuado de forma permisiva y atentando contra la creciente demanda de protección real de nuestro patrimonio.