La Fundación Defendamos la Ciudad informó que por resolución del 2 de mayo de 2014 se respaldó las facultades de la Justicia ordinaria para ordenar la demolición de edificio de Inmobiliaria Aconcagua, uno de cuyos dueños es el ciudadano Sebastián Piñera. Este edificio se emplaza en el Parque Cerrillos situado inmediatamente al sur del extremo de la pista aérea del aeropuerto ya clausurado en 2006 por el gobierno de Lagos. Se debe tener presente que la Corte Suprema a fines del año 2012 y principios de 2013 se pronunció sobre dos importantes cuestiones relacionadas con el ex aeródromo.
Patricio Herman, presidente de Defendamos la Ciudad señaló : “en el ámbito del uso del suelo de las 254 hectáreas del ex aeródromo recordemos que la calificación ambiental de la Conama sobre el cambio de uso del suelo fue anulada por el máximo tribunal por lo que dicho territorio, de acuerdo al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), sigue siendo de infraestructura aeronáutica y no habitacional-mixto como pretende el MINVU. Una segunda sentencia de la Corte Suprema reconoció la existencia de un modo asociado a la donación del filántropo DanielGuggenheim estableciendo la obligación de reinvertir el valor equivalente al valor de los terrenos en los mismos fines establecidos por el donante, esto es, en beneficio de la aviación civil. El caso del edificio ilegal inicialmente fue denunciado ante la Contraloría, organismo fiscalizador que optó por desentenderse ya que no investigó nada. Los dueños de la inmobiliaria infractora se quisieron pasar de listos cuando en los tribunales sus abogados argumentaban que solo la instancia sectorial de Vivienda y Urbanismo podía decretar la demolición del edificio ilegal, a sabiendas que la institucionalidad administrativa tolera las malas prácticas en este sector de la economía y por ello celebramos que la instancia jurisdiccional esté poniendo orden en la casa”.
Por su parte Miguel Depolo, abogado de la Federación Aérea de Chile, manifestó : “la resolución de la Corte de Apelaciones es muy importante; pues define claramente las facultades de los tribunales ordinarios de justicia. Inmobiliaria Aconcagua, dueña del proyecto, sostuvo en primera instancia y en la Corte la incompetencia de los tribunales de justicia para resolver la demolición alegando que esta facultad está radicada exclusivamente en el Alcalde o el Seremi de Vivienda, pretensión que fue rechazada por los tribunales por cuanto se encuentra en litigio la validez misma de las normas dadas por el Alcalde y el permiso de edificación Nº 3166/2012 del 12 de enero de 2012 cursado por el Director de Obras de Cerrillos. Con este respaldo, el 21º Juzgado Civil de Santiago conocerá de la nulidad de derecho público materia de la causa, tribunal que actuará ahora con plenas facultades, incluso para ordenar la demolición del edificio, que se encuentra paralizado y deshabitado. Me llamó la atención la agresiva actitud de dicha empresa favorecida por permisos ilegales, ya que ella sabía que en ese suelo no se podía construir y no obstante lo hizo. El proyecto gubernamental de cambio de uso de suelo buscó poblar de manera intensiva no solo las 254 hectáreas del aeropuerto sino también las 3.000 hectáreas localizadas inmediatamente al sur de la base aérea, amplio territorio natural que hoy constituye un canal de ventilación y una reserva ambiental para la cuenca de Santiago. En relación a la obligación del Estado de reinvertir el valor del terreno del aeropuerto avaluado en unos 400 millones de dólares en el fomento de la aviación civil me parece que lo correcto, desde el punto de vista de la administración del Estado, es recuperar este aeródromo reconvirtiéndolo en uno similar al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires”