En días recientes se han presentado en Chile dos importantes iniciativas que tienen relación con el proceso de votación, primero, la aprobada reforma constitucional que ha extendido el derecho a voto a los chilenos residentes en el exterior y luego, el proyecto de ley destinado a reemplazar el cuestionado sistema binominal utilizado para elegir a los parlamentarios. Ambas iniciativas apuntan a hacer que el proceso de votación se haga más democrático.
Por cierto nadie puede saber a este momento si eliminar el binominal va a hacer que haya una mayor participación en los procesos electorales. El binominal en realidad es sólo uno de esos factores que ha conducido a la alta abstención. Tampoco se puede anticipar si posibilitar el derecho a voto en el exterior va necesariamente a resultar en un alto número de chilenos del exterior participando de las votaciones. Pero eso no invalida el hecho que ambas iniciativas son altamente positivas y tienden a hacer un poco más democrático un país que aun muestra muchos déficits en ese aspecto.
Respecto del voto en el exterior, a pesar de que la inmensa mayoría de los chilenos expatriados ciertamente apoyaba la iniciativa, no por eso dejaba de causar disensiones, no en el sentido de estar contra la idea, sino más bien en matices que tenían que ver con interpretaciones de la actual situación. En efecto, algunos señalaban que la actual constitución al establecer que todos los ciudadanos chilenos tienen derecho a voto, no hacía distinción explícita entre quienes residían en Chile y quienes lo hacían en el exterior. Desde ese punto de vista entonces, lo único que correspondía era que se dictaran los reglamentos o se modificara la legislación electoral vigente para que se instalaran mesas de votación en los consulados en el extranjero. Más aun, argüían, ni siquiera el trámite de inscripción consular era necesario ya que con el sistema de inscripción automática todos los residentes exteriores por el hecho de poseer cédula de identidad o pasaporte consignando una dirección en Chile, estaban ya inscritos, el único trámite que hubieran tenido que hacer sería el de modificar su domicilio indicando que ahora vivían en algún lugar fuera de Chile. Como interpretación legal parece bastante plausible, sin embargo, producto de una cultura política chilena forjada por años de hábitos y prácticas que a la larga terminan siendo aceptadas como normales, esta interpretación nunca fue validada por gobierno o partido político alguno.
En otras palabras, la idea que se instaló desde un principio en el ámbito político—para bien o para mal—fue que los chilenos residentes en el exterior nunca habían votado y por lo tanto para que ello pudiera ocurrir era necesario legislar con ese propósito. Para hacer las cosas más difíciles aun, ni siquiera se trata de una ley cualquiera sino que debía ser una enmienda a la constitución con todo lo que eso importaba en materia de quórums especiales. Sin duda de haberse impuesto esa interpretación que veía el proceso mucho más sencillo, el voto en el exterior se hubiera concretado también mucho antes. El problema es que esa fue una interpretación minoritaria en un tema que además estaba cargado de muchas tensiones, principalmente porque la derecha había tenido una posición muy contraria a considerar que los chilenos de afuera pudieran votar, en gran parte porque temía que ese voto exterior le fuera adverso, algo que en verdad nadie puede asegurar ya que ese universo de votantes es básicamente un misterio. Si bien es cierto que a muchos países de Europa y aquí mismo a Canadá llegó un fuerte contingente de exiliados políticos, por otro lado eso es algo más bien del pasado, en la actualidad hay un gran número de chilenos que simplemente emigran del país por razones económicas y cuyas preferencias políticas son un enigma. La derecha probablemente sabía eso, pero ante una situación de incertidumbre prefería oponerse a legislar.
Otra fuente de disensiones fue el hecho que se legislara el derecho a voto en elecciones presidenciales, plebiscitos y primarias presidenciales, pero no para otras elecciones como las parlamentarias. En eso sin embargo hay que tener presente los tipos de mandatarios que uno vota. En un sistema presidencial, como el chileno, uno elige un mandatario nacional (que ocupa la presidencia de la república), esto es que representa al conjunto de la nación chilena (y con el derecho a voto en el exterior se entiende ahora que esa nación está también formada por los que viven fuera del país) y cuya función es ocuparse de la totalidad de los asuntos que conciernen a la nación. Pero también hay un segundo tipo de mandatarios cuyo eje de acción y representación es más específico o focalizado: mandatarios que representan a un segmento (generalmente determinado geográficamente) de la población. Ellos representan y defienden los intereses específicos de esos segmentos y por lo tanto están directamente unidos a un factor de residencia. En este sentido son diferentes del mandatario de carácter nacional, en el caso chileno estos son los senadores y diputados.
¿Significa esto que los chilenos del exterior no deberían tener también derecho a elegir a mandatarios que representaran sus intereses específicos? Por cierto que no. Lo que sucede es que esta es una lucha que se da en etapas, la primera era la de obtener derecho a voto. El derecho a elegir. En la segunda fase de reivindicar derechos para los chilenos del exterior, debe plantearse seriamente el derecho a elegir diputados y senadores que representen a los chilenos del exterior para lo cual se podría estructurar una circunscripción única de senadores y crear varios distritos según la distribución de la población exterior para elegir diputados. El derecho a ser elegido. Este concepto de parlamentarios representando a la población emigrante no es algo completamente inusual, países como Ecuador, Italia y Argelia ya tienen un sistema de representación parlamentaria del exterior. Claro está, esta es una reivindicación que se tendría que plantear cuando se redacte una nueva constitución, que como esperamos, se haga democráticamente en el marco de una asamblea constituyente.
En cuanto a la eliminación del binominal lo que podemos decir es que aquí la batalla será mucho más dura ya que ese sistema es el que le ha permitido a la derecha mantener una situación privilegiada de sobrerrepresentación la que va a defender por todos los medios (por cierto la derecha no habla aquí de defender su posición privilegiada sino de “defender la estabilidad”). Aunque no se ha explicitado qué sistema específico reemplazaría al binominal, lo que sí se ha dicho es que sea uno de tipo proporcional. Hasta 1973 en Chile se usó el llamado de cifra repartidora que generalmente era considerado como bastante preciso en asignar los cargos a elegir de acuerdo a las preferencias que cada partido obtenía. Un problema que sí existe en ese u otro sistema proporcional es que mientras menor es el número de candidatos a elegir, tiende a perder proporcionalidad pareciéndose entonces a los sistemas no proporcionales como el binominal o el de mayorías (first-past-the-post) utilizado en Gran Bretaña y otros países anglosajones.
Esta objeción se ha hecho presente respecto del proyecto presentado en Chile porque en algunos distritos se propone elegir a tres diputados (en lugar de dos como ahora), pero eso podría tender a reproducir la misma distribución que resulta del binominal. El sistema de cifra repartidora usado anteriormente y que sin ser perfecto era bastante justo en reflejar el apoyo a mayorías y minorías, comprendía circunscripciones en las que se elegía cinco senadores o diputados. Matemáticamente se consideraba que cinco era un número ideal para reflejar proporcionalidad, aunque eso también depende de cuan fragmentado sea el espectro político, esto a su vez depende en gran medida de si el sistema permitiría o no la existencia de listas de pactos. El antiguo sistema en Chile no lo permitía (sólo había pactos por omisión, es decir un partido podía no presentar lista en una determinada circunscripción para apoyar a otro partido) pero eso se modificó durante el mandato de Salvador Allende para permitir que se hicieran listas de pactos: la Unidad Popular (UP, comprendiendo al PS, el PC, MAPU, Mapu-OC, PR, IC, API) y la Confederación Democrática (CODE, del entonces Partido Nacional, la Democracia Cristiana y la Democracia Radical).
Otro punto contencioso es el de la cantidad de senadores y diputados a elegir así como el de la distribución de los distritos electorales. La razón para tener senadores y diputados es que los primeros representan divisiones administrativas territoriales (regiones en el caso chileno, provincias antiguamente, estados en el caso de otros países como Estados Unidos) independientemente de su población (en EE.UU. por ejemplo cada uno de los 50 estados elige a dos senadores, aunque haya algunos de enorme población como California o Nueva York, y otros con muy poca como Delaware o Alaska, todos los estados eligen el mismo número de senadores). No se justifica, en el caso chileno, que se adjudiquen más senadores a las regiones más pobladas porque ello es injusto para las regiones menos pobladas. Por otro lado, los diputados sí son elegidos de acuerdo a un criterio de población y por tanto en ese caso las regiones más pobladas van a tener más diputados que las menos pobladas; y eso también es justo desde el punto de vista que en este caso el criterio es el que los diputados representan población, mientras lo senadores representarían regiones. Si por otro lado diputados y senadores se eligen de acuerdo a criterios similares entonces no se justificaría tener dos cámaras. Un congreso unicameral sería suficiente.
Por último, también se ha criticado que en la distribución de los distritos electorales propuesta, pueda haber la intención de favorecer a ciertos partidos políticos, en buenas cuentas haciendo una manipulación en la distribución de la población. Este es un fenómeno que en política se conoce como gerrymandering término originado en el siglo 19 en Boston, cuando un gobernador del estado de Massachusetts, Elbridge Gerry, distribuyó los distritos para favorecer a su propio partido, creando uno que por su forma parecía una salamandra (salamander en inglés, el término se acuñó combinando el nombre del político con parte del nombre de ese animal).
En países como Canadá ese problema se trata de evitar encargando la distribución de las circunscripciones electorales a un organismo independiente o que dé garantías a todos y que además está obligado a consultar a la población. Algo así tendría que hacerse en Chile para evitar suspicacias y que el proceso de reforma electoral entonces no sufra de ninguna falta de transparencia.
De cualquier modo, dar fin al sistema binominal es de por sí un importante logro, pero que debe hacerse bien para que no deje lugar a dudas que se actúa para democratizar el proceso electoral, posibilitando que la real voluntad de los electores se refleje en la composición de los cuerpos legislativos. De no ser así y el cambio es visto sólo como un parche que produce otras injusticias o distorsiones en la representación popular, el desencanto y alejamiento de la población de los actos eleccionarios lejos de disminuir se va a exacerbar. Y en ese caso se aceleraría un proceso de deslegitimación de todo el sistema político del país, independientemente de quien gobierne.