Todos los sistemas electorales falsifican la voluntad popular: los mayoritarios, al eliminar la expresión de la mayoría de las fuerzas políticas, y los proporcionales, debido a la también distorsión, del sistema del matemático Víctor D´Hont, que favorece a los primeros de la lista y, a su vez, en un caso extremo, puede resultar elegido un candidato con la sola votación de su familia – como ocurrió en otra época en las municipales en Chile -.
Nada más arbitrario que dividir el país en distritos y, a quien le corresponde hacerlo, por lógica, tiende a favorecer a sus fuerzas políticas; por ejemplo, en los 60 distritos, propuestos durante el gobierno de Pinochet, se privilegiaron los zonas rurales y aquellas donde tuviera mayor poder electoral la derecha política. En la reforme propuesta por el actual gobierno se favorece la proporcionalidad sobre la base de una mayor densidad de población y geográfica y, sobre todo, respecto a un predominio de los distritos urbanos sobre los rurales – históricamente, los partidos de la Concertación han tenido mejores resultados en los sectores urbanos que en los rurales -.
En las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias de 2013, la abstención fue mucho mayor en las provincias que en Santiago, lo cual expresa el desagrado de las regiones con respecto al exagerado e injusto centralismo en que Chile se encuentra sumido desde hace muchas décadas.
Si se aplica como base del re-distritaje la población, es evidente que Santiago, Valparaíso y Concepción sumen un alto número de diputados, y lo único que se podría hacer con respecto a las provincias extremas sería concederlos algunos sillones más.
El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, actúa, a mi modo de ver, muy acertadamente en el sentido de no permitir que los parlamentarios participen en el re-destritaje, pues cada uno tiene sus intereses y, posiblemente, a ninguno le conviene que la extensión geográfica de su distrito aumente, pues si los incumbentes participaran sería imposible cualquier reforma electoral.
Es cierto que los distritos donde se elige un mayor número de diputados favorece a los partidos más pequeños – en algunos casos, en un distrito determinado puede elegir un con sólo un 5% – sin embargo, el re-distritaje desfavorece a las candidaturas independientes. En el fondo, el proyecto de reforma electoral está pensado para la formación de partidos políticos, sean estos pequeños o grandes.
El otro problema que se debe resolver en cualquier intento de reforma electoral es el de la desigualdad del voto: por ejemplo, el distrito 29, de la Región Metropolitana – Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo y Pirque -, el voto vale cinco veces menos que el del distrito 59 – Aysén, Chile Chico, Cisnes, Coyhaique, Guaitecas…- en el actual sistema binominal. En apariencia, esta desproporción en el valor del voto se solucionaría, al menos en parte, esta distorsión, por medio de una mejor re-distribución del mapa electoral.
Los sistemas proporcionales por sí solos no solucionan el distinto valor del voto: por ejemplo, el sistema proporcional que se aplicó en Chile hasta 1973 tenía varias distorsiones, pues el primer distrito de Santiago elegía 17 diputados, mientras que el tercero de esta misma región sólo 5, aunque la población del tercero era mayor que la del primero – es sabido que los diputados, especialmente de derecha, se negaban a aprobar los censos para favorecer los distritos rurales -; el segundo distrito de Santiago, comparado con cuarto, por ejemplo, elegía el mismo número de diputados siendo que la población de cada no era igual.
Sería ingenuo pretender que la reforma electoral deje contentos a todos y cada uno de los parlamentarios, pues lógica, siempre se encontrarán miles de defectos que, de hecho tiene cualquier reforma, pero lo que importa ahora es poner fin al nefasto sistema binominal y no buscar en su reemplazo un sistema perfecto, que no existe ni en las mejores democracias del mundo; lo que sí debiera hacerse es abrir el camino a la reforma electoral, comenzando por la eliminación de los quórum calificados, a fin de que tuviera el trámite como cualquier proyecto de ley, es decir, la mitad más uno de los miembros presentes.
Rafael Luis Gumucio Rivas
03/05/2014