El senado tiene algún sentido en los países federales, pues representa a los estados en que se divide un país – por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hay 50 senadores, que corresponde a uno por Estado -, en las repúblicas parlamentarias, como en Canadá, y en las monarquía constitucionales, como Inglaterra, los lores tienen funciones sólo judiciales.
En Chile, único país en el mundo, el senado y la cámara de diputados tienen las mismas funciones: ambas son cámaras de origen – el proyecto de ley puede ser iniciado por una u otra, indistintamente – y revisoras a la vez, y la única diferencia estaría en el papel fiscalizador de la cámara de diputados y el senado actúa como jurado en las acusaciones constitucionales.
Con mucha razón, en el año 1925, Arturo Alessandri quiso eliminar el senado en el Proyecto de reforma constitucional y, como no le resultó, dejó un senado corporativo, es decir, una especie de padres conscriptos encargados de moderar a los irascibles diputados. La idea de los senadores designados no es una invención de Pinochet, sino una copia de la idea corporativa de Alessandri.
En la Constitución de 1980, el senado fue pensado como una forma de hacer imposibles los cambios y, como garantía, exigía nueve senadores designados, entre quienes se contaban los cuatro ex jefes de las fuerzas armadas. En ese momento, la derecha no objetó por el gasto que significaba el nombramiento de estos senadores “biónicos”.
En la reforma constitucional, en 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos, los senadores designados fueron eliminados, sin embargo el senado, hasta hoy, sigue cumpliendo el ridículo papel de moderador. Los senadores duran ocho años en el ejercicio de su cargo, y son una especie de “cardenales” con respecto a los obispos – podríamos decir del alto clero versus el bajo – y, lo que es muy curioso, es que casi todos los diputados aspiran a ser senadores, un pituto que dura el doble del de aquellos.
Nada más evidente que para economizar los gastos del Congreso que suprimir los 50 senadores, que sólo duplican las tareas de los diputados, así, una Asamblea Nacional, de 155 representantes, sería perfectamente adecuada a un país centralista, como el chileno.
Otros aspectos que debiera considerar la reforma electoral dicen relación con la ley de cuotas: me parece que no sólo debe favorecer a las mujeres, sino que también debiera ser ampliada a las etnias fundadoras – pascuenses, mapuches, aymaras y otros -, que han sido discriminados, hasta ahora, por el Estado chileno.
En cuanto al sistema proporcional, es evidente que todo re-distritaje dejará descontentos a los llamados incumbentes, pues la historia demuestra que ha sido casi imposible que los “propietarios” de los distritos quieran soltar la teta y, cualquier diputado en ejercicio sabe muy bien que si le agregan comunas a su distrito, arriesga perder su feudo, pues le cambian “los siervos de la gleba”, que tenía perfectamente dominados y contados; así, tendrá que buscar más dinero para comprar los nuevos votantes – como se ve, ahora son más díscolos que antaño -. Este empeño de no soltar la teta explica las actitudes y conductas del diputado Jorge Tarud, la diputada Denisse Pascal, que han declarado abiertamente su rechazo al proyecto.
En teoría, el sistema proporcional debe favorecer la expresión de todas las tendencias existentes en una sociedad, en consecuencia, pienso que permitir los pactos políticos, a la larga, termina por perjudicar el multipartidismo, que ha caracterizado nuestra historia política. Veamos un ejemplo: hasta 1970, la ley electoral prohibía los pactos entre los partidos políticos, así, cada agrupación llevaba su propia lista, lo cual favoreció la existencia de cerca de 9 partidos políticos, lo que Sartori llama el “pluripartidismo moderado”. A partir de 1970 se permitieron los pactos, que tuvo como consecuencia una especie de bipartidismo entre la CODE y el Partido Federado de la Unidad Popular, lo cual contribuyó a radicalizar el sistema político.
Si se prohibieran los pactos, al desaparecer el sistema binominal podríamos contar con un Congreso más multicolor y no forzar alianzas no deseadas – como ocurre en la actualidad con la UDI, Renovación Nacional, Evópoli y Amplitud o, en ciertos casos entre la Democracia Cristiana y la izquierda -. La supresión de pactos en el Congreso tendría otros efectos positivos, entre ellos, el morigerar la monarquía presidencial, al exigir al Ejecutivo formar mayorías sobre la base acuerdo de convicción y no intereses personales u órdenes de partido.
Si se definen los definen los distritos en razón de la población, es lógico que la regiones con mayor número de habitantes salgan favorecidas; el máximo que se podría hacer sería discriminar favorablemente respecto a las regiones extremas del país, tal cual está consignado en el proyecto de ley presentado por el gobierno. Históricamente, las regiones más pobladas favorecieron a los partidos pequeños, tal fue el caso de la Falange hasta 1957 y del Partido Comunista durante el período republicano; por el contrario, los sectores rurales favorecían a la derecha – razón por la cual, Augusto Pinochet, hizo una división del mapa electoral muy ajustado a sus intereses -.
Rafael Luis Gumucio Rivas
25/04/2014