Un proyecto de ley que permitirá al Estado intervenir frente a una universidad que entre en conflicto financiero, académico o administrativo será enviado al Congreso en los próximos días anunció el jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, Francisco Martínez. “Necesitamos enviar una ley que nos permita tener otro tipo de acciones sobre las universidades, para poder tener las facultades correspondientes, las cuales dicen relación con poder asegurar la continuidad de los estudios”, adelantó a los miembros de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Martínez indicó que se está diseñando una normativa que considere las diversas situaciones que se puede enfrentar, dado que las razones que pueden causar la inestabilidad o inseguridad de los estudios o que estos no sean sustentables en el tiempo, son de variada índole.
“Por lo tanto, la ley va a contemplar esa diversidad para poder tener las facultades para resolver adecuadamente la continuidad de los estudios y, eventualmente, la continuidad de la propia institución. Pasamos de una situación en que la única opción es cerrar, a una en que el Estado toma una posición en la cual resuelve cuál va a ser la mejor situación y se hace cargo de ella”, planteó.
Anticipó que la figura de alguien que administre a nombre del Estado estará presente en la ley que se va a proponer, pero recalcó que los detalles sólo serán expresados en la propuesta, una vez que ingrese al Parlamento.
Respecto de la situación específica de la Universidad Andrés Bello, Martínez afirmó que la preocupación central del Gobierno ahora es garantizar la continuidad de los estudiantes. Confirmó que se presenta una doble problemática: la investigación que efectúa actualmente la Fiscalía en relación a una posible vulneración del principio del lucro de parte del grupo controlador; y los conflictos que se han producido en los últimos días con los estudiantes y que se centran en problemas con las sedes y expectativas no cumplidas.
Dijo que, tan pronto se conoció el conflicto presentado por la Escuela de Derecho, el Ministerio de Educación envió una comisión especial para investigar y solicitar a las autoridades universitarias que resolvieran la situación, volviendo a dialogar con los estudiantes y emprendiendo un conjunto de acciones directas.
Cabe mencionar que en la oportunidad se esperaba también recibir el testimonio de Matko Koljatic, presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), y de representantes del cuerpo directivo de la Universidad Andrés Bello, quienes se excusaron de asistir al encuentro. En el primer caso, se argumentó que no podía concurrir por encontrarse la casa de estudio con un proceso de reposición de la acreditación pendiente; en el segundo, se apeló a que el tema había sido ya superado, terminando el paro en el día de hoy bajo el compromiso de la autoridad universitaria de impulsar 27 mejoras en los servicios que reciben los alumnos.