Va quedando de manifiesto ante la opinión pública que el nuevo gobierno contaba con un programa presidencial definido solo en sus rasgos generales, sin tener claridad respecto de sus objetivos específicos e incluso sin haber definido sus prioridades y cronogramas.
Como se le ha observado al Ejecutivo, parece impropio discutir y aprobar una reforma tributaria sin que exista un cálculo de los costos que le demandarán al Estado los diversos desafíos educacionales, así como su intervención en el sistema previsional, de salud y otras importantes áreas en que las demandas sociales se hacen acuciantes. Es evidente, asimismo, que entre los partidos oficialistas persisten diferencias más o menos sustantivas respecto de los cometidos de la Primera Mandataria y su equipo de colaboradores, al grado que en este primer proyecto remitido al Congreso Nacional ya se expresan los primeros disensos internos.
El ministro de Educación se reúne con los más diversos actores, pero en seguida todos éstos constatan la falta de definiciones que reina en esta Secretaría de Estado respecto de cómo implementar lo que se estima al menos diez iniciativas para satisfacer los cambios esperados en los tres grandes niveles educacionales. Solo a tientas se ha definido que el Estado debiera recaudar no menos de 8 mil millones de dólares para acometer esta reforma, cifra difícil de alcanzar en menos de dos o tres años con una iniciativa de incremento tributario tan discreta como la que ya inició tramitación en el Parlamento y que, por supuesto, no agregaría recursos para el cumplimiento de las otras promesas electorales.
Con la renuencia de La Moneda a la posibilidad de elevar el royalty minero, así como a recortar los multimillonarios gastos en defensa, da la impresión que las autoridades van maniatándose en sus posibilidades o fundando excusas para dejar de cumplir importantes reformas al sistema socio económico desigual en que vivimos y cuyas inequidades han quedado lacerantemente a la intemperie después de un nuevo terremoto y estos arrolladores incendios en la provincia de Valparaíso. En que, por cierto, son nuevamente los pobres los más afectados por las inclemencias naturales y la falta de prevención de las autoridades.
El mismo proceso de instalación del nuevo Ejecutivo ha enfrentado contratiempos y desprolijidades propios de una coalición interesada más en acomodarse prontamente en el poder y los cargos públicos que satisfacer las grandes demandas ciudadanas. En este sentido es evidente la improvisación y la falta de entereza de un gobierno que ya empieza a contemporizar con los grandes grupos fácticos, como a condescender paulatinamente con los reclamos de sus opositores, pese a la cómoda ventaja política que el oficialismo despliega en el Poder Legislativo. De otra forma no se habría acallado tan brutalmente la alusión que el Presidente del PPD hizo a la posibilidad de aplicarle una retroexcavadora al modelo económico social. Y aunque su intervención fue meramente retórica le ofreció oportunidad a quienes piensan de reponer esa nefasta ”política de los acuerdos” que tanto ha retrasado los cambios institucionales, el anhelo democrático, como el objetivo de una sociedad más justa, equitativa y menos excluyente.
Largos veinticuatro años de pos dictadura, de vigencia plena de la Constitución de Pinochet y de tantos despropósitos económicos, sociales y culturales todavía tienen en la incertidumbre al país en cuanto a cómo la actual administración va a desahuciar la institucionalidad vigente, acometer la redacción de una nueva Carta Fundamental y derogar la ley electoral, entre otras normas heredadas de la Dictadura. Es obvio que, al respecto, la vacilaciones de la Nueva Mayoría se están haciendo turbadoras mientras que en la ciudadanía lo que más se consolida es la posibilidad de una Asamblea Constituyente como el mejor mecanismo democrático para arribar a un sistema republicano cuya democracia sea más participativa que representativa.
Sorprende al respecto que con la pésima imagen de la clase política, lo desacreditado que se encuentra nuestro Congreso Nacional e, incluso, el escándalo descubierto al país en relación a las millonarias dietas autoasignadas por los parlamentarios haya quienes persigan forzar a la Presidenta para que se incline en favor de una tramitación legislativa de una nueva Constitución Política del Estado. Cuando se sabe, y se ha demostrado en más de dos décadas, que por este camino solo pueden conseguirse modificaciones cosméticas a las leyes vigentes, en razón de los diversos candados que la propia institucionalidad actual le pone a las transformaciones. Es más que obvio , también, que existen dirigentes, e incluso partidos, dentro del oficialismo, que se mantienen seducidos por el orden político autoritario duopólico y y cupular, así como también por las ideas neoliberales. Más allá de compartir con los sectores más vanguardistas una avidez común por el poder.
Aunque es propio que las naciones entren en un compás de espera cuando los gobiernos recién se instalan, las organizaciones sociales deben asumir que la presión por los cambios debe hacerse constante y especialmente demostrativa en tiempos de que las aguas están revueltas y en que reinan más las incertidumbres que las definiciones. Los trabajadores, estudiantes y las múltiples organizaciones de nuestra rica sociedad civil debieran concertarse y movilizarse con bríos en un momento en que los referentes patronales, la prensa retardataria y los timoratos se recuperan de su fracaso electoral, empiezan a superar su querellas internas y reproches y lanzan, ya, sus campañas de terror y cantos de sirena a los timoratos e incautos.