Con el rechazo del plebiscito del pueblo catalán a decidir su futuro, el PP y el PSOE no hacen más que seguir estimulando la independencia de Cataluña. Hace solo una década todo indicaba que el malestar de la sociedad catalana con su status dentro de España podía haberse solucionado con un nuevo Estatuto que la dotase de mayor autonomía, continuando con su inserción secular dentro del Estado español. No solamente por el bajo nivel que alcanzaban los deseos de independencia en las encuestas de opinión; sino además porque los partidos independentistas (incluyendo la Izquierda Republicana) tenían un apoyo muy lejano de la mayoría.
Sin embargo, con el rechazo de aspectos centrales del nuevo Estatuto aprobado por el pueblo catalán, el
Tribunal Constitucional (de composición afín al PP y PSOE) le dio un gigantesco impulso a los afanes inde-
pendentistas. Esto se vio naturalmente reforzado por la inflexible negativa de ambos partidos a renegociar los vínculos económicos entre Cataluña y España, que el primero percibe como injustos. De tal modo, que con la manifestación del 11 de septiembre de 2012 –la más grande en la historia catalana, según moros y cristianos- se entendió que la aspiración independentista ya era claramente mayoritaria; lo que provocó un vuelco en esa dirección del más grande conglomerado de la política catalana: Convergencia y Unión.
A tal punto fue así, que en las elecciones catalanes de noviembre de 2012 los partidos independentistas obtuvieron un triunfo arrollador, logrando 87 escaños(64,4%) del Parlement, contra 48 (35,6%) de los españolistas. Ni siquiera frente a este resultado hubo algún cambio en la postura del PP y del PSOE; lo que es particularmente sorprendente en el caso de este último, que hasta diciembre de 1976 (en su 27º Congreso) se declaraba partidario del reconocimiento del derecho a la autodeterminación de “las nacionalidades y regionalidades” españolas.
Peor aún, desde esa fecha ha arreciado en el establishment madrileño una verdadera campaña destinada a ¡descalificar y amedrentar a la sociedad catalana para que no pueda ejercer sus derechos fundamentales!
En primer lugar se le ha dicho que su aspiración es ilegal porque no está contemplada en la Constitución española; lo cual desconoce el ABC del derecho, esto es, que prima el derecho internacional sobre el interno.Y España ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su Artículo 1º estipulan: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”.
Además, ni siquiera se trata de disuadirlos con el argumento que la separación de España no les convendría. No se expresan de parte de los medios de comunicación ni de los políticos madridistas razones en esta dirección. Por el contrario, todo parecen ser reconvenciones y amenazas. Incluso, se les dice que ¡si llegaran a independizarse quedarían fuera de la Unión Europea! Además, muchos de los ataques trasuntan un desprecio a la identidad catalana y a su idioma. Es de lógica elemental que con estas actitudes solo se esta reforzando, aún más, el sentimiento separatista e independentista.
Dicha campaña ha culminado con la reciente votación del PP y del PSOE de prohibir la manifestación de voluntad del pueblo catalán de expresar si quiere su independencia o desea continuar unido a España. Es casi increíble que partidos políticos que se dicen democráticos quieran imponerle a un pueblo su voluntad; y que piensen que con esa votación disminuirán las probabilidades de que dicha independencia se produzca. Particularmente aberrante resulta que aquello lo haga un partido “socialista” que, como vimos, tradicionalmente se declaró partidario del reconocimiento de la libre determinación de los pueblos españoles.
Ni siquiera las felices experiencias europeas de Eslovaquia y Montenegro -que se independizaron democrática y civilizadamente- los convencen. Ni tampoco el ejemplo que dio Canadá que respetó al pueblo quebequen-se en 1980 y 1995, el cual democráticamente ha preferido seguir formando parte de Canadá. Ni menos, ¡el ejemplo que este año está dando Gran Bretaña de respetar el derecho del pueblo escocés a decidir su destino!
Por último, ¿no se dan cuenta el PP y el PSOE que si ya existe un genuino deseo de independencia catalán (que ellos con su intolerancia habrían fomentado de manera decisiva), ello se concretará indefectiblemente, tarde o temprano? ¿No se dan cuenta que en ese contexto solo le tocará elegir a España si esa separación se dará en términos mutuamente favorables o destructivos? ¿Y no se dan cuenta, tampoco, que una eventual represión y violencia contra Cataluña promoverá naturalmente también un genuino deseo de independencia de la mayoría del pueblo vasco?