En España siempre ha habido, a lo largo de su historia, dos concepciones de España. Una, la España de siempre, continuadora de la España imperial, basada históricamente en la Corona de Castilla (lo que explica que la lengua oficial de España sea el castellano), con una visión jacobina del Estado, dominado este por la Monarquía, el Ejército, la Iglesia y los poderes fácticos –económicos y financieros– que dominan la vida económica y política del país. Esta España, centrada en Madrid, la capital del reino, es la que ha tenido y continúa teniendo como himno la Marcha Real, y como bandera la bandera borbónica. Su jefatura ha ido variando de monarcas a dictadores, y de dictadores a monarcas. Su Estado nunca ha respetado la plurinacionalidad de España. Un indicador de esta visión de España se conserva todavía en su sistema de transporte ferroviario, de claro carácter radial.
Ni que decir tiene que esta España ha ido variando con el tiempo y cambios notables han tenido lugar durante el periodo democrático como resultado de la influencia de los partidos democráticos y, muy en particular, de los partidos de izquierda, que han podido imprimir su propia marca democrática. Estos cambios, sin embargo, no han sido suficientes para hablar de ruptura con el Estado anterior, máxima expresión de aquella visión de España (ver mi artículo “Transición”, Público, 20.03.14). Decir esto no quiere decir que el Estado democrático sea una mera continuación del Estado dictatorial (como se interpreta maliciosamente la observación de que no hubo una ruptura con el régimen anterior durante la Transición). Pero la evidencia muestra claramente que el Estado y su aparato tenían y continúan teniendo muchísimos elementos heredados del régimen dictatorial anterior, y que, obviamente, condicionaron y continúan condicionando en gran manera las políticas públicas del sistema político actual.
La otra visión de España es la republicana y pluricéntrica, que apareció (sin nunca poder desarrollarse), en sus inicios, sobre todo durante la II República, y que ofrecía el potencial de posibilitar otra España, una España más democrática, poliédrica, policéntrica y no radial, laica, plurinacional y federal. Ni que decir tiene que la II República no fue la máxima expresión de esta otra España. Pero sí que permitía poder desarrollar otra vía distinta a la visión de la España uninacional y radial. Esta otra visión apareció en los programas de la futura España democrática de la mayoría de los partidos de izquierda, incluido el PSOE, en la clandestinidad. Así, el PSOE tenía en su programa el establecer una España federal, en la que cada nación tendría el derecho de autodeterminación (lo que ahora se llama derecho a decidir), definiendo el tipo de articulación con el Estado español que deseara. Este respeto a la plurinacionalidad del Estado era una característica de las izquierdas.
De ahí que el PSOE, en una fecha tan reciente como octubre de 1974, subrayara en el Congreso de Suresnes que “la definitiva solución del problema de las nacionalidades y regiones que integran el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas, que comporta la facultad de que cada nacionalidad y región pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español” (Resolución sobre nacionalidades y regiones). Y más tarde, en el 27 Congreso del PSOE en diciembre de 1976, se aprobó que “el Partido Socialista propugnará el ejercicio libre del derecho a la autodeterminación por la totalidad de las nacionalidades y regionalidades que compondrán en pie de igualdad el Estado federal que preconizamos… La Constitución garantizará el derecho de autodeterminación”, manteniendo que “el análisis histórico nos dice que en la actual coyuntura la lucha por la liberación de las nacionalidades… no es opuesta, sino complementaria con el internacionalismo de la clase trabajadora”.
¿Qué pasó durante la Transición?
Pero este compromiso desapareció durante la Transición, y ello como resultado, en parte, de las presiones de la Monarquía y del Ejército. De ahí que la Constitución hable de España como la única nación, asignando al Ejército (que era sucesor, en aquel momento, del Ejército golpista que había realizado el golpe militar para evitar, entre otras cosas, el establecimiento de la plurinacionalidad de España) la misión de garantizar su unidad. Creer que la Transición fue modélica y que fue el producto del pacto entre iguales es de una inmensa frivolidad. Las derechas, herederas de los vencedores de la Guerra Civil, controlaban todas las ramas del Estado y la gran mayoría de los medios de información, mientras que las izquierdas acababan de salir de la clandestinidad. No era posible que fuera un pacto consumado entre iguales. Y no lo fue. Las derechas dominaron el proceso y el producto que este determinó: una democracia muy limitada que no resolvió el enorme retraso social de España (hoy España continúa teniendo uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la UE-15) ni tampoco resolvió su problema nacional.
Repito, para que no haya malentendidos, que durante el periodo democrático, y muy en especial durante la época de gobierno del PSOE, hubo un adelanto de gran valor e intensidad, sin que ello significara, sin embargo, una ruptura con el aparato del Estado anterior. Al no haber ruptura, se permitió que los grupos financieros y económicos, así como los establishments conservadores, continuaran siendo dominantes en las instituciones del Estado. La evidencia existente de ello es robusta y clara. Es este dominio del Estado por parte de las fuerzas conservadoras lo que explica la enorme subfinanciación del Estado del Bienestar. Y el tema nacional continúa sin resolverse. Es cierto que el Estado ha sido descentralizado en las CCAA, estableciéndose el Estado de las Autonomías, pero este Estado no ha resuelto el tema nacional. Su “café para todos” no es, como a veces se afirma, una forma de federalismo. Todo lo contrario, diluye, cuando no niega, la plurinacionalidad del Estado. Es más, aun cuando las CCAA significaron una descentralización, el Estado continuó siendo de una normativización muy centralizada. Referirse, pues, al Estado español como un Estado federal no se corresponde con la realidad. He vivido en varios países federales y España no es como uno de ellos.
Valga añadir que otra consecuencia del dominio conservador en el aparato del Estado ha sido la limitadísima democracia existente en el país, que se refleja tanto en la escasa proporcionalidad del sistema electoral (que sistemáticamente favorece a los territorios conservadores), como en las escasísimas posibilidades de favorecer otras formas de participación democrática, tales como referéndums y otras expresiones del derecho a decidir, tanto a nivel central como autonómico y municipal. La democracia española es claramente de baja calidad, lo cual se refleja, por ejemplo, en su abundante corrupción, inmunidad y escasa transparencia.
La situación en Catalunya: separatismo o redefinición de España
Por extraño que parezca, en Catalunya el separatismo, en cuanto al deseo de establecer una Catalunya independiente de España, ha sido siempre un sentimiento minoritario. ERC, por raro que parezca, no fue un partido independentista hasta hace poco. Y el President Companys, que fue ministro del gobierno republicano español, quería establecer un Estado catalán dentro de una federación española. La casi totalidad de las izquierdas catalanas (y las españolas) eran federalistas, no separatistas. Fueron las derechas y algunas voces de las izquierdas nacionalistas españolistas las que, intolerantes frente a cualquier otra visión de España que no fuera la suya, definieron a esas fuerzas políticas como separatistas o incluso anti España. Muchos de estos supuestos separatistas tienen banderas españolas republicanas y banderas catalanas en su tumba. Lo sé porque tengo familiares entre ellos. Murieron por Catalunya y por otra España distinta de la que tenemos. Por cierto, quiero aclarar que utilizo el término españolista de la misma manera que en Catalunya se utiliza el término catalanista. En ningún caso, la utilización de este término tiene una voluntad peyorativa. No utilizo el término español porque considero que a los que el establishment españolista define como nacionalismos periféricos o catalanistas son tan españoles como el españolista cree ser. La monopolización de España por el nacionalismo españolista es una de las raíces del “problema español”, que se relativiza llamándole el “problema catalán”.
De ahí que la gran mayoría de las izquierdas catalanas fueran siempre auténticamente federalistas. Y así lo habían sido las izquierdas españolas hasta que vino la Transición, que cambió su postura. Ello creó claras tensiones entre el socialismo catalán y el español. El primero quería una España policéntrica y no radial, que respetara el carácter nacional de Catalunya –es decir, que se la considerase como nación. El tripartito reflejó claramente esta postura en el Estatuto que promovió. Y ello no fue debido a la alianza con ERC (que había dejado de ser federalista y que se opuso al Estatuto de Catalunya), sino a la presión del PSC y de los herederos del PSUC (esta última siendo la fuerza política que mejor conjugó la lucha de clases con la lucha nacional). Fue el President Maragall (que siempre tuvo muy mala prensa en el establishment radicado en la capital del Reino) el que introdujo el Estatuto que representaba, en su versión original, la postura alternativa y distinta a la España radial. La respuesta de la dirección del PSOE fue decepcionante. Incluso se insultó al President Montilla y a una de las dirigentes socialistas más populares (Manuela de Madre), presentándolos como contaminados por el nacionalismo catalán. Tras esta respuesta estaba la defensa acérrima del nacionalismo españolista, que es el más fuerte, dominante y asfixiante de todos los nacionalismos existentes en España, y que incluso niega ser nacionalista. Los “cepillados” para adaptar el Estatuto a la sacrosanta Constitución y el veto de sus elementos clave por parte del Tribunal Constitucional del Estado español, eran el indicador para muchos catalanes de que Catalunya nunca alcanzaría a tener la personalidad deseada dentro del Estado español. El enorme crecimiento del independentismo en Catalunya explica el redescubrimiento del federalismo por parte del PSOE, proponiéndose un tipo de federalismo tardío e insuficiente.
Añádase a ello el sinnúmero de artículos en los medios del establishment español, centrado en Madrid, que constantemente insultan a las fuerzas soberanistas, algunas independentistas y otras no, definiéndolas como “insolidarias”, “victimistas”, “egoístas” y una larga retahíla de epítetos que muestran su grado de insensibilidad. Por lo visto, quejarse del enorme centralismo del sistema de transporte, o de que todas las instituciones del Estado central español estén en Madrid, o de que se necesite el permiso del ministerio para aprobar asignaturas en un programa docente, se presentan, predeciblemente, como características del “victimismo”. Y así un largo etcétera.
El hecho más llamativo de lo que ocurre en Catalunya
De ahí el creciente hartazgo en Catalunya. El fenómeno más llamativo hoy en Catalunya es el número creciente de personas que se sienten españolas y de izquierdas que no creen que el Estado español tenga la capacidad de transformarse en un Estado auténticamente democrático y federal, con una democracia auténticamente representativa y participativa, con amplias formas de democracia directa, como referéndums, con una política fiscal progresiva, y con un Estado social más desarrollado que el que tiene. Y de ahí que muchos de ellos votarían hoy por la independencia de Catalunya.
Por cierto, que este rechazo y hastío se da también en España, donde el 82% de la población no cree que el Estado los represente. El famoso eslogan “no nos representan” del movimiento 15-M está ampliamente asumido por la mayoría de la población española. De ahí que haya una gran simpatía y afinidad a los dos lados del Ebro en su lucha para cambiar profundamente Catalunya y España. Ayuda a ello el hecho de que la gran mayoría de catalanes no son antiespañoles. El grupo mayor de los distintos grupos que se definen por su identidad son los catalanes que se sienten también españoles. Pero desear (como lo desea la gran mayoría de la población que vive en Catalunya) el derecho a decidir para Catalunya no es ser antiespañol, como maliciosamente se presenta en gran parte de los medios. En realidad, uno de los aspectos más novedosos e importantes es la creciente movilización de la otra España, la España republicana, tan bien expresada en las excelentes Marchas de la Dignidad, donde ciudadanos de a pie de todos los pueblos de España (la España real, en oposición a la España oficial) expresaron su rechazo a este Estado (ver mi artículo “Las necesarias Marchas de la Dignidad”, Público, 25.03.14).
Ahora bien, como resultado de estas movilizaciones estamos viendo cambios muy significativos, de una enorme importancia, tales como que la tercera fuerza parlamentaria en las Cortes Españolas, Izquierda Unida, haya apoyado el derecho a decidir de la población en Catalunya, mostrando su coherencia con la postura de las izquierdas españolas, coherencia que no se ha dado en el PSOE. Esta situación (de que IU haya apoyado el derecho a decidir) ha desconcertado también a aquellos sectores del independentismo catalán hegemonizados por las derechas, que siempre presentan la cara antipática de España, siendo los portavoces de las derechas españolas más visibles en la televisión pública catalana TV3 que no las voces de las izquierdas (a la izquierda del PSOE). En realidad, las posturas de las direcciones del PP y del PSOE están facilitando el voto de respuesta, el independentismo.
Los errores de algunas izquierdas
Una última observación. Creerse que el movimiento popular demandando el derecho a decidir es resultado de una campaña de la derecha catalana para ocultar sus políticas regresivas es no entender lo que ha estado ocurriendo en Catalunya y en España. No hay duda de que el gobierno catalán así lo intenta. Pero el movimiento surgió mucho antes, precisamente durante el tripartito, y continuará mucho después. En realidad, el sentimiento de empoderamiento que le ha dado a la población el éxito de las manifestaciones explica que en caso de que el President de la Generalitat cediera y no convocara la consulta, quedaría desbordado por este movimiento, un movimiento que se está radicalizando, pues lo que le mueve cada vez más es cambiar Catalunya también. Y es ahí donde las izquierdas catalanas deberían presentarse como lo que son, como las auténticas defensoras de Catalunya, es decir, de las clases populares de Catalunya, mostrando la falta de credibilidad de las derechas catalanas cuando se presentan como las grandes defensoras de Catalunya, llevando a cabo políticas sumamente dañinas para esas clases populares. Pero esta labor constantemente se ve dificultada cuando las izquierdas españolas continúan estancadas en su visión españolista de España (habiendo abandonado sus raíces), dificultando la redefinición del Estado español para representar mejor a la España real. Dejar a las derechas la defensa de la soberanía de Catalunya es, llámese como se llame, un enorme error político y una renuncia a sus antepasados, pues fueron las izquierdas las que siempre lucharon en Catalunya y en España para que todas las naciones y los pueblos pudieran estar juntos voluntariamente y no por imposición. Si las izquierdas en España no dejan que la ciudadanía vote en una consulta, se disparará más y más el independentismo, alejándose del socialismo.
Un tanto parecido ocurre en España. Dejar a las derechas que se presenten como sus defensoras, monopolizando el concepto de España (que históricamente ha dañado tanto a todos los pueblos y naciones españoles), es un tremendo error, pues la España real, la España de las clases populares, de la pluralidad de naciones dentro de un Estado común, resultado de una voluntad libremente expresada por sus distintos pueblos, es la España que las izquierdas siempre defendieron. Negarlo es darle a la derecha un poder extraordinario.
Y una última petición. Los ánimos en España y en Catalunya están muy agitados y es casi imposible tener una conversación sin sarcasmos, insultos o notas ofensivas. Creo que, a lo largo de mi vida, he mostrado mi compromiso con Catalunya y con la España republicana, que heredé de mis antepasados. Defender esta postura, distinta a la ortodoxia, me ha significado una enorme avalancha de ofensas. La clara falta de cultura democrática en nuestro país hace difícil sostener puntos de vista distintos a los que se suponen oficiales. Pero invito a las izquierdas y fuerzas progresistas españolas a que consideren que hay muchas maneras de entender España, y creo que las que han sostenido los equipos dirigentes del PSOE durante muchos años dificultan el desarrollo del socialismo en aquellas partes del país que siempre fueron su granero. El federalismo que promueven tiene que estar basado en la decisión de los distintos pueblos y naciones de España sobre qué relación desean tener entre ellos. Es lo que llamaron en épocas anteriores y en sus programas autodeterminación y que ahora se llama derecho a decidir. Oponerse a este es continuar reproduciendo la visión de España que ha sido tan asfixiante para las clases populares de los distintos pueblos y naciones que ellos consideran periféricos. Así de claro.
Fuente: ALAI, América Latina en Movimiento