Para complicar el cronograma político del segundo gobierno de Bachelet, ocurrió un terremoto y un tsunami en el norte, aunque de menor magnitud y daños con respecto al 27 F. Los chilenos sabemos, en mayor o menor grado, que estos fenómenos de la naturaleza son parte de nuestra relación con la tierra en que vivimos, cuya incontrolable fuerza nos recuerda constantemente que debemos estar preparados. En esta oportunidad la actitud de las nuevas autoridades políticas permitió superar en parte las barreras burocráticas y hubo un consenso generalizado de adecuada reacción, principalmente para asumir el riesgo de las medidas preventivas que se tomaron ante el tsunami, y con respecto del orden público, se aplicó una medida calificada como “políticamente correcta”.
La costumbre nos lleva a pensar que todo lo que se hace esta correcto y que todo funciona bien, no obstante lo anterior, falta mucho por hacer y mucho que cambiar en el diseño de las políticas públicas, una constante para actuar e intervenir en al menos dos aspectos importantes.
El primer objetivo dice relación con crear una cultura sismológica basada en datos científicos y técnicos avalados por investigaciones serias, válidamente aceptadas por los organismos internacionales que permita a la población manejar criterios racionales y adecuados para actuar y prepararse ante las fuerzas de la naturaleza, en especial enseñando en las escuelas y en los espacios de encuentro de la civilidad. Lamentablemente, la liviandad de la televisión actual, que sigue un modelo de programación tipo “basura”, apoyados por rating comerciales, incentiva la creación de más “circo” para la población, exagerando a límites injustificados el dramatismo con la finalidad de conseguir expresiones o imágenes sensacionalistas que les asegure el ingresos de más “sponsor” con avisaje comercial, aun cuando ello signifique alentar falsas y grotescas opiniones de los faranduleros de turno.
Con ocasión del reciente terremoto, aparecieron una variedad de embaucadores profesionales, charlatanes, adivinos, espiritistas, magos, agoreros pagados y algunos traídos desde el extranjero para aumentar el miedo y manipular la buena fe de una parte de la población, enseñada por siglos a ser obedientes del lenguaje construido por la aristocracia chilena hace cientos de años, con el cual se explota el miedo a “fuerzas obscuras” o al castigo divino, construido hábilmente sobre una variedad de mitos y leyendas que benefician a hombres en el poder.
Algunos recordarán la vieja historia, de más de cien años del vino “Casillero del Diablo”. El fundador de la Viña Concha y Toro, en aquella época fue Melchor de Concha y Toro, el cual reservó y apartó una partida de los mejores vinos que se producían en la viña para consumo personal y el de sus amigos. Al poco tiempo se dio cuenta que algunas de sus botellas empezaron a desaparecer. Para controlar esta pérdida, el hacendado sospechando de los trabajadores, optó por construir un espacio sellado, apartado y de escasa iluminación donde ordenó guardar el vino de mayor calidad. Junto con ello, difundió el rumor de que en dicho lugar “habitaba” el “Diablo”, a la usanza de los cuentos populares de la época en los que la figura del demonio era muy recurrente. Se cuenta además que para evitar el robo de los afuerinos, por la noche soltaban un toro negro, bravo con la particularidad que este animal ante la oscuridad y al oír algún ruido, embestía rápidamente a quien osara invadir el predio, asustando a los ladrones. Chile tiene muchas leyendas como estas, y otras que se han modernizado para ponerlas a la altura de la mayor educación que tienen las nuevas generaciones, como es la política del terror.
El otro aspecto que Chile requiere cambiar es el sesgo que se han adoptado como norma en las soluciones de cómo actuar frente a las emergencias civiles, basadas en un protocolo que militariza la solución y cuya primera señal fue la confirmación del ex general Ricardo Toro como Director de la Onemi, con nula empatía comunicacional. Junto con ello, se confirma como estándar el “principio van Rysselberghe” del 2010, que significa en actuar inmediatamente sacando tropas armadas a las calles y controlar el miedo visceral de las personas por los terremotos cambiándolo por el miedo a las armas. Las conductas descontroladas de la población, ante un irrenunciable terror por los desastres naturales, gatilla en las personas una variedad de reacciones, partiendo por el instinto de supervivencia que hace lo suyo, reforzado por el aprendizaje de anteriores situaciones, en que una vez pasado el susto, la gente sabe que quedará abandonada a las fuerzas del mercado y de los depredadores que abusarán de su desesperación por bienes para reparar daños de todo tipo. Ya subieron las acciones de Cementos.
Una parte importante de las muertes son producto de infartos al corazón como consecuencia del terror ante la ocurrencia de la intempestiva fuerza de la naturaleza, que se une a la parafernalia de sirenas que no se sabe qué significan. Pero, si además de aquello, debemos agregar las muertes que puedan ocurrir por balas disparadas indiscriminadamente contra cualquier civil que sea visto en situación sospechosa de búsqueda de alimentos o productos básicos, como ocurrió en Concepción para el 2010, se aumenta el dolor y la desgracia humana sin resolver el problema de fondo que es la inseguridad y de cómo actuar para contener a las personas.
Los chilenos hemos ido perdiendo décadas tras décadas el sentido de la solidaridad, de la colaboración, salvo casos aislados, producto de un modelo económico que privilegia en todos los ámbitos imaginables, las relaciones asociadas a la ganancia fácil o al oportunismo comercial ante una emergencia. Este fenómeno se apreció también en el norte, botellas de agua a $ 6.000, el kilo de pan a $ 3.500, con la población aterrorizada pagando tarifas desmedidas a trasportistas para que los trasladara a las zonas seguras. Son datos que nos entregan señales inequívocas de una sociedad anormal y que a pesar de su reiterada ocurrencia, no las convierte en “costumbres sana”. No estamos habituados a vivir una intervención escalonada de recursos propios de una gestión social civil, que actúe para acoger a las personas con suficiente autonomía en las regiones, sobre la base de grupos humanos adiestrados y capacitados para liderar y organizar a la población en los barrios, las juntas vecinales, los centros sociales, en todos los espacios de convivencia social, para que entreguen información oportuna a través de una comunicación expedita y en tiempo real con las autoridades, que les aseguré la asistencia de elementos vitales.
Probablemente, las razones de por qué no surgen soluciones basadas en estructuras que organicen a los civiles, las podamos encontrar asociadas al mismo estándar aplicado por las elites y los grupos de poder político, de resistencia a la sindicalización, el cooperativismo o las organizaciones sociales. Empoderar civiles aún para una experiencia de ayuda humanitaria, suelta el demonio de la sospecha en los grupos de poder de organizar a la civilidad, cualquiera sea el objetivo buscado, por lo tanto, seguirán utilizando un modelo que implica sacar los militares, esperar la llegada de la Presidenta de la República, los ministros, subsecretarios, etc., luego esperar su regreso a Santiago para que se ordenen el envío de auxilio básico, que puede ser de vida o muerte para la gente.
Algunos podrían argumentar con cierta razón que una estructura civil de contención, no podría garantizar la seguridad personal ante el vandalismo, el saqueo y las conductas delictivas. Muy por el contrario, existen muchos casos de gran solidaridad entre personas que han resuelto casos de desorden sin intervención de la autoridad, porque debemos entender que la mayoría de la población no es delincuencial ni son saqueadores. El problema es el miedo que requiere acompañamiento humano para asistir conductas en estado de pánico desbocado, mediante una organización que esté en constante comunicación con las autoridades por medio de los modernos sistemas digitales para disponer de los recursos materiales o el tipo de auxilio requerido, e incluso para ofrecer voluntarios capacitados para ir a lugares cercanos o aislados.
El recursos de la fuerza policial y militar siempre debe ser acotado a los espacios donde surja el lumpen, saqueos o el delito, pero aquello no puede ser impedimento que excluya a la organización civil para atender a la población, sin perjuicio de la activa participación del equipamiento de la fuerza militar, en conjunto con los organizadores civiles, para trasladar personas, distribución de materiales y todo lo necesario para enfrentar las emergencias. Debemos pensar en un modelo de gestión social que conecte a todas las personas con su núcleo de ayuda inmediata y simultáneamente con la autoridad, una civilidad organizada mejora la democracia, destraba el individualismo exacerbado que corroe la convivencia social actual y ayuda al dialogo entre las personas.
Después del logro político de la derecha para condenar judicial y políticamente al gobierno saliente de Bachelet por el terremoto del año 2010, por no sacar inmediatamente las tropas a la calle, quedó claro el énfasis de la derecha por proteger en primer lugar los bienes privados y su nulo interés en resolver el descontrol emocional de la gente. Se vuelve al simbolismo que, los militares son la solución y no la organización civil de las personas y su autoridades para tranquilizarlas, evitando el dramatismo que le imprimen los canales de TV.
Infringir miedo es un estándar en Chile, muy antiguo, un nuevo ejemplo ya se empieza a ver en la campaña del terror por la reforma tributaria. Las inversiones caerán y sumirán al país en la miseria total dice la derecha, caerán bolas de fuego desde el cielo. Para responder eso quiero citar solo las palabras del economista Julián Alcayaga de Febrero de este año, quien escribió lo siguiente, “Según un informe entregado al Senado por el Servicio de Impuestos Internos en el año 2003, hasta esa fecha, sólo una minera extranjera había pagado algo de impuesto a la renta en Chile. Las otras no habían pagado UN SOLO PESO de impuesto a la renta. Peor aún, tenían pérdidas tributarias acumuladas de US$ 2.700 millones, deducibles de futuras ganancias, lo que quiere decir que la mayor parte de estas mineras continuarían sin pagar impuesto a la renta los años 2004, 2005, 2006, hasta que desaparecieran esas pérdidas acumuladas.
Sin contar el oro, la plata, molibdeno y otros subproductos, en el periodo 1990-2003, las mineras extranjeras se llevaron de Chile alrededor de 30 millones de toneladas de cobre, que al precio promedio del año 2013 (US$ 3,32 la libra), arrojan la asombrosa suma de US$ 220.000 millones. En todo ese periodo solo una minera tributó (apenas US$ 1.145 millones), pero entre todas se llevaron US$ 220.000 millones de dólares desde Chile: un robo con alevosía y premeditación de nuestro cobre”, entonces, hablemos del “Casillero del Diablo”, militarización, civilidad e inversiones.
Mario Briones R.