En su artículo del pasado 2 de abril en el New York Times, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señalaba que “el gobierno de los Estados Unidos apoyó el golpe de Estado (en su país) en 2002 y reconoció al gobierno de facto, a pesar de su carácter antidemocrático”. Maduro también condena que la administración Obama esté destinando cinco millones de dólares anuales para dar apoyo a movimientos opositores en Venezuela, además de una petición de quince millones más que está ahora depositada en el Congreso estadounidense, junto con propuestas de imponer sanciones a su nación.
En efecto, al revisar las actas del Senado de los Estados Unidos se puede observar que, en menos de un mes, las condenas al gobierno de Venezuela han sido un punto de apasionada y entusiasta atención por los funcionarios electos. Aunque, siendo precisos, la cosa es mucho más seria y grave.
El 19 de febrero de 2014, el senador Robert Menéndez (Nueva Jersey, demócrata, hijo de cubanos) propuso al Senado de Estados Unidos formalizar una declaración rechazando que Venezuela “esté gobernada por el miedo, la violencia y la venganza política”. Al igual que un funcionario importante del Departamento de Estado, se pronunció contra el “injusto encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López y la persecución política continua a María Corina Machado, Carlos Vecchio y otros miembros de la oposición”. Menéndez, muy afectado, dice: “Estados Unidos no va a mirar para otro lado mientras las aspiraciones democráticas de los venezolanos son pisoteadas con saña”.
Apenas dos días después, el senador Ted Cruz (Texas, republicano, hijo de cubano) afirmó que Venezuela “puede y debe ser próspera” y que “Nicolás Maduro está tomando las jugadas de Castro para oprimir violentamente a los venezolanos que están exigiendo un fin a su gobierno desastroso”. Propuso tomar una resolución para instar a la OEA a enviar una delegación e investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos del régimen de Maduro, además de “presionar con fuerza la liberación inmediata e incondicional” de Leopoldo López.
Posteriormente, en las jornadas del 26 y 27 de febrero, el senador Bob Casey (Pensilvania, demócrata, graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de América), insistió en el tema, mientras Cruz y Menéndez volvieron por sus fueros.
Casey manifestó estar seriamente “preocupado por la violencia en curso en Venezuela y el uso de la fuerza y la intimidación por parte del gobierno”, reclamando que el “Presidente Maduro debe liberar los dirigentes opositores detenidos, los manifestantes y estudiantes, y permitir a los medios el acceso sin restricciones”. Casey proclamó también su “apoyo a que el pueblo se exprese”.
Menéndez, por su parte, condenó el “apresamiento injusto” de Leopoldo López, a la vez que exigió “plena rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos” y manifestó su apoyo “al derecho del pueblo venezolano al ejercicio libre y pacífico de la democracia representativa”. Para que quedara suficientemente claro, el senador Menéndez instó al Presidente Barack Obama a “imponer inmediatamente sanciones específicas, entre ellas la prohibición de visados y la congelación de activos”.
Ted Cruz fue más allá. Resaltó “la participación de Cuba comunista en la brutal represión de los manifestantes”, afirmando que “Venezuela y Cuba participan en una relación mutuamente parasitaria, en la cual Venezuela exporta petróleo a Cuba” e importa de dicho país “el aparato represivo de un Estado policial que Raúl y Fidel Castro han cultivado cuidadosamente”. Más adelante puntualizó: “Es un círculo vicioso que hay que romper”. Su propuesta es clara: una resolución de salvación de Venezuela, sancionar a Irán y “matar de hambre a los Castro”.
En marzo continuó la guerra. El día 5, el senador Bill Nelson (Florida, nacido en Miami, demócrata, veterano político, ex capitán de la reserva y tripulante del transbordador espacial Columbia en 1986) lamentó que “prestemos mucha atención cuando las situaciones de producen lejos” pero al parecer no sucede lo mismo cuando está pasando “con uno de nuestros vecinos inmediatos”. Siendo así, propuso directa y frontalmente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleve a cabo “una investigación sobre la represión del gobierno venezolano” en favor de los “manifestantes que se oponen a la delincuencia continua, la corrupción y la censura”, lo cual, a su juicio, son “restos de la Era Hugo Chávez”.
Cuarenta y ocho horas más tarde, Ted Cruz retomó la iniciativa, haciendo énfasis en la “importancia de fomentar las democracias de todo el mundo” y protestando por las “brutales tácticas de matones” del gobierno venezolano. En todo caso, para Cruz, el “aspecto más lamentable” es “la ausencia casi total de la administración de Obama en el debate”. Considerando esto, propuso una resolución “animando a los hombre de negocios y legisladores” a “trabajar con el país para el desarrollo de sus recursos”. Según la propuesta de Cruz, “la industria de la energía estadounidense podría ayudar a Venezuela a seguir siendo capitalista” mediante “un acuerdo de libre comercio”.
Pocos días después, los senadores Marco Rubio (Florida, republicano, nacido en Miami, hijo de cubanos) y Timothy “Tim” Kaine (Virginia, demócrata, ex presidente del Comité Nacional Demócrata) se dieron a la tarea de proponer que se deplore “la violenta represión de manifestantes pacíficos en Venezuela” y declararse en contra de “la farsa que es la resolución de la OEA sobre Venezuela”, señalando que la misma “esencialmente se pone del lado de Nicolás Maduro”. Para Rubio, “dada la falta de voluntad del gobierno de Obama para hacer algo cuando se trata de Venezuela y el Hemisferio”, no queda otra opción que poner el Congreso a dirigir las acciones.
Ante estas evidencias, fácilmente comprobables por cualquier ciudadano que acceda al sitio de internet del Senado de Estados Unidos, causa impresión el grado de involucramiento de tan altos funcionarios en asuntos internos de una nación soberana e independiente. Sería difícil encontrar otro Estado en el mundo cuyas autoridades electas o designadas tengan el poder de injerencia que se asignan las norteamericanas.
Causa impresión también ver, bien entrado ya el siglo XXI, el grado de apasionamiento e ideologización con que maneja sus relaciones internacionales el Estado más poderoso de la Tierra, equipado con armas nucleares capaces de destruir 3.500 veces el planeta. Los países latinoamericanos tienen legítimo derecho a sospechar y temer del uso de una retórica semejante cuando los intereses estadounidenses están en juego. Para ejemplo baste recordar que en 1965, para justificar la invasión en Santo Domingo en pos de la defensa de la “democracia representativa”, la “paz” y los “derechos humanos”, el Presidente Lyndon B. Johnson llegó a decir que los rebeldes dominicanos eran comunistas que marchaban con cabezas cortadas ensartadas en lanzas.
¿Habrá posibilidades de paz en Venezuela si además de las acciones que el Presidente Maduro denuncia, se puede observar que, en apenas veintiún días, seis senadores estadounidenses la emprendieron de manera sistemática, reiterada y radical contra el gobierno legítimo de ese país sudamericano? Vale subrayar que de esos seis senadores, cuatro son demócratas prominentes, es decir correlegionarios del presidente Obama, y que no dudan en desafiarlo y desautorizarlo, mostrando tal vez un compromiso más firme con agendas particulares y grupales que con su responsabilidad institucional.
La dificultad que enfrenta el Presidente Maduro y las democracias latinoamericanas es cómo hacer realidad su llamado del 2 de abril “al diálogo y la diplomacia”, si mientras UNASUR y la misma OEA respaldan el cauce constitucional, el aparato político norteamericano en todos sus estamentos -desde la presidencia de la nación hasta cada instancia de representación- proclama la guerra infinita y sin cuartel, sin un mínimo chance a la paz que todos dicen reclamar y apoyar.
Matías Bosch Carcuro