31 ex prisioneros políticos torturados y sometidos a trabajos forzados en campos de concentración de Isla Dawson y Magallanes en 1973-1974 solicitan al gobierno de Michelle Bachelet que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) deje de oponerse a una sentencia judicial que reconoce la violación de sus derechos.
“Llamamos al gobierno a acatar esta sentencia de primera instancia, que es un veredicto ejemplar del estado de derecho en democracia, estableciendo así que en Chile se rechazan los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Isla Dawson”, dijeron los portavoces del grupo.
Los 31 ex presos aguardan que la Corte de Apelaciones se pronuncie en este mes de marzo sobre una apelación del CDE, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, a un fallo favorable de primera instancia, notificado el 15 de enero de 2013 por la Jueza Claudia Donoso Niemayer, titular del 18º Juzgado Civil de Santiago.
Los voceros de los demandantes Eliécer Valencia, Miguel Loguercio, Héctor Avilés y Baldovino Gómez (demanda@dawson.com) anunciaron que, a nombre de sus compañeros, están solicitando que el gobierno ordene retirar la apelación a la sentencia que les otorgó reparación por el tiempo de privación de libertad y los sufrimientos padecidos en Dawson y otras prisiones de la Patagonia.
Para las víctimas resulta urgente esta reparación porque los sobrevivientes se están muriendo debido a su edad avanzada. Cuatro de los demandantes ya fallecieron esperando el fallo de primera instancia de la jueza Donoso Niemayer, que tardó 5 años y fue apelado de inmediato por el CDE.
La jueza Donoso Niemayer les otorgó una “acción indemnizatoria” concebida como reparación al daño moral, el sufrimiento y las graves violaciones a sus derechos humanos padecidos cuando fueron victimados por la dictadura cívico-militar 1973-2000 que estableció los campos de concentración y trabajos forzados en Isla Dawson y en el sur de la Patagonia chilena.
La sentencia dictaminó que los DDHH “son inherentes al ser humano durante toda la existencia de éste” y ratifica la “imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad”, visión de la magistrada que los demandantes estiman “concordante con el Programa de DDHH del Gobierno que encabeza la Presidenta Bachelet”.
El CDE apeló a esta sentencia durante la administración del ex Presidente Piñera y, por consiguiente, la causa podría tratarse durante este mes de marzo de 2014 en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Los demandantes tratan de sensibilizar al actual gobierno de la Nueva Mayoría, a las organizaciones de DDHH, el cuerpo legislativo, los partidos políticos y las organizaciones eclesiásticas para que exijan respeto y acatamiento de este fallo judicial que acoge la reparación a las víctimas de los delitos de lesa humanidad en esta causa de ex prisioneros de Isla Dawson.
Mapocho Press