La actual casta política, en general, se caracteriza por la hipocresía y el uso de eufemismos, muy útiles para falsificar la verdad: aquello que los concertacionistas denominan “desprolijidad”, no es más que el aprovechamiento de los cargos fiscales, sumado al nombramiento de personas con pasado más que turbio, respecto a la probidad y transparencia. Por cierto, ya no se habla de los operadores políticos – al menos explícitamente – que llevaban el maletín a los marqueses de la política y andaban como las moscas, pegados al trasero del caballo, sino que se reemplaza por “honestos dueños del poder”, que tan sólo cometen errores y desprolijidades.
Dentro de los casi quinientos cargos que la Presidenta-monarca nombra a su amaño, con la complicidad directa de los partidos políticos que la apoyan, estoy seguro de que épocas menos reciente los gobernadores y los seremis hubieran pasado “piola” – nadie sabe con certeza qué función cumplen los gobernadores, al parecer, deben dirigir, en nombre del presidente de la república, una provincia; personalmente, apoyaría su eliminación, de cuajo – y, tanto los unos como los otros debieran, mientras no se eliminen estos “asistentes” del Presidente de turno, debieran, debieran ser sólo preocupación de los habitantes concernidos.
Afortunadamente, Chile cambió: dejó de ser un país de borregos para convertirse en una sociedad de ciudadanos que levanten su voz y exigen transparencia. A partir de 2011 se hizo más evidente el despertar de la sociedad civil y de las distintas organizaciones sociales debido, fundamentalmente, a los estudiantes.
Por desgracia, este verdadero terremoto social no pudo lograr la expulsión del poder de los pillines de las dos fracciones del duopolio que han se repartido, durante todo el período de la transición a la democracia, los numerosos de cargos de poder que componen los aparatos burocráticos chilenos, incluido el Parlamento.
Si bien la derecha robó mucho más, la Concertación lo hace mal, y temo que la Nueva Mayoría está navegando en esa misma dirección. Por suerte, hasta ahora, una ciudadanía cada vez digna y atenta, no le permite a Michelle Bachelet, ni a sus pillines jefes de partido, disponer a su antojo de los nombramientos, sin considerar los turbios currículos de los personajes digitados.
Tanto Guido Girardi como Mahmud Aleuy han tenido una carrera funcionaria como expertos operadores políticos; si alguien investigara un arquetipo ideal de esta “profesión”, le bastaría con estudiar la hoja de vida de estos dos líderes y de otros que los secundan. El subsecretario del Interior que desde la Izquierda Cristiana pasó a integrar las filas del Partido Socialista, siempre estuvo en la Nueva Izquierda, dirigida por el ahora repudiado Camilo Escalona – podría decirse que Aleuy fue su operador político, y se le culpa de la mala selección de funcionarios poco transparentes que, con razón, ha provocado la indignación de la opinión pública.
Que durante todo el gobierno de Piñera los funcionarios de su confianza hayan mezclado los negocios con la política, y no hayan sido condenados lo suficiente por parte de la ciudadanía, no quiere decir que a la Concertación se le perdone el mismo tipo amoralidad de la cual hizo gala la derecha.
Aun cuando sea ad honorem, pienso que no ha sido muy inteligente el nombramiento de Sebastián Ávalos como “primer damo”, que se prestará, además, de hazmerreír para acusaciones de nepotismo. Ya, en este corrupto país, el ex Presidente Piñera, había nombrado a su primo y a su hija en cargos claves del gobierno.
Los cuatro gobernadores, dados de baja por la misma Presidenta, Claudia Placencio, de Chiloé, Cristián Fernández, Ñuble, Salvador Delgadillo, de Santiago y Hernán Vargas, de Antofagasta, han cometido faltas, algunos de extrema gravedad, como la ahora ex gobernadora de Chiloé, que no dudó en engañar a la fe pública, al aparecer como indigente en la Ficha de Protección Social, aprovechándose así de la ayuda que, en justicia, correspondía a los más pobres; el gobernador de Ñuble, fue acusado de malversación de fondos, cuando fue alcalde de San Fabián de Alico; el de Antofagasta, Hernán Vargas, por haberse aprovechado de los beneficios de la Comisión Valech, sin tener la calidad de exonerado político; a Salvador Delgadillo, por una querella por parte del Consejo de Defensa del Estado, por malversación de fondos públicos.
El gobierno de la Nueva Mayoría empieza mal en los temas ligados a la transparencia y probidad, esperemos que no le gane a sus predecesores de la Concertación y la Alianza.
Rafael Luis Gumucio Rivas
19/03/2014