330 atentados contra periodistas y medios de información –en promedio, casi uno por día- fueron documentados por el Informe 2013 de la ONG Artículo 19, difundido ayer en la capital azteca. El 53% de las agresiones perpetradas por autores identificados corresponden a funcionarios públicos.
“De 330 agresiones totales, en 274 fue posible identificar al perpetrador del acto de violencia en contra del periodista”, aseguró el informe. “En 146 de ellas el perpetrador fue un funcionario público; en 49 se trató de una organización social; en 39, del crimen organizado; en 30, de un particular; y en 10, de un partido político”.
2013 fue el año más violento para el periodismo desde 2007, con asesinatos (4), secuestros y desapariciones forzadas, golpes, amenazas y ataques a medios de comunicación, reportó la ONG. En 286 casos de agresiones a periodistas a causa de su trabajo, el 20% de las víctimas fueron mujeres. El reporte acusa un incremento de 59% de atentados documentados, con 123 casos más que en el año precedente.
Entre los 286 profesionales agredidos, 124 fueron reporteras o reporteros, 116 periodistas audiovisuales, 30 directivos, 4 columnistas, 4 empleados no editoriales del medio, 3 caricaturistas, 2 escritores, 1 documentalista, 1 estudiante y 1 persona cuyo cargo no pudo establecerse.
39 medios de comunicación fueron blanco de ataques a sus instalaciones. Lo revelador para Artículo 19 es la concentración geográfica de estas agresiones: 64% del total ocurrieron sólo en 4 estados: 14 ataques en Coahuila; 5 en Quintana Roo; 5 en Durango; y 4 en Veracruz.
La ONG también está en la mira
La vivienda de Darío Ramírez, director de Artículo 19, fue asaltada hace escasos días, el domingo 16 de marzo. Los asaltantes robaron documentos de trabajo, computadora y objetos de valor. Y hay más antecedentes para vincular este robo con el trabajo de la ONG: hace un mes hostigaron al equipo y en abril de 2013 llegó una amenaza explícita a las oficinas de la organización. “No podemos pensar que [el robo] es un hecho aislado de delincuencia común”, dijo Ramírez.
Cuatro periodistas fueron asesinados el año pasado. En sólo tres casos, se pudo comprobar que bandas del crimen organizado estuvieron detrás de los homicidios. “Las agresiones se concentran a manos de autoridades gubernamentales, pero los homicidios claramente ocurren a manos del crimen organizado. De los 50 periodistas asesinados desde 2007; en 29 casos no se identificó al perpetrador, en 20 casos se trató del crimen organizado, y en un caso se trató de un funcionario público”, plantea la organización.
Las cifras de asesinatos de Artículo 16 difieren de los datos proporcionados por las organizaciones gremiales locales (Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, Fapermex; Club Primera Plana y Federación Latinoamericana de Periodistas, Felap-México), quienes reportaron 8 asesinatos y 2 desapariciones forzadas de periodistas y trabajadores de prensa, incluyendo a un trabajador no identificado del diario El Siglo de Torreón, estado Coahuila, cuya identidad no fue revelada a pedido de sus familiares.
Pese a que las agresiones están concentradas en Veracruz, Tamaulipas, Chiahuahua y Coahuila, Artículo 19 destaca que se extienden al Distrito Federal por 34 casos de agresiones -la cifra más alta desde 2007- perpetradas por autoridades locales contra periodistas que cubrían manifestaciones el 1 de septiembre, 2 de octubre y 1 de diciembre 2013.
El informe critica la eficacia del Mecanismo de Protección para Personas Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (ministerio del Interior), al comprobar que el único periodista que se acercó a solicitar apoyo se encuentra en precaria situación de seguridad personal.
El informe completo de Artículo 19 puede verse en esta dirección:
http://es.scribd.com/doc/213094135/ART19-informe-2013-1-0