La derogación de la llamada justicia universal en España está hoy a prueba con la negativa de un juez a cerrar el caso por asesinato en Irak del camarógrafo José Couso, en medio de una aguda polémica.
Couso murió en abril de 2003 en Bagdad por los disparos de un carro de combate estadounidense contra el hotel Palestine, donde se hallaba un grupo de periodistas.
Pero el pasado febrero, el Congreso de Diputados aprobó con los votos en solitario del gobernante Partido Popular (PP) una reforma que restringió las condiciones en las que la justicia española puede investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional.
Sin embargo, el juez Santiago Pedraz se negó a cerrar el proceso porque incumpliría el Convenio de Ginebra sobre protección de civiles en la guerra, ratificado por España, y mantuvo la imputación contra el teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson.
El jurista aclaró que actúa con la aplicación plena del principio de legalidad y su actitud no puede ser caracterizada de rebelión corporativa, ni desacato.
En un seminario dedicado al tema hoy en el Congreso de Diputados, el portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Justicia del Congreso, Gaspar Llamazares, aseguró que la reforma atenta contra el Derecho Internacional.
Al mismo tiempo valoró positivamente la decisión del juez Pedraz pues -dijo- la reforma pretende acabar con la justicia penal internacional y la colaboración con otras jurisdicciones, como el caso de los crímenes del franquismo instruidos en Argentina.
Por su parte, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltazar Garzón consideró la iniciativa del PP una de las mayores agresiones legales a las víctimas y calificó de mentira legal el texto de la ley que viola, expresó, convenios sobre genocidios y torturas.
De otro lado el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, definió como extravagante la negativa a cerrar el caso de Couso y de pintoresca la advertencia de Garzón, quien consideró se podría juzgar a los parlamentarios que aprobaron la reforma.
Garzón acusa a los diputados y senadores del PP de invadir el ámbito del poder judicial y anular la separación de poderes, usurpación para la cual, recordó, el Código Penal contempla penas de cárcel y 12 años de inhabilitación.