El retiro de la ley Monsanto de privatización de la semilla campesina por el gobierno, significa un doble triunfo ciudadano: Chile continuará sin adherir al convenio UPOV 91 y las organizaciones opositoras al proyecto trabajaremos por nuestra propuesta alternativa, que busca fortalecer la producción agroecológica y la agricultura familiar campesina.
El amplio movimiento generado en el campo y la ciudad contra la Ley Monsanto y en defensa de semillas libres de patentes, transgénicos y plaguicidas, forzó a la Presidenta Bachelet y su coalición de gobierno a anunciar ayer 17 de marzo el retiro de este proyecto, enviado al parlamento en 2009 por la propia presidenta.
La iniciativa (Ley de Obtentores Vegetales), combatida entre otros por la Campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, RAP-Chile, ANAMURI, y diversas organizaciones y personas, entregaba a transnacionales como Monsanto, Syngenta, Pioneer/Dupont y Bayer, productoras de semillas híbridas y transgénicas , amplias garantías a costa de los derechos de los campesinos y campesinas y del patrimonio genético del país. Masivas movilizaciones en ciudades y localidades, intercambios de semillas, y un inédito y creativo bombardeo virtual de redes sociales con listas “verdes y rojas” de parlamentarios; velatones, ferias orgánicas, foros ciudadanos, e intervenciones en las sesiones de la comisión de agricultura de ambas cámaras, estuvieron entre las actividades desplegadas. Agradecemos y valoramos todas y cada una de estas expresiones del amor de nuestra gente por la semilla y por los alimentos sanos.
La ex senadora Ximena Rincón, actual ministra secretaria general de gobierno, encabezó en el Senado la oposición a este proyecto de ley. A medida que los ciudadanos comenzamos a ejercer vigilancia sobre la postura de los senadores, una mayoría de legisladores se informó y se unió a quienes se opusieron tempranamente a la ley, como Rincón y los senadores José Antonio Gómez, Alejandro Navarro, Jorge Pizarro y Jaime Quintana. En 2013 Michelle Bachelet, interpelada por Tierra Nueva en Limache y en Temuco por la Red de Semillas Libres del Wallmapu, reconoció que la iniciativa impactaba negativamente en la soberanía alimentaria y la biodiversidad; y en sus regiones, los senadores Eugenio Tuma y Juan Pablo Letelier se manifestaron contra la Ley Monsanto.
La defensa de la semilla
Las guardadoras de semillas, productores como BioBio Orgánico, las mujeres campesinas e indígenas, los agricultores biodinámicos, junto a organizaciones socio-ambientales y consumidores interesados en optar por alimentos sanos y seguros, formaron el corazón del movimiento de defensa de la semilla. Partimos hace seis años en un contexto de generalizada desinformación sobre los riesgos planteados por esta iniciativa, y sobre el rol monopólico de la transnacional Monsanto que desarrollaba un intenso pero secreto lobby por el convenio UPOV 91. Ese convenio no nació al alero de Naciones Unidas, es un convenio ideado por privados, obtentores con respaldo de gobiernos de diversos países del mundo y se actualiza periódicamente para generar mayores ganancias a estas empresas. Hicimos ver que varios de los países que registran sus semillas híbridas en Chile, tales como Nueva Zelanda y Holanda no están adscritos al UPOV 91 y tampoco lo están países que valoran altamente su patrimonio genético como Brasil, Perú y China, por lo que es innecesario firmar la actualización del año 1991 (UPOV 91) de ese convenio.
En los últimos años se redescubrió en Chile y en el mundo el valor de la agricultura familiar campesina, y de la agroecología como alternativas reales para enfrentar problemas como el cambio climático, y la necesidad de contar con más y mejores alimentos para la población. Agua, tierra y semillas son componentes esenciales para lograr la soberanía alimentaria, objetivo perseguido por la campaña YNQT en Chile, entendido como el derecho de todos y todas a decidir libremente sobre los alimentos que cultivemos, compremos y cocinemos, tomando en cuenta nuestra cultura tradicional y sin que esto quede en manos de las transnacionales que monopolizan el comercio de la semilla.
La organización Yo no quiero transgénicos en Chile señaló que una nueva Ley de Semillas que remplace al proyecto que logramos abortar, y que nos permita avanzar hacia la soberanía alimentaria, debe incorporar entre sus contenidos el establecimiento de programas de producción y distribución de semillas campesinas locales, y la no interferencia en los intercambios de semillas entre comunidades y organizaciones, permitiendo la comercialización de semillas locales y reconociendo el rol y autonomía de las comunidades locales en la recuperación de semillas tradicionales para el campo y los huertos urbanos.
Agregó que “Nuestras propuestas irán además en el sentido de apoyar la moratoria a los cultivos transgénicos como forma de protección de la biodiversidad y del etiquetado de los alimentos con transgénicos, que consagra el derecho de los consumidores a optar por alimentos sanos. Nos proponemos también lograr eliminar del registro de SAG los plaguicidas altamente peligrosos (PAP) y dañinos para las abejas, y apoyar en cada Región de Chile la creación de ferias locales y poderes de compra de los organismos del Estado, tales como hospitales y escuelas, para permitir el abastecimiento de la población con alimentos agroecológicos producidos en forma sana y sin agrotóxicos”.
“Celebramos el retiro de esta Ley uniéndonos a las movilizaciones que se desarrollarán el sábado 22 de marzo Día Mundial del Agua en el país, camino a la marcha del 26 de Abril en Santiago, porque para ejercer la soberanía alimentaria tenemos que recuperar el derecho al agua, la tierra y la semilla”.