Washington D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por los graves hechos de violencia registrados en el contexto de manifestaciones que han tenido lugar en Venezuela, así como otras denuncias relacionadas con actos de censura en contra de medios de comunicación, agresiones en contra de organizaciones defensoras de derechos humanos y hechos de alegada persecución política.
La Comisión ha recibido y recabado información preocupante sobre los hechos ocurridos durante las marchas llevadas a cabo el 12 de febrero en Venezuela, tanto de autoridades del Gobierno Venezolano como de organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, la CIDH ha tomado conocimiento sobre los enfrentamientos violentos ocurridos durante las manifestaciones, en particular, las denuncias sobre supuestos ataques de grupos civiles armados en contra de los manifestantes, así como el alegado uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado.
De acuerdo a cifras ofrecidas por la Fiscal General de la República, un total de 66 personas habrían resultado heridas en las protestas a nivel nacional. De acuerdo a cifras oficiales, en Caracas tres personas habrían fallecido por heridas de arma de fuego y 69 personas también habrían sido detenidas. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han informado que esta cifra ascendería a más de 100 personas detenidas durante las manifestaciones en todo el país, y que en algunos casos las personas fueron trasladadas a destacamentos militares y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), se habrían mantenido incomunicadas y no se les habría permitido contacto inicial con sus abogados y familiares.
En este contexto, la CIDH también fue informada sobre la supuesta retención de Inti Rodríguez, Coordinador de Medios de la organización no gubernamental (PROVEA), en horas de la noche del mismo 12 de febrero por supuestos funcionarios del SEBIN. De acuerdo a lo denunciado por PROVEA, el señor Rodríguez habría sido trasladado a un sitio desconocido al Oeste de Caracas, donde habría sido golpeado por personas uniformadas de negro, quienes le habrían interrogado sobre sus actividades dentro de la organización y le habrían amenazado de muerte a él y a su familia. Luego de aproximadamente dos horas, el señor Rodríguez habría sido liberado, tras ser despojado de sus pertenencias y ser amenazado de no presentar una denuncia por estos hechos.
La Comisión también ha recibido información sobre un supuesto bloqueo informativo a medios de comunicación en Venezuela durante el desarrollo de estas manifestaciones y el cubrimiento noticioso que venían haciendo de las mismas. En particular, de acuerdo a información de público conocimiento, se habría sacado del aire la señal del canal colombiano de noticias NTN24, transmitido en Venezuela en la televisión por cable, mientras informaba sobre lo ocurrido durante las protestas.
Asimismo, durante la jornada de protestas, el Directorio de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), emitió un comunicado oficial mediante el cual advirtió que la cobertura mediática de los hechos de violencia registrados, “por parte de ciertos prestadores de servicios privados, nacionales y regionales, tanto en radio, televisión y medios electrónicos”, podía constituir violaciones a la Ley de responsabilidad Social en radio y televisión lo cual podría acarrear penas y sanciones.
En ese sentido, la Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión reiteran su preocupación por la reducción de los espacios de debate público y que en esta coyuntura se configure la salida intempestiva de un canal y la persistente amenaza de sanción a los medios de comunicación por parte de las autoridades, por la cobertura de noticias relacionadas con denuncias o consideraciones sobre la situación del país. Ello se traduce en una falta de garantías para ejercer el derecho a la libertad de expresión de forma libre e independiente y con apego a las garantías consagradas en los instrumentos internacionales de los cuales Venezuela es parte.
La CIDH observa también que estos hechos ocurren en un contexto en el cual algunas autoridades venezolanas han hecho declaraciones públicas estigmatizantes y de descalificación en contra de distintos grupos de la sociedad civil que son identificados como de oposición. La Comisión reitera asimismo, que expresiones de intolerancia política de la autoridad estatal, no solo son contrarias a la plena vigencia de los derechos humanos, sino que además pueden ubicar a un sector de la población en una posición de mayor vulnerabilidad y riesgo ante posibles ataques de distinta naturaleza.
Adicionalmente, la Comisión tiene presente que de acuerdo a información de público conocimiento, se continuarían registrando protestas y otros hechos de violencia en el país. En este contexto, continuarían las denuncias sobre personas detenidas en el marco de estas manifestaciones.
La Comisión insta al Estado venezolano a adoptar de manera urgente todas las medidas que sean necesarias a fin de garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y la seguridad, así como los derechos políticos, el derecho de reunión y los derechos a la libertad de asociación y libertad de expresión de todas las personas bajo su jurisdicción. Esto incluye la obligación de las autoridades, en particular las encargadas del orden público y la seguridad interior, de tomar medidas operativas para proteger a las personas, cuya vida e integridad esté en riesgo por hechos de violencia a manos de otros individuos, y para prevenir la repetición de situaciones que produzcan hechos de violencia.
La Comisión llama al Estado a iniciar investigaciones sobre los hechos reportados, así como a reforzar todas aquellas acciones que garanticen que las investigaciones iniciadas se realicen de forma diligente e imparcial, y se establezcan las responsabilidades a que haya lugar.
Asimismo, y a fin de contribuir a la no repetición de estos hechos, la CIDH hace un llamado a rechazar cualquier forma de violencia y promover un proceso de diálogo para la búsqueda de una solución que respete los derechos humanos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.