Desde hace meses se viene debatiendo en torno a la urgencia –o no– de contar con una nueva Constitución, que tenga plena legitimidad de origen, que sea elaborada con amplia participación, que reemplace a la que hoy día nos rige, heredada de Pinochet y Jaime Guzmán. Esta propuesta ya formó parte de los programas de gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami en 2009, sin que se haya avanzado bajo el gobierno de derecha.
El mecanismo –Asamblea Constituyente u otro– ha centralizado el debate, provocando, la sola idea de Asamblea Constituyente, el pánico en muchos políticos. Tanto que poco se ha debatido en torno a los contenidos que debería incluir. Sin embargo, Eduardo Frei Montalva, ya en Agosto de 1980, había propuesto ese camino para contar con una Constitución democrática, obteniendo la aclamación de muchos de los temerosos de hoy.
Al abordar el debate sustantivo, de contenidos, sin duda las mujeres somos las más interesadas en cambiar la Constitución. La que nos rige, no sólo adolece de legitimidad de origen, define un rol subsidiario al Estado frente al mercado, no reconoce derechos sociales y reconoce y garantiza precariamente otros, privilegia la propiedad privada y el lucro por sobre la función social de la actividad económica y los recursos naturales, etc., sino que consagra y reproduce un orden patriarcal que subordina y disciplina a las mujeres para los intereses de terceros y no reconoce aquellos derechos humanos comprometidos por el Estado de Chile en diversas Convenciones, pactos internacionales y Protocolos del Sistema de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA). Redactada y concebida en masculino, todas las instituciones que construye no hacen sino favorecer una división sexual del trabajo que niega la autonomía y la libertad de las mujeres para desarrollar sus proyectos de vida.
En los últimos 20 años se han multiplicado las Constituciones que reconocen los derechos humanos de las mujeres e incorporan catálogos de derechos de acuerdo con los avances jurídicos, sociales y culturales. Varios países lo han hecho a través de Asambleas Constituyentes que han incorporado la participación de mujeres “constituyentes” que, acompañadas por organizaciones y movimientos sociales, así como de expertas nacionales e internacionales, han logrado traducir al lenguaje constitucional esos derechos. Estos van más allá de la igualdad jurídica, comprometiendo la acción del Estado para generar condiciones que permitan la igualdad efectiva, particularmente mediante medidas a favor de los grupos discriminados o marginados.
A esto aspiramos las organizaciones feministas, no sólo a participar en la elaboración de la nueva Constitución, sino a incorporar derechos que aseguren la autonomía política, económica y física de las mujeres, con un lenguaje inclusivo, que reconozca expresamente la laicidad del Estado, la libertad de conciencia y la libertad de culto, en que el reconocimiento de la objeción de conciencia no pueda utilizarse para impedir el ejercicio de derechos de terceros reconocidos por la Constitución o las leyes.
En lo específico, queremos que la Nueva Constitución reconozca de modo explícito el “principio de igualdad material y efectiva”, que consagre los mismos derechos, libertades y oportunidades a todas las personas, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, género, etnia, origen social, idioma; religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, identidad de género; estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole; que ninguna persona pueda ser perjudicada ni favorecida a causa de estas condiciones. Al mismo tiempo, que establezca la responsabilidad de los poderes públicos en promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos, en particular de aquellas personas pertenecientes a grupos discriminados o desaventajados, sean reales y efectivas.
También queremos un reconocimiento constitucional de la “igualdad y no discriminación de género”, es decir, que consagre la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en su dimensión formal ante la ley, como en su dimensión sustancial, como señala la Convención de NN.UU. sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y que comprometa medidas de promoción de la igualdad.
Asimismo, queremos que establezca la participación política como derecho fundamental, que garantice los derechos políticos de las mujeres, en igualdad de condiciones: el derecho a ser elegidas y a ocupar cargos de elección popular, la nominación en las instancias de dirección y decisión de los poderes públicos, en los partidos políticos y en la representación del país en instancias internacionales, introduciendo criterios de paridad de representación de ambos sexos. Para ello, deberá establecer el financiamiento público de la actividad política, entendiendo la desigualdad de acceso a los recursos económicos como una de las principales barreras de entrada que enfrentan las mujeres para ejercer su ciudadanía, en particular el derecho a ser elegidas.
En el ámbito de la educación, queremos que se consagre constitucionalmente el carácter laico, no sexista e integrador de la educación pública, la que debe promover la igualdad y no discriminación.
Queremos el reconocimiento constitucional del derecho a igual remuneración entre mujeres y hombres por igual trabajo realizado, del trabajo doméstico no remunerado y de las tareas de cuidado como una labor productiva que aporta a la riqueza y bienestar social del país, aporte que deberá incluso incluirse en las cuentas públicas.
Para modificar la división sexual del trabajo, queremos que la Constitución reconozca el derecho a la corresponsabilidad en las obligaciones familiares y comprometa la acción del Estado para avanzar en la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares. Deberá reconocer la función social de la reproducción humana y el interés público que reviste.
Queremos, asimismo, que reconozca el derecho de todas las personas a constituir familia y que las relaciones familiares se basen en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común y el respeto recíproco entre sus integrantes. Junto con ello, aspiramos al reconocimiento del derecho al cuidado de toda persona, desde su nacimiento hasta su muerte, un derecho universal que conlleva la obligación de cuidarse y cuidar, frente al cual el Estado se obligue a proveer los medios para poder cuidar y garantizar que este cuidado sea realizado en condiciones de igualdad para mujeres y hombres.
Queremos que se reconozca el derecho a la seguridad social y que las políticas reconozcan las desigualdades estructurales de género en el mercado laboral y sus consecuencias para las mujeres. Asimismo, el derecho a la protección social a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar.
Queremos que la Constitución reconozca el derecho a la salud y el deber del Estado de dar atención preferente al acceso, protección y promoción de este derecho mediante políticas públicas con enfoque de género, que atiendan la salud integral de las mujeres, niñas y adolescentes, y especial consideración a las zonas aisladas, rurales y a los pueblos indígenas.
Al mismo tiempo, queremos que reconozca los derechos sexuales y reproductivos, el derecho de todas las personas a la intimidad, a la identidad sexual, la elección de la pareja, la orientación sexual y la ausencia de actividad sexual coercitiva, así como a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos e hijas, de vivir una sexualidad sana, sin riesgos para la salud, y de tener la información, educación y medios para hacerlo. Que ninguna mujer sea forzada a la maternidad.
La nueva Constitución debe garantizar el derecho a la integridad personal, el derecho de hombres y mujeres a una vida libre de violencia –física, psicológica, moral y sexual– tanto en el ámbito público como privado. Para ello, el Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia de género, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Idénticas medidas deberá adoptar contra la violencia, la esclavitud, la explotación sexual y la trata de personas.
Finalmente, aspiramos a la garantía del derecho de acceso a la justicia y protección de los derechos humanos y que el Estado establezca los mecanismos que permitan asegurar estos derechos, así como la igualdad real de mujeres y hombres.
Queremos refundar nuestro país, construir un nuevo pacto social, igualitario, democrático, participativo, incluyente, no discriminatorio, que valore la diversidad, que permita la libertad y autonomía de los sujetos, junto con la justicia social y el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas y todos.