La Justicia comenzó a juzgar las violaciones a los derechos humanos contra más de 200 personas durante la última dictadura en un juicio en el que por primera vez están acusados ex magistrados federales, además de ex militares, policías y penitenciarios.
Entre los acusados se encuentran los ex jueces en funciones durante la dictadura Rolando Carrizo, Guillermo Petra y Luis Miret; y el entonces fiscal Otilio Romano, por facilitar como partícipes civiles el plan de exterminio ejecutado por las Fuerzas Armadas, al no investigar las cientos de denuncias de detenciones y desapariciones presentadas ante los magistrados.
A su vez, por razones de salud se lo excusó de participar del debate al también ex juez Gabriel Guzzo.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1, integrado por Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade (juez de San Luis convocado para este debate) se constituyó 45 minutos más tarde de la convocatoria, y procedió a la identificación de los imputados, entre los que se encontraban presentes en la Sala de Audiencias, y a través de seis diferentes videoconferencias realizadas en distintos puntos del país.
La audilencia se inició identificando a Pablo Antonio Travis, por videoconferencia desde la Cámara de Apelaciones de Tucumán.
En la Cámara de Apelaciones de Rosario hicieron lo propio Alcides París Francisca y Dardo Migno.
En la sala de Audiencias se procedió a identificar a Guillermo Omar Petra Recabarren; Luis Francisco Miret; Miguel Angel Ponce García; Juan Carlos Ponce Ochoa; Héctor Rubén Camargo; Pablo José Gutierrez; Rubén Darío González Camargo; Julio Ernesto Lapaz Calderón; Otilio Irineo Roque Romano Ruíz; Oscar Alberto Bianchi Bartell; Armando Hipólito Guevara Manrique; Pedro Modesto Linares Pereira; Marcelo Rolando Moroy Suarez; y Miguel Angel Tello.
Entre los acusados se encuentran los ex jueces en funciones durante la dictadura Rolando Carrizo, Guillermo Petra y Luis Miret Por su parte,Juan Agustín Oyarzabal presentó un escrito de su puño y letra desde Rivadavia.
Desde la Cámara Federal de Casación Penal en la Ciudad de Buenos Aires, lo hicieron Paulino Enrique Furió Echeverry y Ramón Angel Puebla Romero.
Desde el Servicio Penitenciario, en Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, se presentó Eduardo Smaha; Antonio Indalecio Garro Rodríguez; Jorge Antonio Marchelli López; Mario Eugenio Laporta Chirelli, donde se encuentran alojados.
Desde el Servicio Penitenciario de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, lo hicieron Rolando Evaristo Carrizo; Ricardo Benjamin Miranda Genaro; Carlos Horacio Fragán.
Y desde la Cámara Federal de Buenos Aires, se presentaron Felix Humberto Andrada Ferreyra; José Antonio Fuertes Fernández; y Diego Fernando Morales Pastrán.
Se prevé que durante el proceso declaren 660 testigos, y se va a extender por lo menos 18 meses.
A pesar de que esta primera audiencia era a simple título de la identificación de los acusados, la Fiscalía advirtió que uno de los imputados le tomó una foto a uno de los funcionarios sentado en el lugar de la parte acusadora.
En ese sentido, el fiscal general Jorge Auat, funcionario de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad de la Procuración General de la Nación, le advirtió al tribunal: “Uno de los imputados con su máquina de fotos me tomó una foto. En rigor de verdad no me gusta hacer alarde de bravuconadas, el hecho concreto de tomar una foto tiene que ser observado por el Tribunal, como objetivo intimidatorio”.
Cuando el presidente del cuerpo le pidió si podía identificar a quien lo había realizado, acusó al doctor Miret, tras lo cual el juez le preguntó al acusado si efectivamente tenía una cámara, este explicó que la tenía en su teléfono, y entonces el Tribunal se expidió: “Vamos a pedir a los acusados que se abstengan de ese tipo de actitudes y por cuestiones de seguridad que no vengan con cámaras de fotos a las audiencias”.
El fiscal Dante Vega exigió continuidad en el debate, y remarcó que “no vemos obstáculo para avanzar en la lectura de las acusaciones, y en caso que se decida así pasar el cuarto intermedio para mañana, y no para el lunes que viene”, petición a la que adhirió la querella en consonancia con el pedido del Ministerio Público.
Sin embargo, el Tribunal mantuvo la decisión inicial de pasar a un cuarto intermedio, y de continuar el debate el lunes que viene -24 de febrero- a las 9.30 de la mañana.