El domingo 9 de febrero, día de mayor circulación del diario La Nación de Argentina, aparece en portada una noticia sorprendente: “Preocupado por la tensión en el país el Papa llamó a un diálogo en el Vaticano.” El detalle de la nota, escrita por Mariano Obarrio, no entrega fuentes pero precisa que destacados dirigentes sindicales, empresariales y del gobierno se reunirían en Roma en una gestión de Francisco para “garantizar la paz social”. Como si se tratara de Siria o Somalía.
La noticia, categóricamente desmentida por el Papa y también por los dirigentes sindicales y empresarios mencionados en el supuesto encuentro, nos recuerda, como otras veces, que la guerra mediática es un factor determinante en la lucha política argentina. Lo que sorprende en esta oportunidad es que los intereses contingentes no vacilan en involucrar a la máxima autoridad de la iglesia católica.
La Nación, El Clarín y el periodista Lanata se han colocado a la cabeza de la lucha política contra Cristina Kirchner. La misma Presidenta en el 2008 impulsó una ley a favor de la libertad de prensa que restringió el alcance del concepto de“injurias y calumnias” en informaciones referidas al sector público. Ello ha llevado a límites extremos al periodismo opositor. Porque ni la paz social está en juego en Argentina ni tampoco el Papa podría intervenir en una guerra inexistente.
Actualmente, la ofensiva mediática se ha concentrado en la política económica, en particular en el tipo de cambio y en la inflación, en evidente representación de los intereses del capital financiero y de los grandes empresarios agroexportadores.
La lucha en curso no es nueva. Tiene una larga historia, llena de sangre y dolores. La poderosa oligarquía agraria argentina, apoyada en los militares y Estados Unidos, gestó el golpe contra Perón en 1955. Luego retomó el control con la dictadura genocida 1976-1982, la que entregó el manejo económico a Martínez de Hoz; y, finalmente, aplaudió el modelo neoliberal impulsado por Menem que estableció la convertibilidad y las “relaciones carnales” con los Estados Unidos. El rasgo de todos esos gobiernos fue el predominio de la oligarquía agroexportadora junto al capital financiero, los que hicieron esfuerzos deliberados por debilitar la industria manufacturera y a la organización obrera.
Hoy nuevamente frente al modelo de reindustrialización y de redistribución del ingreso impulsado por los Kirchner se rebela la oligarquía argentina en defensa de sus intereses e intenta retomar posiciones de poder. La historia vuelve a repetirse. Ahora ya no puede utilizar a los militares, desprestigiados hasta el cansancio durante el régimen de terror. Sin embargo, el capital financiero y la oligarquía agroexportadora perseveran en su lucha y utilizan con fuerza el poder mediático y la fuerza de la banca internacional.
En los últimos meses, los agricultores exportadores de soja, decididos a aumentar sus ganancias, a pesar de su elevada capacidad competitiva y rentabilidad, optaron por no liquidar los dólares, resultantes de sus exportaciones, con el propósito de presionar al gobierno para forzar una devaluación. Con ello favorecieron la disminución de reservas del Banco Central y la ampliación de la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue (negro). De ello se aprovechó el capital financiero multiplicando maniobras especulativas contra el peso. Los medios escritos y televisivos de propiedad de La Nación y El Clarín, voceros de esos intereses, dieron rienda suelta a los ataques más virulentos en contra de las políticas y funcionarios del gobierno.
Una de las acciones especulativas contra el peso más llamativas fue la del CEO de la empresa Shell, Juan José Aranguren, quien decidió comprar directamente en el Banco HSBC la suma de tres millones de dólares a un tipo de cambio cercano al blue (US$8.70) en vez de hacerlo al tipo oficial de US$ 7,20. Asunto insólito ya que ese accionar y el del banco violaban manifiestamente la ley de cambios y constituía una pérdida importante para la misma empresa. Sólo la presión a favor de la devaluación del peso que favorecería posteriormente a Shell o una intención desestabilizadora basada en la ideología del CEO podrían justificar acciones de este tipo.
El ataque a la política económica, favoreciendo un tipo de cambio elevado y libertad de flujos financiero, cuestiona el modelo de reindustrialización y redistribución del ingreso impulsados por el kirchnerismo. Por ello el gobierno se venía resistiendo a realizar una devaluación que afectara a la industria y actividades sustituidoras de importaciones.
No obstante, a partir del 2010 la situación se ha complicado. Por una parte, el superávit de la balanza comercial se redujo, debido a la crisis económica mundial. Siendo el comercio exterior la única fuente de divisas de la Argentina, debido a su exclusión del mercado de capitales internacional, la posición de las reservas se debilitó. Además, los compromisos de la deuda externa han sido pagados con reservas, y estas descendieron persistentemente. A ello se agregó la ofensiva de los “fondos buitres”, los que demandaron al gobierno argentino en tribunales norteamericanos, amenazando dejar el país al borde del default técnico.
La alianza oligárquica-mediática fue parcialmente exitosa. En efecto, habida cuenta que apenas un 12% de la población compra dólares en algún momento, sólo es posible explicarse el posicionamiento del tema en el país gracias a los medios opositores al gobierno. El canal TN del Grupo Clarín solía mantener en pantalla permanente y titilando el curso del dólar ilegal (blue), y dedicaba espacios de noticiario diarios a su evolución.
El gobierno se vio obligado a devaluar en un contexto de reservas en disminución, azuzado por la constante diatriba opositora de los medios. A final de cuentas, se devaluó la moneda, desde 6,80 a 8,0 pesos por dólar.
El objetivo de la devaluación fue detener la disminución de las reservas y a la vez eliminar el dólar ilegal (blue). La devaluación fue acompañada por varias medidas más: el Banco Central redujo la retención de dólares de los bancos hasta el 30%; se autorizó la compra de dólares para atesoramiento, eliminando así una restricción que pesaba sobre las clases altas y medias, lo que había tenido mucha repercusión mediática; y finalmente se estableció una mesa de trabajo con los exportadores para convencerlos de proceder a la liquidación de los dólares.
La devaluación trajo consigo los conocidos impactos en los precios, que dentro del contexto de una inflación ya alta y una pulseada con los grupos económicos podían ser temibles. Sin embargo, el gobierno demostró su determinación en reducir el impacto de la devaluación en el salario real, en particular de los menores ingresos. En primer lugar, instaló una mesa de trabajo con la cadena de formadores de precios: productores, intermediarios, supermercados y pequeños almacenes. Se estableció un programa de un año de “precios cuidados”, revisable cada tres meses. Los propios miembros de la cadena acuerdan los precios y se comprometen a cumplirlos. En segundo lugar, se apunta a una difusión ciudadana en la formación de precios para minimizar su elevada dispersión, con efectos negativos en el poder de compra. Finalmente, se cristaliza en un contrato escrito con sanciones en caso de incumplimiento. Este mismo acuerdo de precios cuidados se materializó en el sector de la construcción y para la canasta de bienes escolares.
Los resultados a la fecha han sido satisfactorios. Las transacciones de compra y venta en el mercado ilegal del dólar se han reducido a su mínima expresión y el valor ha caído significativamente: desde más de 13 pesos por dólar a algo más de 11 pesos por dólar. A su vez, la apuesta por mantener el valor del dólar oficial en 8 pesos parece estar dando resultados. Su valor incluso ha disminuido a 7,65 pesos sin ventas de dólares del Banco Central. La compra de dólares para atesoramiento, reivindicación de las clases acomodadas, se está efectuando regularmente con un monto diario en disminución, confirmando que este “derecho” concierne una pequeña proporción de la población. Además, todo indica que la sangría de dólares de las reservas se ha detenido. Incluso economistas ortodoxos, como Miguel Bein, han declarado que “la corrida por el dólar ha cesado”, reconociendo la existencia de la pulseada entre los grandes intereses económicos y el gobierno y dando cuenta del éxito de las medidas adoptadas hasta la fecha.
En definitiva, la pretensión de utilizar al Papa para favorecer los intereses de un sector minoritario de la sociedad argentina ha sido inútil. El Santo Padre ha rechazado la maniobra; mientras, por otra parte, el gobierno ha impulsado medidas de política económica y acuerdos con distintos sectores de la sociedad que han dado tranquilidad a la ciudadanía. El gobierno ha ganado esta batalla, pero no hay duda que la lucha de intereses en pugna continuará.
11-02-14