El ex Presidente colombiano Alvaro Uribe (2002 a 2010), estuvo el pasado fin de semana en la comuna de Villarrica, Región de la Araucanía (Mallolafken, territorio ancestral Mapuche), donde participó de un seminario en el Hotel Park Lake. El ex mandatario, según trascendió en medios informativos, expuso ante una serie de autoridades, latifundistas y empresarios sobre temas ligados a la “política y guerrilla”. Fuentes del Hotel señalaron al periódico Soy Temuco que “los organizadores son extranjeros. Es un evento privado, nosotros les entregamos las instalaciones y nos restringieron dar información”.
Al respecto, el dirigente Mapuche Aucán Huilcamán, werkén del consejo de todas las tierras, dijo a medios de prensa que Uribe era “persona non grata en territorio mapuche” y agregó: “Durante el gobierno de Álvaro Uribe se realizaron los hechos más violentos en su país y sus políticas fueron totalmente perversas, porque relacionó el narcotráfico y los paramilitares para combatir a la Guerrilla en su país, del cual no fue capaz de solucionar”, manifestó.
Uribe llegó a Chile con completo hermetismo, lo que fue situado como un acto cobarde ocurrido en medio del silencio y complicidad del gobierno, encabezado por un Presidente y empresario como Sebastián Piñera, quien rindió pleitesía en julio de 2008 y de cuya política genocida de “seguridad democrática” se considera admirador.
Los Montajes FARC y Mapuches
En septiembre de 2008, parlamentarios de Renovación Nacional, encabezados por el Senador Alberto Espina denunciaron la existencia de vínculos entre las Farc con grupos extremistas mapuches de la región de la Araucanía, cuya información “privilegiada” habría sido provista desde el mismo Gobierno de Uribe en Colombia en el 2006.
Lo mismo era resaltado por el diputado independiente -ex RN y ex ministro de Pinochet- Alberto Cardemil y el RN Cristián Monckeberg, quienes aseguraron que el Ministerio del Interior de la época estaba al tanto de la posible relación entre las Farc y grupos subversivos vinculados a la causa mapuche desde hace más de un año y medio.
Lo mismo hizo el actual presidente y entonces presidenciable Sebastián Piñera, en agosto del año 2009, afirmando irresponsablemente que detrás de la violencia en el conflicto mapuche hay organizaciones terroristas extranjeras y en agosto de este año con su homónimo de Colombia, el actual presidente Juan Manuel Santos, dijeron a la prensa que habían acordado “cortar el ‘vínculo’” entre mapuches y las Farc”.
También, de la misma forma, señalaba, textualmente a los medios: “En la Araucanía se han cometido hechos de terrorismo y el gobierno en vez de aplicar la Ley Antiterrorista, salvo en dos excepciones, hace la vista gorda y cuando el gobierno esconde la cabeza, la gente piensa que puede seguir actuando con impunidad”. (Que) “un puñado de delincuentes tengan de rodillas a todo un país es porque (el gobierno) no está cumpliendo con su deber”.
Cabe mencionar que el medio informativo donde se origina la concepción “Terrorismo Mapuche” y ha dado amplias coberturas a la relación “Mapuches con grupos terroristas extranjeros”, es principalmente el Diario El Mercurio y sus cadenas de diarios, cuyo propietario es el ex golpista Agustín Edwards, también vinculado a la ultra derecha.
Otro medio, Canal TV 13 de fundación “católica” ligada a un sector de la iglesia, con directa influencia del grupo Matte, aliadas de Edwards, dueñas de Forestal Mininco, CMPC, quienes mantienen sendos conflictos territoriales con Comunidades Mapuches, donde hoy, en dicho canal, es propietario el grupo Luksic, difundía en junio del 2010, en el programa contacto, ante una importante audiencia y a través de una apuesta sensacionalista el llamado “conflicto Mapuche” y se pretendió, exclusivamente, hacer la relación Mapuches – Farc y el terrorismo en Chile ¿Coincidencia?
En marzo del 2011 trascendían cables de la Embajada norteamericana en Chile, correspondientes a las desclasificaciones de Wikileaks, revelados por diversos diario internacionales, demostrando que la pretendida conexión mapuches-PC-FARC fue un montaje ejecutado por parlamentarios de la ultra derecha, entre ellos, los senadores Alberto Espina y el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera, con la complicidad de medios informativos, como El Mercurio y La Tercera.
Los sucesivos despachos enviados a Washington, a lo largo de 2008 y 2009, indican, sin embargo, que todas las investigaciones les llevaron a la misma conclusión: la comunidad mapuche es abrumadoramente no violenta; “el problema ha sido magnificado por los medios”; quienes alegan que existen lazos entre los mapuches y organizaciones terroristas extranjeras “no han proporcionado pruebas de ello” y “los expertos del Gobierno califican esos contactos de mero ‘turismo de guerrilla”….
Todos esos son párrafos desclasificados de la correspondencia de la Embajada de Estados Unidos en Santiago, que demuestran la falsedad de la supuesta conexión entre los mapuche y las FARC.
El Gobierno sospechaba de contactos entre los indígenas y el terrorismo internacional .- La Embajada estadounidense no veía al movimiento mapuche como una amenaza seria.
Edmundo Pérez Yoma, quien fue ministro del Interior en el Gobierno de Michelle Bachelet, transmitió a Estados Unidos su preocupación por el “problema mapuche” y le pidió apoyo “de inteligencia” para seguir de cerca su posible radicalización, sus eventuales contactos con grupos terroristas extranjeros, como las FARC colombianas o ETA, y para “seguir el dinero” que les pudiera llegar.
La conversación se produjo en 2008, a poco de tomar posesión el ministro, y cuando ya se habían registrado algunos incidentes entre grupos mapuches, fuerzas del orden, propietarios de tierras reclamadas por la comunidad indígena y empresas españolas, como Endesa, implicadas en la construcción de presas hidroeléctricas en territorio mapuche.
“El consejero legal le explica que el FBI ya está coordinado con los Carabineros para ayudarles a localizar la llegada de esos posibles contactos”, asegura un telegrama de la embajada.
Los sucesivos despachos enviados a Washington, a lo largo de 2008 y 2009, indican, sin embargo, que todas las investigaciones les llevaron a la misma conclusión: la comunidad mapuche es abrumadoramente no violenta; “el problema ha sido magnificado por los medios”; quienes alegan que existen lazos entre los mapuches y organizaciones terroristas extranjeras “no han proporcionado pruebas de ello” y “los expertos del Gobierno califican esos contactos de mero ‘turismo de guerrilla”.
Un detallado informe escrito en otoño de 2009, tras un viaje de varios días por el territorio en conflicto (que coincide con la muerte de un joven activista mapuche a manos de la policía chilena), recoge la opinión, bastante irónica, de los diplomáticos estadounidenses: “Un eventual observador de la cobertura informativa de la actualidad chilena podría pensar que violentos activistas mapuches, relacionados con las FARC y ETA, matan cada semana a inocentes civiles”, se mofan y agregan: ”El candidato presidencial de la oposición, Sebastián Piñera, ha declarado que la Araucaria arde en llamas. Los principales periódicos chilenos, que son generalmente conservadores, publican muy a menudo en primera página reportajes sobre este conflicto”.
En otro párrafo señalan que los diplomáticos ocultan a duras penas su indignación: “La destrucción de propiedades, que supone la inmensa mayoría de las acciones ilegales de los mapuches, se presenta frecuentemente a todo color con descarados titulares y a veces una cobertura muy superior a la que se da a crímenes mucho más graves cometidos por chilenos no indígenas”..
La Versión de la policía Chilena
Radio Universidad de Chile, publicó a inicios de marzo del 2011 que carabineros y PDI habrían desechado la tesis de vinculación de mapuche con grupos terroristas, esto, en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, quienes debieron concurrir para exponer sobre los cuestionados operativos que han realizado en la zona de la Araucanía.
En la comisión, de acuerdo al relato del medio, se encontraba el general director de Carabineros subrogante, Gustavo González y el director general de la PDI, Marcos Vázquez, quienes informaron sobre su actuar en el marco del conflicto de tierra que enfrenta al pueblo mapuche con empresarios forestales.
La negativa de Gustavo González, General Director Subrogante de Carabineros fue clara al señalar: “es delicado afirmar una cosa de esa naturaleza si no tiene los antecedentes concretos sobre la materia. Se ha detectado a personas que no corresponden a las etnias mapuches o corresponderían más bien a extranjeros, pero sindicar a un país determinado respecto de esta materia me parece que nos es factible hacerlo”.
El Director General de la PDI, Marcos Vásquez, señaló también que no tenían antecedentes ciertos en esta línea y opinó sobre otros datos, indicando: “no tenemos antecedentes fidedignos, estamos de acuerdo con Carabineros que tiene la misma versión nuestra” y añadió. “Cuando entregamos cualquier tipo de información tiene que estar confirmada y por eso digo que no tenemos información fidedigna”.
Álvaro Uribe y crímenes de lesa Humanidad
El 5 de marzo del 2010 fue presentado en Bogotá el libro “Las perlas uribistas” que hace un descarnado análisis de los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez y en el que se denuncian en forma documentada delitos de lesa humanidad que comprometen seriamente al mandatario colombiano.
Uno de los temas tratados es el de los denominados “falsos positivos” a cargo del columnista Felipe Zuleta, quien cuestiona la indiferencia del gobierno colombiano ante la participación de 33 brigadas del Ejército y el asesinato de 1778 personas.
Otro de los escándalos que documenta este libro-denuncia son las llamadas “chuzadas del DAS”, la agencia de inteligencia del Estado colombiano que depende directamente del Presidente de la República. El periodista Hollman Morris advierte que lo más delicado fue descubrir los “Manuales para amenazar”.
En la publicación también se revela que Uribe Vélez tiene acumulados numerosos procesos en su contra.
Son 160 investigaciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y hay un número similar en la Procuraduría y el Contraloría, advirtió el defensor de derechos humanos, Iván Cepeda.
Aseguró que el listado de delitos es interminable y muchos de ellos están incluidos en el estatuto de Roma, sustento de la Corte Penal Internacional que pueden ser tipificados como crímenes de lesa humanidad.
Publico.es publicaba en España a inicios del 2010: “En el pequeño pueblo de La Macarena, región del Meta, 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las zonas más calientes del conflicto colombiano, se está descubriendo la mayor fosa común de la historia reciente de Latinoamérica, con una cifra de cadáveres “NN”, enterrados sin identificar, que podría llegar a los 2.000, según diversas fuentes y los propios residentes. Desde 2005 el Ejército, cuyas fuerzas de élite están desplegadas en los alrededores, ha estado depositando detrás del cementerio local cientos de cadáveres con la orden de que fueran inhumados sin nombre…”
Agrega el medio español en otro párrafo: “Se trata del mayor enterramiento de víctimas de un conflicto de que se tenga noticia en el continente. Habría que trasladarse al Holocausto nazi o a la barbarie de Pol Pot en Camboya, para encontrar algo de esta dimensión…”
Álvaro Uribe y el conflicto bélico en Colombia
Existen numerosos antecedentes que la “excusa” de este conflicto bélico intensificado durante el periodo del Gobierno de Álvaro Uribe, ha causado destrucción de viviendas, desplazamiento de la población, sistemáticos asesinatos y heridos de miles de personas inocentes, mientras por otra parte, paralelamente, se siguen imponiendo megaproyectos de industrias extractivas con intereses de transnacionales, como mineras y petroleras.
Resulta extraño, por decirlo de algún modo, que la llamada Guerrilla en Colombia, entre otros aspectos, ha servido de “justificación” para el ataque a habitantes campesinos, indígenas y/o afrodescendiente de diversos territorios, ya sea por el ejército, paramilitares, incluso por la misma denominada “FARC”, situada en varios lugares donde “casualmente” se han instalado o se pretenden instalar los principales proyectos de este tipo de mega industrias, según se ha venido denunciando.
Como mapa de conflictos, en Colombia, las principales arremetidas de paramilitares, militares y bases militares que buscan imponerse, coinciden donde se ubican los principales intereses de Corporaciones económicas y en el Cauca particularmente, los Pueblos Indígenas han sido víctimas del genocidio del ejército Colombiano, de la policía, del intervencionismo extranjero, y de la misma FARC, aunque a esta altura, no se sabe de qué FARC se está hablando. Lo que si, son cientos los indígenas asesinados por los fusiles de la brutalidad, por cobardes bombas, con miles de desplazados en medio de la inacción del mundo respetuoso de los Derechos Humanos y de un gobierno responsable directo de estas masacres que involucra responsabilidades por crímenes de lesa humanidad al ex Presidente Uribe y al actual mandatario Santos, quien también fue ministro de defensa.