Se publicó el viernes 24 de enero en un diario de circulación nacional una nota titulada “Las cifras económicas de los gobiernos desde 1990” en donde se muestran los resultados de seis indicadores económicos durante los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y Piñera: las cifras analizadas se refieren al monto del PIB global, inflación, desempleo, crecimiento, PIB per cápita e ingresos tributarios, es decir, conforme al sistema en boga, se abordaron los temas que tienen la mayor importancia para los líderes de opinión en este mundo materialista y globalizado.
Salvo en crecimiento económico, cuya más alta cifra -7,7%- se produjo en el gobierno de Aylwin, seguido por los gobiernos de Piñera y Frei -5,4%- en cada uno de ellos, en los otros cinco aspectos ganó por paliza quien entrega el poder el próximo 11 de marzo de 2014, destacándose el guarismo de los ingresos tributarios que supera en casi el doble al gobierno de Bachelet.
Si nos atenemos a tales resultados, nos debiera llamar la atención que en las encuestas que hacen las empresas especializadas, el gobierno de Piñera tenga tan poca aceptación, teniéndose en cuenta que la reciente derrota electoral de la derecha -a sus dirigentes políticos les gusta decir “centro derecha”- se debió en gran medida a sus escabrosas peleas intestinas y a los diversos cambios de sus candidatos presidenciales.
El autorreferente Piñera puede estar muy satisfecho con esos resultados, pero nosotros en esta columna vamos a dar cuenta de situaciones que la prensa dominante no cubre en debida forma : sostenemos a prueba de desmentidos que las políticas públicas asociadas a Vivienda y Urbanismo en este gobierno terminal fueron un desastre a pesar de la propagandística Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) firmada por él a fines de octubre pasado.
En razón a que cuando se critica no hay que ser retórico, ni menos utilizar eufemismos para quedar bien con el establishment, daremos a conocer algunos ejemplos precisos de iniciativas, omisiones e irresponsabilidades gubernamentales que contravienen incluso su PNDU, documento éste que es solo una especie de hoja de ruta para iniciar los cambios legales y reglamentarios que posibilitarán más adelante el desarrollo urbano sustentable y democrático en todas las ciudades del país.
Vamos al grano :
La ley ambiental Nº 19.300, incluso después de su modificación de enero del 2010, dice que en las zonas latentes o saturadas de contaminantes, los proyectos inmobiliarios conforme a ciertas cuantificaciones fijadas en el respectivo Reglamento, deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ya sea a través de Declaraciones o Estudios. Los titulares de los proyectos, para hacerle el quite a la correcta evaluación que se hace solo con los Estudios, recurrentemente ingresan a dicho sistema a través de simples Declaraciones, lo que es aceptado por la institucionalidad.
El 24 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial un nuevo reglamento del SEIA, en donde se repite que tales proyectos inmobiliarios a ejecutarse en zonas contaminadas tienen que someterse al SEIA, pero más adelante, con la típica picardía del funcionario público chileno que siempre intenta favorecer a los inversionistas, dice que, cita textual, “Se exceptuarán dichos proyectos de su ingreso al SEIA en aquellas zonas declaradas latentes o saturadas, que cuenten con un Plan de Prevención o Descontaminación vigente, dictado de acuerdo al artículo 44 de la Ley y se permita el desarrollo de proyectos inmobiliarios en un Instrumento de Planificación Territorial aprobado ambientalmente conforme a la Ley” (sic).
Aparte de su mala redacción se da a entender en este Reglamento que por existir un Plan Regulador, el que necesariamente tiene que contar con una resolución de calificación ambiental, los proyectos inmobiliarios allí desarrollados quedan eximidos de ingresar al SEIA, con la zopenca creencia que los Planes de Prevención o Descontaminación incluyen en su vida útil las nuevas cargas de ocupación derivadas del crecimiento de la construcción, a sabiendas además que los Planes Reguladores, por esencia, existen para reglamentar la ejecución de los proyectos inmobiliarios. Entonces está claro que estamos ante un bien montado ardid creyéndose que la candidez de la ciudadanía es infinita.
Si no se modifica este Reglamento para volver a la cordura, quedaríamos ante un evidente e injustificado retroceso que perjudicará aún más la calidad de vida de todos aquellos que residen en ciudades con mala calidad del aire y de esta manera se empeorará gradualmente la salud de la población.
El 12 de diciembre pasado se publicó en el Diario Oficio un burlesco Decreto del Minvu que cambió radicalmente ciertos aspectos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), ello para destrabar ciertos proyectos que no cumplían con las normas urbanísticas, con el agravante de que se tramitó en absoluta reserva al interior del gobierno. Este Decreto en su versión final contenía “hojas rectificadas” porque en su tramitación sufrió diversos cambios requeridos por la Contraloría General de la República (CGR) para poder tomar razón del mismo.
En nuestra condición de conocedores de esta mala práctica, le entregamos todos los antecedentes probatorios a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados para que, citando al ministro del ramo, e invitándome a mí como denunciante, analizara el comportamiento del Minvu en la gestación del aludido Decreto. Dicha Comisión sesionó y nunca supimos si el ministro Rodrigo Pérez asistió y dejamos en claro que los diputados optaron por no invitarme, posiblemente para no escuchar ciertas verdades que los iban a incomodar. En razón a que este Decreto es ilegítimo en todo sentido esperaríamos que se dejara sin efecto y si ello no sucede, en esta tribuna testimoniamos que ese acto administrativo está totalmente viciado.
Con ocasión del terremoto del 27/02/10, fortísimo movimiento sísmico que produjo un maremoto de proporciones en ciertas comunas, la Armada de Chile, con criterio preventivo, se ha preocupado de confeccionar cartas de inundación en los bordes costeros del país, las que como factor de riesgo deberían reflejarse en los distintos Planes Reguladores Comunales (PRC) para evitar futuras desgracias. Para soslayar la engorrosa tramitación de cambios en los PRC en los sectores costeros de las comunas que enfrentan el mar, el Minvu había decidido que esta materia estuviera reflejada en la OGUC ya que esta reglamentación es de alcance nacional, pero inexplicablemente esto no ha sucedido.
Por algún motivo que se desconoce, esas cartas de inundación elaboradas con profesionalismo por los marinos del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) duermen en oficinas públicas y es más, la CGR ya ha sido consultada en búsqueda de su pronunciamiento si esas necesarias cartas se debían incorporar a la regulación urbanística, sin que el ente fiscalizador haya emitido un dictamen hasta esta fecha. Por lo tanto, estamos ante una negligencia inexcusable y las autoridades optan por la mudez total.
A pesar de que la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) no considera la planificación por condiciones, sino tan solo por zonificación, el gobierno insistió majaderamente ante la CGR con el propósito de que tomara razón de una expansión urbana en esta saturada región consistente en cambiar el uso de suelo de 10.000 hectáreas agrícolas para transformarlas en urbanas, luego aptas para actividad inmobiliaria con condiciones. Que la pérdida de estos territorios agrícolas, catalogados como suelos clases I y II por el Ministerio de Agricultora, no le haya interesado mayormente al gobierno no es sorpresa, ya que su único interés era proceder de acuerdo al deseo de los poderes fácticos que pedían el cambio.
Un porcentaje de esos terrenos agrícolas, en poder de personas jurídicas y naturales, se habían acogido anteriormente a las subdivisiones prediales establecidas en el DL 3.516 que originan predios rústicos de 0,5 ha, los que, por mandato legal, no pueden modificar sus usos de suelo, es decir, obligatoriamente deben mantenerse como agrícolas, lo que el gobierno y especialmente el Minvu, impulsor del antojadizo cambio, conocían sobradamente. Este cambio normativo fue posible gracias a la ayuda administrativa que le brindó la CGR al gobierno, ello a pesar de que el ente fiscalizador conocía las diabluras cometidas por el servicio público interesado en la modificación que entregará atractivas plusvalías patrimoniales a los privados que la solicitaron.
El Metro de Santiago, en noviembre de 2013, le entregó a la constructora española OHL (Obrascón Huarte Lain S.A.) un contrato valorizado en 150 millones de dólares para que ejecutara una serie de obras civiles vinculadas a la nueva línea 3 del Metro y el MOP ha recibido las ofertas de solo 2 empresas, Cintra y OHL, para concesionar una fracción de la proyectada autopista Américo Vespucio Oriente (AVO). Los sobres con las condiciones y cifras del atractivo negocio se abrirán el próximo 28 de enero, fecha en que se conocerá el nombre de la concesionaria adjudicataria. La vía concesionada discurrirá por las comunas de Vitacura y Las Condes, siendo su presupuesto del orden de los mil millones de dólares con un subido subsidio del Estado para abaratar el cobro de los peajes de aquellos automovilistas del barrio alto que circularán por ella.
Pero, y aunque el lector no lo crea por la incongruencia que se aprecia, la misma empresa OHL en el año 2011 demandó por una suma millonaria al Fisco de Chile, Rol Nº 28.644-2011 del 27º Juzgado Civil de Santiago, por distintos conceptos asociados a la construcción y equipamiento del Hospital Militar situado en la comuna de La Reina, contando para ello con un informe que le favorece emitido por el Dictuc, mismo centro de estudios ingenieriles que había emitido otro informe que ayudaba a los japoneses de Kodama en su intento de obtener indemnizaciones truchas por parte del Minvu, episodio que le significó la salida como ministra del ramo a Magdalena Matte.
Sabemos que el MOP, para satisfacer las ansias de lucro fácil de las concesionarias, está licitando con apresuramiento obras públicas para que así estemos ante hechos no revisables y por ello somos partidarios que el próximo gobierno, con toda la información relevante en su poder, licite todo el tramo de la autopista AVO, es decir, sin dividirla en dos y respecto de los otros asuntos relatados en esta columna deberían ser analizados en su mérito por el gobierno de Bachelet para volver a la sensatez institucional.