En días recientes la Corte Suprema de Chile ha declarado en fallo dividido que el presidente Allende murió sin la acción de terceros. El se habría matado bajo su propia responsabilidad, expresándose libremente. El palacio presidencial de La Moneda incendiado por la acción de tanques, artillería y aviación no es acción de terceros. Entre las excelencias que dictaron el fallo se encuentra uno que en días recientes ha dicho por televisión que el golpe de Estado fue algo bueno para Chile y otro que en su momento fue abogado defensor, alegando su inocencia, de los carabineros que degollaron a tres profesores comunistas.
Iniciamos la acción judicial en Enero de 2011. Ésta partió muy bien desde el punto de vista de la voluntad investigativa del ministro Mario Carroza, hasta que recibió un frenazo luego de la intervención de la senadora del PS Isabel Allende, quien públicamente manifestó su convicción en la idea del suicidio sin responsables, y lo mismo hizo, con entusiasmo digno de mejor causa, ante el juez. Este, si se mantiene la actual constitución y quiere ser ministro de la Corte Suprema requerirá del voto de la senadora no de la opinión de nosotros modestos ciudadanos.
Vamos a ir a La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo a requerir la actividad del sistema interamericano ante este caso de evidente denegación de justicia.
No está todo judicialmente terminado como vocean algunos mercenarios de la pluma que lamentablemente tienen espacios que no se merecen.
Si el presidente Allende fue muerto directamente, nunca se investigó.
La DINA en su operación homicida sobre Orlando Letelier intentó conseguir pasaportes paraguayos, los que en definitiva no obtuvo, pero sí dejó una huella para la investigación del crimen con posterioridad.
Cuando los norteamericanos encabezados por el Fiscal Eugene Propper y el oficial del FBI llegaron a Chile indagando sobre estos pasaportes falsos, la dictadura dijo que los oficiales chilenos que habían intentado proveerse de esas visas con pasaportes falsos en Paraguay eran Rolando Mosqueira y René Riveros. Esto indignó a los americanos que sabían que esto era falso.
La represalia vino cuando Propper escribió y publicó en 30 mil ejemplares en Chile el libro Laberinto. Allí afirmó que el autor directo de los disparos sobre el presidente Allende era el capitán de ejército René Riveros, quien se había prestado para intentar engañarlos.
Riveros, cuando compareció ante el juez Carroza señaló que era primera noticia que tenía sobre esta imputación, aunque reconoció sí su larga trayectoria en los servicios de inteligencia y que se encontraba procesado por la matanza de dirigentes comunistas de calle Conferencia. Un libro editado en 30 mil ejemplares con una imputación tan grave y un oficial de inteligencia no se entera. Cuando menos difícil de creer.
Respecto de la imputación, entregó una críptica conjetura señalando que seguramente Robert Scherer, oficial del FBI, la había echado a circular porque él lo recibió una vez en el aeropuerto de Pudahuel y vió las muchas facilidades que había conseguido en los trámites burocráticos. Algo muy incoherente.
Señaló además que el día 11 de Septiembre se encontraba en casa de su padre. Todo el resto del ejército acuartelado, y al escuchar las noticias por radio se habría dirigido a la Escuela Militar donde habría quedado a cargo de los servicios por varios días olvidándose de su unidad, la Escuela de Infantería de San Bernardo, que atacó La Moneda.
Robert Scherer no servía el café en el FBI sino que era jefe de la estación para toda América del Sur sita en Buenos Aires. Nunca se le quiso tomar declaración.
Al fiscal norteamericano Eugene Propper que hizo esta imputación por escrito tampoco se le quiso tomar declaración.
La coartada de que René Riveros estaba en la Escuela Militar el 11 de Septiembre nunca fue verificada, su sola palabra fue convicción bastante para el Tribunal. Ninguna diligencia se decretó sobre su coartada y/o la imputación.
Los norteamericanos saben lo que dice el jefe de la Inteligencia de la dictadura Manuel Contreras fue informante rentado mensualmente por la CIA durante años.
¿Puede en estas circunstancias afirmarse que la muerte del presidente se investigó? Rotundamente no.
El suicidio es una categoría jurídica no médica. El suicidio tiene dos requisitos: 1.- Poner fin a la vida propia. 2.- que este actuar sea producto de una voluntad libre y autónoma.
No está para nada claro que Allende se dio muerte por mano propia, la fotocopia de la autopsia entregada por el Servicio Médico Legal es evidentemente falsa pues la justificación (alineación de los márgenes) del texto no se corresponde con las máquinas de escribir y es propio de un procesador de texto inexistente en 1973.
La voluntad puede tener vicios que hacen que esta no sea libre, estos son el error, la fuerza y el dolo, si por error ingiero un veneno creyendo que es un medicamento evidentemente no me suicido, si el asesino echó dolosamente el veneno en mi café; tampoco me suicido y si forzado a darme muerte para evitar sufrimientos y atrocidades mayores, es evidente que no me estoy suicidando, y que una fuerza externa ha coaccionado mi voluntad al punto de hacerla jurídicamente irrelevante.
La Suprema Corte de Estados Unidos estableció que quienes se arrojaron de las Torres Gemelas para evitar una muerte aún más horrorosa no se suicidaron, como sostenían las compañías de seguros, sino que fueron víctimas de homicidio: ellos no fueron al World Trace Center a buscar voluntariamente morir. La acción terrorista provocó su muerte.
El presidente Allende no estaba deprimido como para querer morir. Si los militares postergan el golpe el 11 de Septiembre Allende no muere ese día. Como lo señala el tratadista Roxin se dan las tres circunstancias que hacen responsables a terceros de la muerte de Allende: 1. Hay una acción ilegal original, el alzamiento. 2.- El resultado de éste es previsible. 3.- Durante todo este periodo los autores tienen el dominio de la situación.
Pinochet quedó grabado en su voluntad homicida cuando dijo “matando la perra se acaba la leva, ofrézcanle un avión viejo y el avión se cae”.
Durante la dictadura alegué no decenas sino cientos de recursos de amparo y me acostumbré a recibir el consabido “no ha lugar”. La resolución de la Excelentísima Corte Suprema y de las señorías excelentísimas que la componen no me ha desanimado en lo más mínimo.
ROBERTO AVILA TOLEDO
ABOGADO