En nuestra calidad de consejeros del Consejo de Monumentos Nacionales, nos hemos auto convocado para analizar la grave situación resultante del envío al Parlamento de la República de un Proyecto de Ley que modifica nuestro organismo, elaborado a puertas cerradas. En esta oportunidad, no hubo conocimiento del documento ni diálogo del equipo que elaboró este proyecto con nuestra organización patrimonial (CMN). Muy por el contrario, se elaboró sin transparencia alguna y se faltó el respeto a los consejeros al no ser considerados para su previa discusión, aún cuando en sesiones se preguntó reiteradamente por el estado de un proyecto de ley que sabíamos estaba en proceso de redacción.
Llevamos años demandando se modifique la Ley N° 17.288 y al enterarnos tardíamente de la presentación de este proyecto, consideramos que tal versión no debería ingresar al Congreso. Esto se agrava más aún cuando nos enteramos por publicación en El Mercurio 12/01/14 p C 8 que este lunes 13 ingresaría al Congreso a través de la Comisión de Patrimonio de la Cámara de Diputados, lo que se confirmó en el día de ayer.
Atendiendo a lo sustancial, hemos pasado por alto los numerosos errores de redacción y mal uso e imprecisión de lenguaje en el proyecto de ley propuesto.
Este proyecto, que modifica la Ley N° 17.288 deja sin vigencia el actual Consejo de Monumentos Nacionales con sus 89 años de vida. Empieza por rebajar drásticamente el número de consejeros de 21 a 12 y lo convierte en un órgano político, con representación mayoritaria de los ministerios, en circunstancias que por la actual conformación el Consejo fue valorado siempre como un organismo colegiado y técnico. Entrega así un poder desequilibrante al gobierno de turno para influir en sus decisiones.
Elimina la representatividad del Consejo de Defensa del Estado, institución que aporta asesoría jurídica a las decisiones del CMN. Elimina cargos tan importantes como el especialista en restauración de monumentos e incluye a cuatro “peritos” cuya calidad de tales no se sabe a qué obedece, ni quien pudiera certificarla. Tres de estos peritos deben provenir de las áreas de arquitectura, historia y arqueología, pero no son elegidos por sus respectivos colegios ni sociedades.
Elimina además de la Academia y a los representantes de la sociedad civil, de la comunidad hasta ahora manifiesta en los gremios y agrupaciones de estudios e investigadores: la Universidad de Chile, el Colegio de Arquitectos, la Sociedad Chilena de Arqueología, el Instituto de Conmemoración Histórica, la Sociedad Chilena de Historia y Geografía y la Sociedad de Escritores de Chile. Es importante destacar que al excluir a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, se rompe la vinculación con el ente más antiguo del país dedicado al estudio sistemático del patrimonio arquitectónico nacional, quien propició las declaraciones de muchísimos monumentos históricos y que con sus seminarios y expertos, apoyó la labor del CMN en la generación de expedientes, junto con el reconocimiento y la puesta en valor de diversos casos, entre los que destaca la arquitectura vernacular de Chiloé, ello desde la generación de información y su experiencia en patrimonio.
Asimismo, reviste la mayor gravedad el excluir al Colegio de Arquitectos de Chile del seno del Consejo. Su participación, desde la creación misma de este organismo, ha sido relevante pues el grueso de los temas aquí tratados y resueltos allí, son relativos a la arquitectura, a la construcción y al urbanismo, materias que constituyen el ser mismo del quehacer profesional para este gremio. El Colegio ha aportado históricamente a éste su visión técnica, su conocimiento y su criterio, desde todos los ámbitos del ejercicio profesional y desde su experiencia colectiva, habiendo ejercido como consejeros destacados arquitectos nacionales, especialistas y formadores de especialistas en patrimonio construido.
El proyecto también elimina al representante del Ministerio de Defensa Nacional, oficial superior de las Fuerzas Armadas. Quien a través del tiempo ha sido de vital importancia en la tarea que desarrolla el CMN siendo valorado y destacado el trabajo e incondicional apoyo del Consejero e instituciones que representa y que se hizo evidente en la labor realizada en conjunto con las comisiones UNESCO que visitaron el país en el último tiempo. Cabe señalar además que las instituciones armadas poseen numeroso patrimonio construido y tienen autoridad sobre espacios y territorios que son relevantes para las decisiones del CMN.
Los consejeros tanto del ámbito público como los representantes de la sociedad civil (quienes desde su condición ad honorem han dado sobradas muestras de lealtad y compromiso con este Consejo por décadas) estamos en desacuerdo con un proyecto que claramente menoscaba la institucionalidad patrimonial de la nación. Habida cuenta de todo lo señalado, solicitamos respetuosamente a usted retirar el proyecto de ley al Congreso para que sea ampliamente analizado y debatido en el seno del CMN en conjunto con las nuevas autoridades, a partir del 11 de marzo del presente año, aprovechando el conocimiento y experiencia de sus integrantes.
Esperando una favorable acogida a nuestra petición, la saludan,
Luis Cornejo
Consejero representante de la Sociedad Chilena de Arqueología.
Consejero representante de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía
Maria Paz Valenzuela
Consejera representante del Instituto de Historia y Patrimonio de la Universidad de Chile
Consejero representante del Colegio de Arquitectos
Consejera representante de la Sociedad de Escritores de Chile