Durante 50 años permanecerán en secreto los testimonios de las personas que fueron prisioneras y torturadas durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Así quedó establecido en la ley de reparación posterior a la Comisión Valech, creada por el Estado chileno para investigar la prisión política y la tortura durante el régimen militar.
Restricciones similares de acceso tienen las millares de declaraciones prestadas ante la Comisión Rettig, que investigó los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, como las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada de personas.
También bajo secreto, pero judicial, permanecen las más de 40 mil fichas y documentos que hace ocho años fueron incautadas en la ex Colonia Dignidad, un predio de colonos alemanes al sur de Santiago que fue usado por la DINA para mantener presos políticos, torturarlos y hacerlos desaparecer. En el lugar además, durante décadas, se produjeron abusos sexuales contra niños, por los cuales han sido llevados a la justicia los principales dirigentes del enclave. Las fichas incautadas, que contienen información relevante para las causas de violaciones a los derechos humanos, están bajo el secreto dictado por el juez Jorge Zepeda.
Son estos tres conjuntos de archivos –Comisiones Rettig y Valech, y fichas de la ex Colonia Dignidad- los que Londres 38, espacio de memorias, se ha propuesto conseguir su apertura, así como avanzar en la búsqueda de los archivos de los organismos represivos como la DINA-CNI y de otros organismos policiales y militares que permanecen ocultos.
El acceso vedado a estos registros e informaciones es un obstáculo para seguir avanzando en más verdad y justicia en los crímenes de la dictadura, dice Erika Hennings, directora del sitio de memorias que este mes ha iniciado una campaña para desclasificar estos archivos. Es más, agrega, se trata también de una vulneración a los derechos ciudadanos de libre acceso a la información pública.
“No tiene ningún sentido, es inaceptable, que se mantengan en secreto las fichas de la ex Colonia Dignidad, como también los documentos de las comisiones Rettig y Valech, ¿a quién le sirve eso?”, pregunta el abogado Nelson Caucoto, especializado en causas de violaciones a los derechos humanos.
La petición de apertura de los archivos ya ha sido firmada por más 1.500 personas, entre las que se incluyen destacados intelectuales, dirigentes sociales y personalidades del mundo de la cultura y las artes, entre muchas otras. La lista con la demanda de desclasificación de los documentos será entregada al Presidente de la República el próximo miércoles 15 de enero a las 11:30 horas en el Palacio de La Moneda. Ello, porque la apertura de los archivos de declaraciones ante las Comisiones Rettig y Valech requiere de una ley visada en el Congreso. En tanto, el levantamiento de reserva de los documentos de la ex Colonia Dignidad necesita solo de la decisión del juez que lleva la causa, por lo que una petición en ese sentido será próximamente presentada ante la presidencia de la Corte Suprema.
El mismo miércoles 15, desde temprano, serán desplegadas cinco gigantografías en distintos puntos de Santiago, con la demanda de apertura de los archivos secretos de la represión.