El gobierno saliente de Sebastián Piñera puso urgencia antes de Navidad a la Ley de Derechos de Obtentores Vegetales (Boletín 6355-01). La iniciativa será votada en la sesión del martes 7 de enero, en último trámite. La ley ha sido denominada “Ley Monsanto-von Baer” por las organizaciones que denunciamos la privatización de la semilla y sembramos semillas libres de patentes, transgénicos y plaguicidas.
El proyecto entrega más garantías y nuevos privilegios a las transnacionales productoras de semillas híbridas y transgénicas como Monsanto, Syngenta, Dupont/Pioneer, junto a sus socios de la Asociación Nacional de Productores de Semillas ANPROS entre los que se cuenta la empresa von Baer, de la que es parte la senadora Ena von Baer.
Llamamos a los senadores Ximena Rincón, Juan Pablo Letelier, José Antonio Gómez, Fulvio Rossi, Jaime Quintana, Mariano Ruiz Esquide, Isabel Allende, Jorge Pizarro, Soledad Alvear, Camilo Escalona, Patricio Walker, Guido Girardi, Alejandro Navarro, Ricardo Lagos W, Hosain Sabag, Eduardo Frei, Eugenio Tuma, Antonio Horvath, Carlos Cantero, Carlos Bianchi, Pedro Muñoz y Francisco Chahuan a honrar la palabra empeñada antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Nuestra demanda es a rechazar absolutamente ahora este proyecto de ley que deroga la actual ley de semillas, la cual ya resguarda suficientemente los derechos de los obtentores. Las movilizaciones nacionales de rechazo a esta iniciativa lograron que estos 22 legisladores (de un total de 38) se comprometieran públicamente a votar contra este proyecto y que Ena von Baer anunciara que se abstendrá debido al conflicto de interés. La futura presidenta electa, Michelle Bachelet declaró que “revisaría” la ley porque podría afectar la soberanía alimentaria y la agricultura campesina.
La privatización y monopolio de la semilla campesina e indígena atenta contra la agricultura familiar campesina y el futuro suministro de verduras y hortalizas para la ciudad. Además, este proyecto de Ley no ha sido sometido a Consulta a los Pueblos Indígenas, como lo exige el Convenio 169 y lo recomendó en su momento el Tribunal Constitucional. El proyecto está hecho a la medida de los obtentores. La iniciativa contiene artículos que -entre otras aberraciones- prohíben el libre intercambio y guarda de semilla y posibilitan requisar y confiscar cosechas campesinas por “piratería” de semilla como en Colombia, Europa, Estados Unidos o Canadá. Los obtentores podrán imponer un tipo de semilla o sacarla del mercado. Esto implica la pérdida de semillas tradicionales y especies nativas, no resguardadas en Chile por ninguna legislación. Se podrá registrar cualquier semilla “nueva” o “distinta” es decir, que no esté comercializada por las transnacionales o inscrita en un registro público, lo cual es un despojo del patrimonio genético y tradicional de Chile.