En un artículo de Alberto Mayol titulado “Brunner, Peña, Bachelet: la educación y la transmutación de lo público”, publicado a mediados de diciembre, el académico de la Universidad de Chile inicia una polémica en torno a la idea de lo público en el programa de la Nueva Mayoría, dirigiendo su atención a la educación y, en particular, la superior.
Dicha polémica la abre Mayol a partir de figuras como Carlos Peña y José Joaquín Brunner, quienes han sostenido en diversos medios de comunicación y publicaciones académicas, desde una concepción neoliberal de la economía y del propio Estado, que lo público es todo aquello que acontece en el espacio público, tal como un mall, una carretera, una plaza. Y, ciertamente, una universidad, pues ésta forma profesionales para el país y produce (o reproduce) conocimiento, cuestión que se conceptualiza como de interés público y que, en cuanto tal, busca el bienestar de todos.
En lo concreto, efectivamente, hoy coexisten, a lo menos, dos miradas posibles acerca de lo público. Por una parte, aquella que establece que toda producción, por darse en un marco de interés social, es de carácter público (la de Brunner y Peña). La otra, es aquella que señala que lo público es solo aquello que proviene del Estado, mirada que se acoge a la premisa según la cual la propiedad determina el carácter público o privado de las instituciones (la de Mayol).
Desde el 2011 con cierta nitidez, pero claramente desde hace al menos una década, Chile ha entrado en una fase de transformaciones y movimientos que presionan por que ellas ocurran. Eso es lo que ha hecho síntesis el pasado 15 de diciembre en las urnas, la voluntad social y política de cambiar Chile. Y es lo que expresa, con profundidad en ciertos casos, carente de ella en otros, el programa de la Nueva Mayoría.
Este proceso de transformaciones está en disputa y el rol que deben jugar los movimientos sociales y los partidos que sostienen la necesidad de esos cambios debe ser clave para impulsarlas. El buen puerto de los cambios de interés nacional no está garantizado, pero la labor de muchos, incluyendo la del Partido Comunista, será la de hacer cumplir el programa y profundizar en aquellos aspectos que lo amerite. El Partido Comunista no es ni será “chivo expiatorio” de nadie en este proceso, tal como lo señala explícitamente Mayol en su artículo, con una propiedad que sorprende por la falta de referencia, si es que la encontrara.
En este cuadro es evidente que Chile no está para definiciones maniqueístas respecto a estos debates, pero tampoco para soluciones salomónicas o para insistir en la lógica de los consensos. La expresión de mayorías es nítida, tanto la que se movilizó en torno a ciertas demandas como la educación pública, gratuita y de calidad integral, así como la que participó en las urnas, respaldando en un 62% el programa de las transformaciones.
El camino debe lograr equilibrar tanto el espíritu del programa, como las condiciones objetivas sobre las cuales se inicia el proceso de transformaciones. No es sencillo conseguir las transformaciones comprometidas en un modelo educativo de mercado, donde la inversión privada, el negocio, el concepto de educación como bien de consumo se han visto impulsados y profundizados desde hace a lo menos 33 años. Y menos sencillo se vuelve en un contexto en que paralelamente lo público-estatal se ha visto constreñido y reducido sistemáticamente.
El piso constitucional para las transformaciones que se requieren también es una piedra de tope. Si no, cómo se podrá garantizar una educación pública, gratuita y de calidad integral donde lo estatal emerja como el referente principal en la provisión. Cómo resguardar el estándar a partir del cual se mire la educación en su conjunto. Cómo todo esto, cuando la Constitución Política heredada de la Dictadura establece una falsa y parcial concepción de libertad de enseñanza, no entendida como pluralismo ideológico, sino como libertad de emprendimiento o negocio, situándose por sobre el derecho a la educación. Este último definido como el derecho preferente de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos y no como un derecho social habilitante que debe garantizar el Estado, tanto en la provisión como en su fiscalización.
En cuanto al debate de lo público y lo privado, ¿cómo se podrá asegurar que la educación que se quiere sea pública-estatal cuando es el propio Estado subsidiario el que hoy afirma el modelo que ha dado origen a la educación de mercado? Es precisamente ese el punto neurálgico del cambio de modelo, no solo educativo, sino también en salud, previsión, y tantas otras materias.
Por lo tanto, para avanzar hacia una acepción más nítida de qué es lo público, debemos avanzar paralelamente en el debate sobre el cambio constitucional (más allá de la polémica sobre la forma en que éste se haga), pues solo con ello lograremos prefigurar con mayor claridad el rol que debe jugar el Estado en el aseguramiento de derechos tan relevantes como los antes mencionados, sobre todo el de la educación, el cual, según la Unesco, se convierte en un derecho habilitante para el ejercicio de los demás derechos.
Sería poco afortunado pretender asumir lo público en el marco de la actual concepción subsidiaria del Estado y en los límites constitucionales impuestos en dictadura. Hoy tenemos un Estado neoliberal y lo que se pretende es, desde este Estado, definir qué es lo que se podría entender como público, al margen del debate de la propiedad de las instituciones de educación. Este es el debate en el que se quiere avanzar en el marco del programa de la Nueva Mayoría. Fortalecer la educación de propiedad estatal y definir el rol público para despejar del camino a aquellas instituciones privadas que no se sienten parte de esta construcción que pertenece al ideario republicano histórico de nuestro sistema de educación superior. Siempre conscientes que lo público se define desde el Estado, la idea central es acercar a aquellas instituciones que fueron consideradas públicas en su rol y otras que, no siendo tradicionales, se sumen a la definición del rol público.
Ya el año 2009 la Universidad de Chile dio a conocer un documento donde establece la idea de un nuevo trato entre las universidades estatales y el Estado. En ella se aventuran ciertas definiciones de qué podría ser lo público, partiendo de la base de que:
“Es preciso entender que la condición de público de un bien, alude a la primacía de dicha condición, mas no a su exclusividad. En efecto, no existen bienes públicos ni bienes privados absolutos. Son más bien convenciones culturales e históricas que se expresan en la norma jurídica correspondiente”. (Universidad de Chile, 2009)
Uno podría convenir, leyendo y releyendo el programa de la Nueva Mayoría, que existe una definición de lo público más allá de lo estrictamente estatal. En el citado documento, existe una idea de fortalecer, por la vía de establecer un nuevo trato, a todas las instituciones de propiedad del Estado, y con especial énfasis en aquellas de carácter regional por la vía de aportes basales que ayuden a su fortalecimiento.
Junto a lo anterior, existe otra idea, la cual habla de instituciones públicas, las cuales se pueden acoger a la gratuidad universal si cumplen con ciertos criterios o requisitos, tal como señala el programa en lo que sigue:
“Esta gratuidad podrá ser ejercida en toda institución de educación superior que cumpla, entre otros aspectos, con: estar acreditada; acatar estrictamente las normas que no permiten la existencia de lucro; estar incorporada a las nuevas normas sobre acceso de equidad; desarrollar programas de reforzamiento y acompañamientos para los alumnos vulnerables, y que se rija por el sistema de aranceles que determine el Mineduc”. (Programa Nueva Mayoría, 2013)
Es evidente que este punto del programa carece de múltiples elementos que deberían surgir en el debate. Por ejemplo, la necesaria libertad de enseñanza, entendida como pluralismo ideológico y universalidad del conocimiento, y no como libertad de elegir y libre empresa. También, la democratización interna, expresada en nuevos estatutos orgánicos y en procesos de triestamentalidad en la toma de decisiones. Son, entre otros criterios y principios, los que se deben imponer desde lo estatal, pues es el Estado el responsable de definir qué es y qué no es público.
Este es el centro del debate, que en esta primera etapa del futuro gobierno se deberá enfrentar. Debemos cuidarnos de las posiciones que buscarán el status quo (como uno podría asumir que existirá en sectores donde se ubicarían, hasta ahora, Brunner y Peña) flexibilizando posiciones e interpretaciones. Pero también, y con el mismo énfasis, de aquellas que buscan (desde concepciones maximalistas y maniqueístas) avanzar todo en el más breve plazo posible (como las que uno supone por su artículo plantea Mayol).
Nicolás Cataldo Astorga. Coordinador Taller de Educación y Cambio Social, ICAL. Profesor de Historia y Ciencias Sociales. Magister © en Educación Emocional