En un primer momento al presidente regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Julio López, los mega proyectos hidroeléctricos no le llamaban mayormente la atención. Sin embargo tras conocer el modo de operar de las empresas y del gobierno, cambió de parecer.
Así lo dio a conocer hace algunos días al ser entrevistado en el programa “La otra cara de la moneda” que la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida emite todos los jueves desde las 15:30 horas en Radio Santa María.
“Dentro del directorio regional de ANEF había dirigentes que estaban en contra del proyecto, uno o dos favor, y yo que era indiferente. Discutimos el tema y cerca de la aprobación (9 de mayo de 2011) tratamos de recopilar antecedentes, pero fue imposible porque la gente tenía mucho miedo a los despidos y represalias” recordó. Fue en ese momento que decidieron hacer un llamado público a realizar denuncias, luego del cual se acercaron algunas personas como la funcionaria de la seremi de Vivienda Susana Niccodemi, por cuyo testimonio se constituyó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados.
El dirigente, periodista de profesión y oriundo de Chile Chico, explicó que Niccodemi denunció ante el Ministerio Público posibles delitos en el informe que su repartición presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental y que facilitó la aprobación de HidroAysén. Paradójicamente el organismo, en lugar de investigar la validez de los antecedentes que aportó, la sancionó con una multa y una anotación de demérito en su hoja de vida. Casualmente a los pocos meses uno de los principales directivos cuestionados, el secretario regional ministerial Nicolás Terrazas, inhabilitado para votar el proyecto por tener conflictos de interés, renunció al cargo en el marco de diversas denuncias por presiones que habría ejercido para favorecer la tramitación de la iniciativa.
López también recordó el caso de la arquitecto Natacha Pot (también de Vivienda) “quien fue despedida siendo dirigente. Se vulneraron sus derechos fundamentales como trabajadora y ciudadana, pues estaba haciendo una denuncia ante la Cámara de Diputados, y sus derechos sindicales supuestamente garantizados por el Estado de Chile en las convenciones ratificadas ante la OIT. Este gobierno persiguió, vulneró y amedrentó a gran parte de los funcionarios públicos que podrían haber hecho denuncias”.
También se dio la situación de Gustavo Saldivia, profesional de la seremi de Desarrollo Social y actualmente dirigente nacional de la asociación de su servicio, quien testificó que su superior directa, la seremi Geoconda Navarrete, lo llamó para pedirle que cambiara un informe, que era negativo a HidroAysén. También fue perseguido mediante sumarios. “Y la seremi lo siguió siendo durante la investigación, luego fue candidata, terminó su tiempo como candidata y volvió al cargo. O sea, el gobierno no tuvo ningún tapujo en proteger a las personas que ejercieron estas presiones indebidas” puntualizó Julio López.
“A partir de toda esta evidencia, de este matrimonio entre HidroAysén y el gobierno, me quedó claro que si ellos ejercían este tipo de presiones, vulnerando la ley para lograr que se apruebe el proyecto, éste no es bueno” concluyó.
Lapidario informe de la Cámara de Diputados
Gracias a los testimonios de estos funcionarios y luego de un año de investigación, el informe de la Comisión Investigadora fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el 12 de abril de 2012 por 41 votos a favor, 23 en contra y 12 abstenciones. Se constituyó así en un documento oficial del Estado de Chile, que constata una serie de irregularidades, presiones e ilegalidades en el marco de la tramitación de HidroAysén.
Hoy el proyecto está a la espera de la decisión que el Comité de Ministros, en este o el futuro gobierno, adopte sobre las reclamaciones que tanto habitantes de Aysén como organizaciones y la propia empresa presentaron contra la resolución de calificación ambiental que dio el visto bueno regional a la iniciativa.