La Alianza recuperó durante las semanas previas a la segunda vuelta, un clásico de los últimos 25 años. En prácticamente todas las elecciones presidenciales levantó la campaña del terror económico, estrategia que no olvidó en los recientes comicios. Lo hizo con Aylwin, con los socialistas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet y lo mismo hasta con Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En todos y cada uno de esos casos quedó demostrado que se trató de una campaña publicitaria, un mero efecto de propaganda desligado de la realidad. Los gobernantes de la Concertación, lo sabemos, no sólo mantuvieron el modelo económico neoliberal instalado en la dictadura, sino que lo profundizaron.
La reciente campaña del terror económico tenía esta vez una mayor base. El programa de Michelle Bachelet, que a grandes rasgos está diseñado para responder a las nuevas demandas ciudadanas, propone transformaciones al modelo no planteadas durante los últimos 25 años. Desde el fin del lucro en la educación, a una reforma tributaria que tiene entre sus objetivos el término del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT). Son, sin duda, ideas incómodas para el gran empresariado y sus agentes políticos.
Ministros de gobierno han relacionado la caída en la inversión con el programa de Michelle Bachelet, relación que si bien es muy difícil de comprobar, podría expresar, como señal, el estado de ánimo entre los grandes empresarios. Como nunca sucedió en las dos décadas precedentes, el gobierno que asumirá en marzo tiene, a lo menos, tres características que lo diferencian de los anteriores de la Concertación: ha definido un programa que en no pocas materias consiste en modificar algunos aspectos del modelo, cuenta con una mayoría parlamentaria para hacerlo, en un clima social muy caliente. Como cuarta diferencia, algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría han anunciado el fin de la política de los consensos.
La caída en la inversión, de la que el gobierno dice que maneja cifras, podría estar relacionada con un cierto “temor” empresarial. Pero lo más probable, tal como la fuerte baja en el Imacec de octubre, con apenas un crecimiento del 2,8 por ciento, es que se trate de una reacción ante un probable futuro escenario de menor crecimiento, en lo cual ni Bachelet ni la Nueva Mayoría tienen responsabilidad. Si 2013 terminará con un aumento del PIB del 4,4 por ciento, para 2014 el Banco Central y organismos internacionales lo cifran en un porcentaje similar.
PARCHES AL MODELO
Bachelet no ha propuesto la desinstalación del modelo, pero sí algunas modificaciones que podrían generar ruido en los sectores afectados. El fin al lucro en la educación, la reforma tributaria que aumenta los impuestos a las empresas desde un 20 a un 25 por ciento, el cambio de la Constitución, son materias que están generando inquietud en no pocos círculos empresariales. Y si la caída en la inversión, tal como afirma el gobierno, es una realidad, estaríamos en presencia de una primera señal de lo que puede constituir una nueva manera de oposición al gobierno fuera del Parlamento. De ser cierto este anuncio del gobierno, la campaña del terror económico podría esta vez ser algo más que mera retórica. Y bien sabemos que una movida de las cúpulas empresariales bien amplificada por sus medios de comunicación tiene tanta o más fuerza que millares en las calles. Del freno en la inversión a la desestabilización económica median pocos pasos, si los intereses se ven realmente amenazados.
Hay que considerar además que el contexto macroeconómico con que se iniciará el segundo gobierno de Michelle Bachelet es muy discreto, pese a las estadísticas de alto empleo, gran parte de ellos precarios y tercerizados. Y es también necesario destacar que 2013 (y probablemente 2014), no ha sido un buen año para los resultados empresariales, con caídas en las ganancias en los grandes grupos. A septiembre, las sociedades anónimas registraron una caída del ocho por ciento en sus utilidades.
Este contexto económico sumado a las propuestas tributarias de la Nueva Mayoría no pasará inadvertido por el poder económico. El nuevo gobierno se ha propuesto recaudar mediante la reforma tributaria para financiar los cambios en educación una cifra equivalente al tres por ciento del PIB, que en cifras absolutas y considerando el PIB de 2012, llegaría a unos ocho mil millones de dólares anuales. Para conseguir esos recursos, elevarán, “en forma gradual”, la tasa del impuesto a las empresas de 20 al 25 por ciento, en un plazo de cuatro años. “Los dueños de las empresas deberán tributar por la totalidad de las utilidades de sus empresas y no sólo sobre las utilidades que retiran, como es ahora. Esta medida será implementada a partir del cuarto año de la reforma. De esta forma se termina con el actual mecanismo del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT)”, señala el programa.
EL NEOLIBERALISMO COMO POLITICA DE ESTADO
Sobre la viabilidad de ésta y las otras grandes reformas, hay diversos puntos de vista. Sin embargo todos coinciden en los obstáculos que tendrá el gobierno para concretarlas. El mayor de todos, que es el núcleo real del problema, es la fusión, desarrollada durante décadas, entre todos los sectores de la economía y el gran empresariado. Todas las áreas de la economía han sido traspasadas a las grandes corporaciones con fines de lucro. Son ellos, con un poder ubicuo, quienes han decidido el destino de las políticas del Estado.
El gobierno de Bachelet no solo tendrá que enfrentarse con el gran poder empresarial para empujar sus programas en materias de educación e impuestos o en la idea del cambio constitucional. Deberá contar con respuestas a muchos proyectos en marcha que son rechazados por la mayoría de la población, como es el caso de HidroAysén, que hasta el día de hoy mantiene un fuerte y persistente lobby para su aprobación.
Las materias energéticas son claves para los proyectos empresariales, por lo que HidroAysén o eventuales otras centrales, como fueron las termoeléctricas durante su pasado mandato, podrían ser focos de conflicto tanto o mayores que una discusión tributaria. En numerosas ocasiones ejecutivos de las grandes corporaciones que procesan recursos naturales han vinculado la caída en la tasa de ganancia con el alto precio de la energía, determinado éste por una supuesta oferta insuficiente.
El modelo neoliberal para mantener su tasa de ganancia ha de mantener un crecimiento constante en sus actividades, que durante las últimas décadas se ha expresado en nuevos espacios de negocios. Bajo esta presión de los grandes inversionistas, durante las últimas décadas los gobiernos del binominal no han hecho otra cosa en la economía que crearle estos espacios a los privados, los que han ido desde la educación, salud, transporte urbano y carreteras, entre muchos otros. Lo hicieron sin mayores obstáculos los cuatro gobiernos de la Concertación, y lo intentó con bastante menos éxito el saliente de la Alianza. El malestar ciudadano que explotó hace más de cinco años por el lucro en la educación impidió continuar consolidando el modelo neoliberal mediante la apertura de nuevos mercados. El freno a la instalación de termoeléctricas y centrales hidroeléctricas, así como la muestra pública del impúdico lucro en instituciones de educación privadas, conseguido por las organizaciones civiles y de estudiantes, son una muestra de la nueva piedra de tope que tiene el poder empresarial.
Todo indica que la ciudadanía se mantendrá alerta y en las calles. Entre las filas de los estudiantes, con un nuevo referente de Izquierda en la dirección de la Fech, ya se han lanzado claras advertencias al nuevo gobierno respecto al cumplimiento de su programa en materia educacional. Y lo mismo puede decirse de los trabajadores, que han comenzado a afianzar nuevas plataformas de lucha sindical que levantan demandas ampliamente compartidas, como el fin de las AFPs, reivindicación que la Nueva Mayoría no ha acogido.
La ubicuidad del poder empresarial no es ajena al nuevo gobierno de Michelle Bachelet. Es por ello que analistas estiman que las reformas planteadas ya han sido consensuadas con los grandes grupos económicos como una forma de gobernabilidad ante una ciudadanía que exige sus demandas en las calles. Bajo este punto de vista, las reformas, tal como ocurrió en el pasado, serían moneda de cambio. Una reforma tributaria más cercana a la que hizo Sebastián Piñera o un término del lucro en la educación superior con ventajas para los actuales operadores, en tanto el resto del modelo se mantendría intacto.
Hay por lo menos dos aspectos a considerar en este argumento que siembra dudas sobre la real eficacia de estas reformas. Como hemos mencionado más arriba, las décadas de neoliberalismo han fusionado al Estado chileno con los intereses del sector privado. La entrega a través de privatizaciones, concesiones y otros mecanismos de todas las actividades humanas al lucro privado, es una muestra de la profundidad del modelo, que está imbricado en la institucionalidad nacional: su piedra basal es la Constitución neoliberal-binominal. Un nudo que también involucra la posición que ha tomado el país en todos estos años en el concierto internacional, ubicación que se caracteriza básicamente por su apertura comercial y facilidades de operación y tributación a los inversionistas extranjeros. Los años de la Concertación tuvieron como marca la suscripción obsesiva de cuanto acuerdo de libre comercio estuviera por delante, los que fueron refrendados como leyes por el Parlamento.
Ha sido la crisis mundial y no otro obstáculo lo que frenó durante el gobierno saliente de Piñera la continuidad de estos tratados comerciales. La inestabilidad económica ha generado un desconcierto comercial y revivido prácticas proteccionistas, circunstancias que han diluido la fe ciega en el libre comercio. Pese a ello, el actual gobierno ha mantenido, sin duda en un menor ritmo, este proceso de liberalización comercial. La Alianza del Pacífico formada en 2011 entre Chile, México, Colombia y Perú, apunta en este sentido, aun cuando también como muro para enfrentarse a las políticas de integración regional, desde el Mercosur a Unasur.
NUEVA VUELTA DE TUERCA
AL LIBRE MERCADO
Pero el nuevo salto se llama Acuerdo Transpacífico, que reúne a doce naciones de la Cuenca del Pacífico, Estados Unidos incluido. Las negociaciones de este nuevo acuerdo, que incluye muchas temáticas, desde la regulación laboral a la propiedad intelectual, comenzaron en 2010 y se han realizado en secreto, de espaldas a la comunidad. Pero en febrero de 2011 se filtró uno de sus capítulos clave, el de propiedad intelectual, que alertó a muchas organizaciones sociales. Entre sus artículos hay una limitación a la libertad de expresión en Internet, y obstáculos al acceso a medicamentos genéricos, al acceso al conocimiento y a la cultura y a los derechos de los consumidores. El uso de transgénicos y las patentes de semillas también estarían bajo el alero de este tratado.
El Acuerdo puede interpretarse como una nueva vuelta de tuerca en la profundización neoliberal, cuya suscripción no sería un hito aislado para el actual gobierno sino parte de un proceso que lleva varias décadas, en el cual los gobiernos de la Concertación tuvieron una función relevante. Si el Transpacífico no logra firmarlo el actual gobierno, es muy posible que el siguiente -de la Nueva Mayoría- lo haga, acción que, pese a las reformas en educación o en impuestos, marcaría nuevamente su sello neoliberal.
Ante la fuerte presión de las grandes corporaciones y ante la fusión del gobierno de la Nueva Mayoría y de sus representantes parlamentarios con los grupos económicos, que frenará o matizará desde fuera y dentro las reformas, existe a partir de 2014 una gran diferencia en el escenario social con el que se enfrentará el segundo mandato de Bachelet. La sociedad civil organizada, desde muchos de sus referentes, ya ha anunciado la defensa de sus derechos mediante las acciones que ya hemos visto en los últimos cinco años. Es posible que veamos a un gobierno asediado por diversos y opuestos flancos. La gobernabilidad esta vez estará vinculada a otro tipo de acciones.
PAUL WALDER
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 796, 20 de diciembre, 2013