Luego de haber sido aprobada en comisión mixta el pasado martes, la “Ley Hinzpeter” fue rechazada por 51 votos en contra y 43 a favor en la Cámara de Diputados.
Esta iniciativa era considerada “clave” en el gobierno de Sebastián Piñera y era parte de una campaña de deslegitimación y criminalización de los movimientos sociales, específicamente el movimiento estudiantil en el 2011.
La Nueva Mayoría se mostró en todas las discusiones en contra. En esta misma línea, Felipe Harboe (PPD) declaró a CNN Chile que “era la crónica de una muerte anunciada. Un mal proyecto tuvo un mal final”. Al finalizar la votación, el diputado de Renovación Nacional (RN), Arturo Squella, acusó a la oposición de haberle “dicho no a la seguridad de la ciudadanía” y al orden público.
Este controversial proyecto de ley ingresó al Congreso el 4 de octubre del 2011. En éste se establece como nuevo delito los desórdenes públicos. Por ejemplo, paralizar o interrumpir algún servicio público; invadir, ocupar o saquear recintos privados, fiscales o municipales tal como las tomas o paros de colegios o universidades; impedir o alterar la libre circulación de personas o vehículos; atentar en contra de carabineros.
De igual forma, buscaba criminalizar a todos quiénes incitaron, promovieron o fomentado “los desórdenes u otro acto de fuerza o violencia”, es decir, aquellos que convocan u organicen serían igualmente sancionados.