En general, en tiempos de elecciones, los candidatos, especialmente los presidenciales, se prodigan en promesas, pero cualquiera persona con un mínimo de educación cívica y espíritu crítico sabe que muchas no se cumplirán. Primero, porque un Presidente de la República no es el dueño del Estado, dividido en toda democracia en una tríada de poderes cuyos componentes son intocables entre sí. ¿Recuerdan, por ejemplo, aquel slogan de Piñera que con él a los delincuentes “se les iba a acabar la fiesta”’? Muchos le creyeron, sin reparar que el Presidente no tiene la menor posibilidad de atrapar, ni juzgar, ni condenar delincuentes; y, bueno, ya ven en qué quedó esa promesa.
Y segundo, porque en el caso de muchos candidatos, si se recorre reflexivamente sus capacidades personales e historia política, quedará al descubierto que ellas no son limpias ni tienen el brillo de su verborrea. Peor aun, aunque las intenciones sean buenas, los poderes ocultos del país –sobre todo, económicos- harán todo por impedir que lo prometido se cumpla.
Pues bien, Michelle Bachelet acaba de declarar textualmente: “tenemos la mayoría parlamentaria necesaria para cumplir lo que prometimos.” En su primera administración, Bachelet tuvo mayoría para producir cambios en el país, y no lo hizo. Ahora, como segura Presidenta, también la tendrá, y con creces. ¿Cumplirá ahora? Si realmente lo quisiera, puede, por ejemplo, llevar adelante una profunda reforma laboral, que, entre otras medidas, contemple el restablecimiento del derecho a huelga en la forma que existe en todo país democrático del mundo, y como lo era en Chile hasta 1979; una reforma laboral que baje la abultada semana de trabajo de por lo menos a 40 horas, que en los países desarrollados (¿no estamos “en las puertas del desarrollo”?) es de sólo 35, y en varios, incluso menos; una reforma laboral que establezca igual salario entre trabajadores de empresas contratistas y empresas mandantes, etc.
También tendrá mayoría de quórum calificado en el Parlamento (a lo menos 61 diputados y 20 senadores), para llevar adelante una justa reforma tributaria; crear empresas del Estado en cualquier sector económico, como ocurre en todos los países del mundo excepto Chile; puede estatizar el Transantiago, como lo propuso Eduardo Frei Ruiz-Tagle en su fallida campaña presidencial de 2009. También puede derogar o reformar el DL 3500 relativo a las infamantes AFP; establecer la gratuidad de la educación pública, recuperar el cobre; y, como se lo permite la propia constitución de 1980, que no niega que el poder político de la nación reside en “la soberanía popular,” puede convocar a una Asamblea Constituyente que someta al veredicto popular una nueva Constitución, y así tengamos, por fin, una Carta que sea realmente legítima.
Objetivamente, no sabemos qué pasará en su gobierno, pero no faltan motivos para ser escépticos. Hay, por ejemplo, compromisos en pleno vigor entre la ex –Concertación y el gran capital financiero nacional e internacional, con leoninos “tratados de libre comercio” y voraces transnacionales (Monsanto, Barrick Gold, entre muchas más) que tienen sus garras clavadas en el país.
Finalmente, está la inveterada cultura de la Concertación de no hacer nada sin el permiso de la derecha dura, por temor a su poder de desestabilización que ésta tiene, por la vía de la economía y militar. Además, ya empezamos mal: falló la ley para reformar el sistema binominal por la ausencia de varios diputados de la Concertación a la sesión en que el tema se discutió.
Si Bachelet no cumple, los partidos de izquierda que se sumaron a la Concertación, el Partido Comunista (PC) y el MAS, serán expulsados del gobierno tal como sucedió con el PC en 1948, o no tendrán otra alternativa que irse a su casa, como lo hizo el Partido Socialista Popular en 1954. Lo concreto es que esta vez, como nunca en el pasado reciente, el sueño de un país más justo es posible, con que sólo la Presidenta cumpla lo que ha prometido.