La próxima elección presidencial tiene un resultado previsible que sólo un acontecimiento extraordinario podría modificar. El triunfo del acuerdo Nueva Mayoría se ha venido construyendo larga y cuidadosamente.
El balance del gobierno de Bachelet fue menos positivo de lo que algunos augurábamos en 2005. El rápido desmontaje por los partidos de la idea del “gobierno ciudadano”, que la candidata agitó como consigna de su campaña, dio paso a un gobierno alejado de los movimientos sociales y sometido a las encuestas. Más tarde, la aprobación del proyecto LEGE, un acuerdo con la derecha que fue calificado como “histórico” y celebrado como tal, sepultó las reivindicaciones de los “pingüinos”. La política energética no tuvo claridad y uno de sus peores resultados fue el aumento de plantas termoeléctricas. La aplicación de la ley antiterrorista a líderes mapuches criminalizó la lucha de ese pueblo. Si bien la responsabilidad respecto al Transantiago es principalmente del gobierno anterior, la decisión de echarlo a andar por motivos financieros se adoptó en el gobierno de Bachelet.
A pesar de estos y otros errores, los equipos de gobierno acertaron en el manejo mediático y la Presidenta finalizó su mandato con una alta aprobación ciudadana. La principal estrategia fue su abandono del ejercicio ejecutivo de la presidencia para asumir un rol más ceremonial y de representación. Los capitales políticos personales que posee Bachelet facilitaron mantener y aumentar la alta estima que le tiene la ciudadanía: es una socialista que luchó contra una dictadura de la que fue víctima directa, exhibe una vida personal honesta, representa un hito cultural al haber sido la primera mujer electa Presidenta y expresa una sensibilidad social que su gobierno tradujo en ciertos beneficios para los sectores más desposeídos.
Para conservar ese patrimonio acumulado se optó por mantener a la candidata en silencio durante más de tres años. Esa decisión pragmática le ha permitido manejar los tiempos de su programa y una evidente ambigüedad sobre los aspectos más sensibles para la estabilidad del pacto que la apoya. Cuando llegue el momento, el trámite parlamentario de las propuestas hará evidente que las diferencias abarcan prácticamente todas las áreas y que el gobierno de Bachelet se tensionará en un marco de constante negociación dentro de la futura coalición de gobierno.
Durante la campaña, a pesar de los odiosos ataques de la derecha, Bachelet ha mantenido un sólido apoyo y un bajo nivel de polémica con sus adversarios. En la recta final enfrenta con clara ventaja a una derecha política colapsada, escindida entre conservadores y populistas y cuestionada por los liberales que Piñera quiere representar. Por su parte, la izquierda aceptó tempranamente la fragmentación como destino. Sus grupos más organizados optaron por su propio perfilamiento o por crecer vía pacto electoral con la Concertación. Otros segmentos, en principio clasificables dentro de la matriz de izquierda, han dado a entender o postulado que izquierda y derecha son referentes superados. De esta manera, a la ausencia de esfuerzos unitarios que habilitaran una candidatura de izquierda fuerte, se suma la renuncia de algunos a una memoria y a una referencia que han constituido históricamente un signo irremplazable para que la ciudadanía adopte sus decisiones. Al desvanecer a la izquierda, borran también a la derecha y ésta se beneficia de la desaparición de su principal enemigo y gana invisibilidad.
Entonces, el paisaje político no propone en lo inmediato grandes novedades. Pero emergen cuestiones que es preciso considerar en una perspectiva de mayor plazo.
Las elecciones parlamentarias pueden significar avances. No es imposible que la Concertación y su pacto obtengan una mayoría en ambas cámaras, un hecho positivo, salvo que la Concertación, como ya ocurrió en el pasado, no sepa qué hacer con esa mayoría o no quiera aplicarla. La elección de varios candidatos comunistas, socialistas allendistas, de Izquierda Ciudadana, de Izquierda Autónoma o de algunos socialistas, fortalecería una presencia más comprometida en el Congreso. Una camada de dirigentes jóvenes que participaron activamente en las movilizaciones del 2011 —Vallejo, Figueroa, Cariola, Jackson, Boric, Daniela López— ha hecho una activa campaña e incluso algunos serán electos.
El movimiento ciudadano por una Asamblea Constituyente ofrece una posibilidad de hacer valer la opinión sobre este tema al momento del sufragio. Sin embargo, al no estar concordado con las diversas candidaturas, ha enfrentado resistencias de candidatos temerosos de que sus votos no sean computados. Por eso no tendrá todo el impacto que sería deseable, aunque su contribución ha sido valiosa. En este ámbito hay que lamentar que la idea de aprovechar el operativo electoral nacional para una urna adicional donde se recogiera la opinión sobre la nueva Constitución, iniciativa que se planteó en 2009 con el nombre de “cuarta urna”, no haya logrado ni siquiera una promoción significativa. Por motivos no explicitados ninguna fuerza propuso este procedimiento participativo y democrático.
El nuevo gobierno podría tener una favorable oportunidad. Pero no hay razones para aseverar que sabrá asumirla. Una percepción puramente racional, basada en el actual estado de la política y de los partidos, indicaría más bien lo contrario. Resta la expectativa no fundada —una esperanza deseosa, casi una ilusión— que gobierno y partidos asuman un legítimo entendimiento con los movimientos sociales y la ciudadanía organizada a fin de acumular una fuerza de tal magnitud que abra el camino a transformaciones profundas.
Es difícil que en el tiempo próximo la izquierda alcance una configuración orgánica. Pero es posible aspirar al menos a que en sus relaciones predominen fuerzas centrípetas que avalen una convergencia mínima. Para intentarla es preciso aceptar con realismo las opciones presidenciales que han asumido sus diversos segmentos y reconocer también las razones de quienes han optado por no comprometerse con ninguna. Una plataforma de objetivos básicos debiera potenciar esa convergencia: Asamblea Constituyente, educación pública y gratuita, recuperación de riquezas básicas, tributos justos, legislación protectora del trabajo, energía limpia y sustentable, no discriminación, regionalización y descentralización, reconocimiento de derechos de los pueblos originarios, igualdad de género, son puntos principales.
Y es de esperar que, de una vez por todas, los desafíos del futuro obliguen a apretar filas.