La Fundación Ciudadano Inteligente, una organización que hace seguimiento a las actividades de la clase política y su financiamiento, ha centrado su atención durante los últimos meses en las actuales candidaturas. Pese a haber demandado información sobre las fuentes de financiamiento de la campaña que está en pleno apogeo, ninguno de los aspirantes a la Presidencia de la República ha entregado información.
Esta misma organización logró hace unos meses obtener algunas cifras de los participantes en las primarias, información que -sin llevar a sorpresa- es de interés ciudadano. Los principales flujos de recursos proceden del empresariado, dato conocido, sin embargo no desde las cuentas de los más poderosos. De esta manera, durante la campaña de las primarias esta fundación obtuvo información bastante detallada de lo recibido por Andrés Velasco, Claudio Orrego y José Antonio Gómez. Y algo de Michelle Bachelet. Ni un número recibieron de la Alianza, lo que no es una simple omisión u olvido, como veremos.
En el caso del radical Gómez, los fondos recibidos sumaron 70 millones de pesos, de los cuales 50 millones vinieron del partido. El resto lo completaron aportes del propio Gómez y de dos o tres personas. La campaña de Claudio Orrego costó 157 millones, entre los que destacaron los aportes anónimos, aportes reservados a través del Servicio Electoral (Servel) por 37 millones, donaciones por 17 millones, ingresos por actividades de ayuda, como una cena, por 24 millones, más otros menores. Andrés Velasco reunió 168 millones. A diferencia de los otros candidatos, estos recursos tienen nombres y apellidos, entre los que destacan las donaciones de Juan José Santa Cruz (dueño de la aseguradora Conosur y hermano de Andrés Santa Cruz, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio), con 25 millones, Rafael Guilisasti (dueño de la Viña Concha y Toro y ex presidente de la CPC), con otros 25 millones, el propio Velasco, con 15 millones y Tim Purcell (de Linzor Capital), con diez millones. El resto son aportes algo menores, en general de cinco millones por donante, entre los que destaca el nombre del ex ministro de Michelle Bachelet, Marcelo Tokman.
En el caso de Michelle Bachelet, la ambigüedad fue opacidad. Según lo informado a esa fundación, hasta mediados de junio el ingreso total para la campaña de las primarias fueron 215 millones. De éstos, entre 178 y 180 fueron proporcionados por el Partido Socialista. El resto se consiguió a través de cenas de recaudación y remates de obras artísticas. Tal como en el caso de Orrego, aquí tampoco hay una clara referencia que relacione los recursos con personas y empresas.
Pese a las omisiones, por lo menos hay cifras, pero es muy posible que tampoco respondan a la realidad. Es probable que las sumas recibidas no correspondan a las publicadas y sean mucho mayores. Es lo que afirman numerosos especialistas: los candidatos gastan en sus campañas mucho más de lo declarado, para lo cual existen triquiñuelas legales y contables. Por ejemplo, iniciar la campaña antes del periodo oficial, algo que pudimos presenciar en las semanas y meses pasados, actividad que pese a las persistentes denuncias y acciones del candidato ecologista a senador Luis Mariano Rendón, continuó su curso a vista y paciencia de las autoridades, las leyes y los transeúntes. Otros trucos son igual de simples: no cuantificar ni declarar los aportes o rebajar los montos.
Como se pudo ver en las declaraciones de Orrego, Velasco, Bachelet y Gómez, no aparece ningún pez gordo. En realidad nunca aparecen nombres ligados a los grandes grupos económicos, como Luksic, Angelini, Paulmann, Matte, Solari y otros. Estas platas, que todo Chile sabe que llegan a los candidatos -recordemos el impúdico lobby durante la tramitación de la ley de pesca o la reforma a la ley de medicamentos- se mantienen en el anonimato.
LEY 19.884: ¿TRANSPARENCIA O RESGUARDO DE LA OPACIDAD?
El mecanismo de financiamiento está amparado en una ley firmada en 2003 por Ricardo Lagos. Esta normativa, ley 19.884, que buscó transparentar durante la transición el financiamiento, no ha hecho mucho por lograrlo, pese a reglamentar el traspaso de los fondos. Así es como, dice la ley, ninguna persona podrá aportar a un mismo candidato en una misma campaña, una suma que exceda mil UF (unos 23 millones de pesos). En tanto, el total de aportes que una misma persona podrá hacer a distintos candidatos, o a un partido político, no podrá exceder las diez mil UF (unos 230 millones de pesos). A la vez, ningún candidato o partido podrá recibir durante la campaña como concepto de donaciones anónimas más del veinte por ciento del límite de gastos electorales definidos por la ley. Estos aportes anónimos los realiza el donante a través de una cuenta única en el Servel, servicio que le entrega a esa persona un certificado que mantiene su anonimato, el que posteriormente hará llegar al candidato o partido beneficiado. Se estima que un 57 por ciento de los recursos de las campañas son otorgados por privados y empresas a través de este mecanismo.
Para las elecciones parlamentarias y municipales el límite varía en cada candidato, pues el monto se calcula sobre la base de votantes inscritos en la comuna, distrito o circunscripción. En el caso de las candidaturas a presidente de la República, el límite de gasto será equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar por tres centésimos de unidad de fomento el número de electores en el país. Según esta fórmula, en las elecciones pasadas de 2009-2010 el tope máximo se estableció en un poco más de cinco mil millones de pesos. Como veremos, la cifra puede ser enorme y difícil de llenar para una candidatura pobre, pero rígida y limitante para las del binominal. Es por ello que grandes flujos de dinero transitan en la más absoluta oscuridad.
El actual mecanismo tampoco vela por la transparencia. En realidad, reglamenta, limita, ordena un poco, pero resguarda el anonimato. Al final del día, el elector no sabrá nunca quién financia a sus candidatos.
Visto ello, la verdad es que la clase política no tiene gran interés en incorporar nuevos cambios a la ley, que pese a su corta vida muestra múltiples ventanas y agujeros para evitarla. Como en muchas otras áreas de la vida política y económica, en este caso la clase política binominal prefiere seguir ocultando a sus benefactores, lo que no siempre logra, como son los casos mencionados de las pesqueras y farmacéuticas, entre muchos otros.
Todos esos aportes se hacen a espaldas de los electores pese a una ley que supuestamente regula esas actividades. En su articulado se estipulan muy claro los límites de las donaciones y las vías para realizarlas, algo que en realidad no se cumple.
FINANCIAMIENTO PUBLICO
DE LAS CAMPAÑAS
Junto a este tipo de financiamiento privado, la ley establece un mecanismo de financiamiento público de 0,03 UF por voto obtenido, el que es útil para los candidatos sin recursos, pero que no significa un apoyo importante para cubrir los gastos de las millonarias campañas de los postulantes del binominal. Por ello, los especialistas, académicos independientes y observadores no ligados a los intereses de los partidos proponen que, teniendo en cuenta la dificultad de prohibir los aportes empresariales, hay que transparentarlos mucho más, de modo que el elector sepa con claridad quién financia a su candidato y qué intereses tiene. De esa manera se evitarían hechos bochornosos como la compra de parlamentarios en la votación de proyectos clave. Junto a las mencionadas leyes de pesca y medicamentos podemos añadir la recién aprobada ley de televisión digital, que ha sido confeccionada a la medida de los intereses de los canales.
Es necesario aumentar el financiamiento público. De esa manera los candidatos podrían competir en igualdad de condiciones y se tendría como efecto una mayor honestidad en la política. Una necesidad que difícilmente podrá ser despachada por un Parlamento binominal que ha demostrado velar solo por sus intereses.
En este contexto se mueven miles de millones de pesos, cifra que supera con creces a los montos informados. Es lo que denunció hace unos años el investigador Claudio Agostini al afirmar que es muy probable que existan volúmenes importantes de financiamiento de campañas que todavía se realizan a través de mecanismos informales. Lamentablemente, no es posible estimar su magnitud, por lo que su proporción queda en duda. La percepción de estas inversiones tendremos que extraerla de nuestra visión de la propaganda electoral en las calles, de las cuñas radiofónicas y las inserciones en la prensa.
La diferencia de precios depende del volumen y la calidad, pero existen aproximaciones. Una gigantografía puede costar entre 200 mil y 500 mil pesos; el lienzo sintético para las “palomas” más el bastidor sale unos cinco mil pesos, los folletos o volantes entre 20 y 30 pesos la unidad, un afiche de cuatro colores entre 40 y 60 pesos, los servicios de amplificación para un evento no bajan de los cien mil pesos y los honorarios de un banderista, de los diez mil pesos diarios. Por su parte, y considerando las diferencias de precios según emisora y horarios, un contrato mensual en una radio de cobertura nacional y alto rating puede superar los diez millones de pesos. En la prensa también hay diferencias, pero una página completa en un periódico de alcance nacional varía entre cinco y diez millones de pesos.
LOS 2.500 MILLONES DEL
CREDITO A MICHELLE BACHELET
Como punto de comparación en cuanto al total de gastos electorales que podrían hacerse en las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales del 17 de noviembre, están las pasadas elecciones de 2009-2010. En esa ocasión se gastaron casi 33 mil millones de pesos, cifra que fue un diez por ciento mayor a los comicios anteriores, de 2005-2006. De este total, un 57 por ciento se obtuvo por donaciones privadas, un 16 por ciento por aportes estatales y el resto corresponde a recursos de los candidatos y créditos privados. Para Agostini, la ley ha permitido transparentar una fracción de los gastos, sin embargo destaca que siguen existiendo donaciones ilegales. Si bien el financiamiento que provee el Estado es importante, el privado es 3,5 veces mayor.
Los datos más interesantes de esta investigación se relacionan con el destino de las donaciones, con fuertes desigualdades por coalición como por partidos. Al comparar las dos principales coaliciones, el financiamiento privado favoreció fuertemente a la Coalición por el Cambio (derecha) en el caso de los diputados, con 4,08 veces el monto total recibido por los candidatos de la Concertación. Por su parte, los ingresos totales de cada candidato fueron disímiles, desde cinco mil millones para Piñera hasta 167 millones para Jorge Arrate. Piñera tuvo ingresos totales por 1,6 veces los de Frei, Frei por el doble que Marco Enríquez-Ominami y este último, por nueve veces los de Arrate. Para los candidatos Frei, Enríquez-Ominami y Piñera, la suma de aportes reservados más los créditos financieros representaron la mayor fuente de ingresos para financiar sus campañas electorales, con un 66, 65 y 78 por ciento respectivamente. En cambio los ingresos de Arrate provinieron mayoritariamente del reembolso que entrega el Estado.
Sobre los datos del Servel, los investigadores Kenneth Bunker y Sergio Acevedo han hecho estimaciones más precisas. Por ejemplo, una candidatura a diputado por Santiago costó en 2009 entre 40 y 75 millones de pesos; y una al Senado, en 2005, alcanzó hasta 355 millones de pesos. Esta investigación, del mismo modo que otras, está elaborada sobre los datos oficiales y deja en claro la fundada sospecha de la cantidad de recursos que se mueve en la oscuridad.
Sobre estas cifras podemos darnos una idea de cómo irá la mano en esta campaña. Y ya hay cifras de miedo, como lo ha sido el crédito de 2.500 millones de pesos que Michelle Bachelet ha pedido al BancoEstado. La cifra es alta y una señal, ya que es la mitad de lo que Piñera gastó, por lo menos oficialmente, durante toda su campaña 2009-2010. En cualquier caso, Bachelet tiene un techo alto. Según el Servel, el tope legal por candidatura para los comicios presidenciales es de nueve mil millones, lo que supera con creces la anterior.
Hay otro cálculo a vuelo de pájaro que puede servir para una estimación de gastos en la campaña de Bachelet. Durante las elecciones pasadas los créditos en promedio no llegaron al veinte por ciento del total de gastos por campaña, por tanto estaríamos en presencia de una estrategia millonaria. Siguiendo esta lógica, el resto debiera sumar al menos diez mil millones. Es decir, Bachelet estaría desarrollando una megacampaña de 12.500 millones de pesos. Una suma que sería un tercio de todo lo gastado por todos los candidatos en 2009, o varios miles de millones por sobre lo legal.
La pregunta es cuál es el origen de esos fondos. La respuesta, al considerar la extrema concentración de la riqueza en Chile, está clara. Sólo puede venir desde los grupos económicos.
PAUL WALDER
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 792, 25 de octubre, 2013