El caso que la prensa económica ha denominado “Cascadas” y que tiene como centro al presidente de la empresa Soquimich (SQM), el ex yerno de Pinochet Julio Ponce Lerou, se amplía con el correr de los días e involucra a la crème de la crème financiera. El caso, que ya trasciende a la regulación por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), ha ingresado de lleno en la justicia penal. Más que “irregularidades” u operaciones al borde de la normativa, lo que tenemos es un caso de estafa de cuello y corbata que podría ser mayor al de La Polar.
Básicamente, se trata del uso de información privilegiada por parte de los dueños, ejecutivos y amigos de SQM a través de la compra y venta de acciones cuyo rédito ha ido en beneficio propio y en perjuicio de muchos. Julio Ponce Lerou, que se hizo de la estatal Soquimich durante la dictadura de su entonces suegro, montó una madeja de sociedades de papel bajo un esquema de cascada, para traspasar entre ellas acciones de empresas relacionadas cuya variación de precios conocía de antemano. Primero corrían aguas abajo para más tarde remontar el río. En el trayecto, navegado en la Bolsa de Comercio, se hicieron los negocios.
Las características de este caso son especiales por cuanto si bien puede ser similar a otras decenas de estafas de cuello y corbata detectadas, tiene elementos que son simbólicos. En los delitos están involucrados empresarios y ejecutivos no sólo de la mayor estirpe financiera, sino miembros de la oligarquía, de la denominada aristocracia chilena. A este rasgo le añadimos otro, ya bastante usual: las irregularidades y delitos cometidos por Ponce en la actualidad no se diferencian en nada de la génesis de sus negocios, que datan de las fraudulentas privatizaciones de la dictadura. En esta línea oscura y pantanosa podemos mencionar a José Yuraszeck en la también privatizada Endesa y el posterior caso de las sociedades denominadas Chispas. En esas operaciones, Yuraszeck y sus secuaces estafaron a capitalistas populares y a grandes corporaciones. Estos elementos, que van desde el origen y las bases del modelo neoliberal hasta el corazón de sus más prestigiados operadores, no pueden ni deben considerarse como un caso aislado: así funciona el modelo de libre mercado desregulado.
AGUAS PUTREFACTAS
El destape de esta nueva estafa, que debiera alertar en algún momento a las organizaciones de trabajadores por la participación de manera indirecta pero escandalosa de los fondos de jubilaciones depositados en las empresas de Ponce Lerou a través de las AFPs, ha salido a la luz pública tras una larga y minuciosa investigación realizada por la SVS que preside Fernando Coloma (economista independiente pese a ser hermano del senador UDI Juan Antonio Coloma). Hasta el cierre de esta edición de PF, el mayor torrente de información se conoció cuando el documento, de más de 300 páginas, se filtró a la prensa financiera. Allí saltaron nombres de conspicuos financistas y operadores bursátiles con los cuales Ponce Lerou hacía sus negocios. A los cómplices directos de Ponce, entre ellos Aldo Motta, gerente general de las “cascadas” Norte Grande, Oro Blanco, Potasios y Pampa Calichera y el gerente general de Potasios y director de las sociedades “cascadas” Patricio Contesse Fica -hijo de Patricio Contesse González (presidente de Codelco durante la dictadura)- y el asesor de Ponce, Roberto Guzmán Lyon, se suman otros de la más alta estirpe financiera local. La investigación de la SVS filtrada a la prensa menciona a Leonidas Vial, socio de la principal empresa corredora de la Bolsa, LarraínVial. Según Poderopedia, Vial es vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, dueño de la sociedad Inversiones Saint Thomas (la SVS la mira con lupa por su participación en el tinglado de Ponce) y socio de Blanco y Negro, la concesionaria que administra Colo Colo. Comparte además sociedad en Empresas CIC con José Yurasezck, presidente de Azul Azul, firma encargada de la concesión del club de fútbol Universidad de Chile.
MODUS OPERANDI
El informe describe el modus operandi de Ponce y sus secuaces. De partida, la SVS apunta al ex yerno de Pinochet como el cerebro de la estafa, al que acusa de ser su “ideólogo y promotor”. Así es como entre 2009 y 2011 realizaron cientos de transacciones bursátiles con acciones de Calichera A, Oro Blanco y SQM-B, las que tenían un patrón común: las “cascadas” vendían estos títulos a sociedades ligadas a Guzmán Lyon, Vial y al mismo Ponce, entre otros, a precios bajo el mercado, las que volvían más tarde aguas arriba a las mismas “cascadas” a un precio mayor. El circuito generaba ganancias para los empresarios y pérdidas para las “cascadas”. En el trayecto surge un nuevo nombre, Alberto Le Blanc, cuyas sociedades y su corredora bursátil tuvieron un papel muy activo en las operaciones. Relacionados con Le Blanc emergen otros nombres conspicuos: Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, ambos ejecutivos de la corredora LarraínVial, quienes gestionan los negocios que realiza la firma y su dueño, Leonidas Vial.
El asunto no termina aquí. En el informe de la SVS aparecen mencionadas las principales corredoras de la Bolsa de Santiago, aquellas vinculadas a los principales grupos financieros, desde el Banco de Chile al Banco Santander. Un escándalo que nos lleva de inmediato a recordar no sólo La Polar, sino aquellos que remecieron Wall Street a finales de la década pasada. No son casos aislados. Podemos afirmar que el mercado desregulado está controlado hoy por quienes detentan todo el poder. La ambición sin límites no se conforma con un modelo neoliberal diseñado a su medida, sino que ha de buscar todo tipo de mecanismos para saltarse las mínimas normativas.
LAS AFPS SE QUERELLAN
A diferencia de La Polar, del fraude de Cencosud a sus clientes o del mismo caso BancoEstado, este escándalo ha circulado hasta el momento solo por la prensa especializada. En principio, no habría miles de humildes estafados. Pero la querella interpuesta por las AFPs contra Ponce abre un espacio que lo haría similar. Si las AFPs se sienten perjudicadas en su calidad de accionistas minoritarios que han perdido beneficios en las transacciones fraudulentas, son también sus millones de afiliados quienes resultan afectados. Desde otro punto de vista, debemos recordar que son los trabajadores quienes con sus fondos han estado alimentando a estas sociedades y permitiendo el juego de un grupo de estafadores. Somos los trabajadores el combustible del sistema financiero, energía controlada y apropiada por esas elites.
La SVS ha levantado varios cargos contra Julio Ponce, Aldo Motta y los otros ejecutivos. Pero son estos dos los que más arriesgan, con multas que podrían llegar a unas 15 mil UF o al 30 por ciento de las operaciones irregulares, cuyos montos exactos están aún por establecerse. Pero además enfrentan sanciones penales, en cuanto varios de esos cargos constituyen abiertos delitos. Aquí ingresa la justicia ordinaria, que investiga faltas que debieran ser sancionadas con prisión. Decimos “debieran”, porque al recordar casos como las farmacias o La Polar, las penas no han trascendido de amonestaciones, clases de ética o arresto nocturno en una parcela de agrado.
Hacia la primera semana de octubre, la Fiscalía comenzó a hallar obstáculos y saltaron algunas irregularidades en la investigación, las que estarían relacionadas presuntamente con oscuras presiones. De partida, está el rechazo de Coloma a entregar al fiscal el informe, a lo que argumentó que era información reservada (pero felizmente filtrada a la prensa). A este inicial bloqueo a la difusión de los datos, se sumó el apoyo público y amplificado que le dio a la negativa de Coloma el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Por aquellos mismos días, El Mostrador relacionaba estas declaraciones de Larraín con el fuerte recorte presupuestario para el año entrante que tendría la Superintendencia que preside Fernando Coloma.
El superintendente ha advertido que la investigación está aún en sus inicios, por lo que con el curso de los días, semanas y aún meses, podrían sumarse muchos otros operadores bursátiles de la elite financiera. Al leer el informe, la mención a estas firmas comienza a extender la maraña hacia los nombres más importantes del sistema financiero. Además de Leonidas Vial, de la corredora LarraínVial, aparecen listadas las corredoras de Banchile, del grupo Luksic, y Citigroup, hoy socio del mismo grupo en el Banco de Chile. La SVS menciona al ex gerente de inversiones de Banchile, Cristián Araya, socio de la corredora Tanner. Otra de las firmas mencionadas es Celfin, la segunda corredora chilena, controlada por Jorge Errázuriz y Juan Andrés Camus. Con menos menciones aparece en el informe Corpbanca, de Alvaro Saieh, BCI, del grupo Yarur, y Santander.
Hay más nombres conocidos, que aparecen vinculados con el fondo de inversión Linzor Fund Return, gestionado al momento de las irregularidades por conocidos ejecutivos, tales como Canio Corbo Atria, hijo homónimo del empresario y director de Sigdo Koppers y la Compañía Sudamericana de Vapores, y sobrino del ex presidente del Banco Central, Vittorio Corbo; Nicolás Larraín Hurtado, hijo del presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín; y Tomás Hurtado Larraín, sobrino del controlador de Entel y del holding financiero Consorcio, Juan Hurtado Vicuña. Consorcio, sin embargo, es socio en el gestor privado de fondos Moneda Asset Management, que lidera Pablo Echeverría, y que junto a AFPs como Habitat, Cuprum, Provida y Planvital, lideraron la denuncia contra Ponce, desatando la investigación de la SVS.
PONCE, EN LA INTIMIDAD
DE LA FAMILIA PINOCHET
Cuando el presidente Sebastián Piñera se refirió a los “cómplices pasivos” de la dictadura, es claro que hacía también alusión a estos personajes que estuvieron tras Pinochet para beneficiarse económicamente. Por ello, no podemos dejar de recordar los orígenes de Ponce Lerou, que de un oscuro funcionario público con cargos directivos en empresas del Estado pasó a ser dueño de varias de ellas.
En el clásico y revelador libro de María Olivia Mönckeberg El saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile, el ex marido de Verónica Pinochet Hiriart aparece desde el comienzo como ejecutivo de empresas públicas controladas por la dictadura. Pero es ya entrados los años 80 cuando se le atribuyen grandes compras y posesiones, desde tierras en el sur a activos en las empresas. “Es un hecho evidente que a Julio Ponce Lerou sus cargos públicos y sus lazos familiares le ayudaron a cohesionar una próspera posición económica. Cuando tuvo que alejarse de la actividad pública la tarea ya estaba hecha: ya había logrado amarrar una bien armada red de familiares y socios que -con la venia de militares y del equipo económico civil- alcanzó hasta los principales puestos ejecutivos de las empresas estatales más importantes: Codelco -donde su socio Patricio Contesse llegó a ser vicepresidente-, Soquimich y CAP”.
Pero es en 1987 cuando Ponce irrumpe en gloria y majestad con la privatización de Soquimich, la empresa productora de salitre y yodo de la que había sido ejecutivo en representación del Estado. “Junto a su grupo encabezó la privatización de la productora de salitre natural y yodo. Una herramienta clave en ese proceso ha sido la sociedad de inversiones Pampa Calichera, que es el principal accionista de Soquimich y está bajo el control de Ponce Lerou”. Desde 1987 Julio Ponce Lerou es presidente de Soquimich y su socio, Patricio Contesse, el gerente general de la empresa que cuenta con más de un millón de hectáreas de propiedad minera y ha diversificado su producción incursionando hacia el litio v el cemento. Escribe Mönckeberg que “sólo por concepto de dietas de directorio, Ponce Lerou obtuvo durante 1999 casi 300 millones de pesos en su calidad de presidente del holding Soquimich y de las filiales Nitratos, SQMQ y Salar”. Pero se las arregló muy bien para mejorar más tarde. En 2010, SQM tenía el directorio mejor pagado de todas las empresas chilenas, y Ponce era el director estrella: ganó 1.599 millones de pesos sólo en esa empresa.
PAUL WALDER
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 791, 11 de octubre, 2013