El abogado y columnista Jorge Navarrete elogió la decisión tomada por el Presidente Sebastián Piñera de cerrar el penal Cordillera, lugar donde estaban recluidos 10 ex militares condenados por violaciones a los derechos humanos, hablando de vergüenza y responsabilidad de la Concertación por la instalación de este recinto.
En su habitual columna en La Tercera, Navarrete comienza su análisis haciendo un mea culpa respecto a lo severas que son sus columnas contra Piñera, afirmando que “no creo que el análisis político pueda ser neutral y ciertamente resulta difícil ser completamente objetivo. De algún modo, somos todos hijos de una historia, circunstancias, ideas y también prejuicios, que van modelando nuestra forma de observar y juzgar los acontecimientos”.
Sin embargo, en el caso del cierre del recinto señala que hay reconocer los méritos del adversario, “más todavía cuando se trata de acciones que desnudan las carencias y miserias propias. Es el caso de la reciente decisión del Presidente Piñera de poner término a los privilegios del penal Cordillera, donde, como sabemos, permanecen recluidos ex militares condenados por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura”.
El abogado expone que la privación de libertad apunta a sacar de circulación a delincuentes y criminales, recluyéndolos en recintos habilitados y por un lapso de tiempo que fija la condena, lo cual en un principio no es incompatible con el hecho de dar facilidades para que ese periodo no sea una tortura para el recluso.
Por lo tanto, “puestas así las cosas, el hecho de contar con espacios o utensilios de esparcimiento, celdas dignas, comida decente, un régimen generoso de visitas o incluso la existencia de una piscina no debería ser una cuestión motivo de reproche”.
“El punto que aquí se discute tiene que ver con la discriminación, desigualdad y arbitrariedad de nuestro sistema carcelario; más todavía sopesando la situación en la que se encuentra la inmensa mayoría de la población penal. De hecho, si todos los privados de libertad tuvieran acceso a dichas comodidades, nada de lo que hoy ocurre en las “cárceles” para ex militares resultaría cuestionable. Por el contrario, soy de la opinión que sería muy deseable que todos nuestros recintos penitenciarios exhibieran los estándares del penal Cordillera”, precisa.
En ese sentido, Navarrete explica que resulta intolerable que “hayamos terminado premiando o favoreciendo a un muy pequeño porcentaje de delincuentes, producto de una negociación plagada de eufemismos e hipocresías, que bajo el argumento de proveer de la indispensable seguridad a ciertos reclusos, acabó por condicionar la aplicación de justicia a la existencia de ciertas condiciones y garantías que como sociedad no damos a los otros condenados, por más nimias que sean sus faltas o delitos. Y que nadie se haga el sorprendido, pues se trata de una situación ampliamente conocida por las autoridades y la opinión pública, la que nunca fue posteriormente subsanada, contando con la anuencia y complicidad de los gobiernos de la Concertación”.
Finalmente el abogado y columnista sostiene que existe una paradoja y es que fue un gobierno de derecha el que inició un proceso “para corregir una situación que constituye una afrenta moral para las víctimas de la dictadura y para la memoria colectiva. No juzgaré aquí las motivaciones más político-tácticas que pudieron haber iluminado la decisión de Piñera. Prefiero, simplemente, felicitar al Presidente y reflexionar, no sin algo de vergüenza, respecto de nuestro rol y responsabilidad en esta cuestión”.