Tras los diversos actos de conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, es aún difícil hacer ajustadas interpretaciones y menos establecer conclusiones. Es mucho lo que se ha visto en los medios de comunicación, en diversos y masivos actos, en la circulación de textos simbólicos y otros escalofriantes, o en sorprendentes declaraciones.
Todos y cada uno de estos eventos han generado inmediatas reacciones, las que con el paso de los días y semanas decantarán en la opinión pública. Tendremos que esperar el paso de septiembre para observar si la estridente conmemoración ha tenido también la suficiente profundidad como para consolidar en la memoria colectiva la visión que los medios y el público han tenido del drama nacional que se inició con el golpe de 1973.
Esta tragedia ha estado representada en los medios en la violencia y la crueldad sin límites de las fuerzas armadas. Una representación necesaria, pero limitada. Porque tras los militares, como bien sabe cualquier observador atento, hubo una conspiración realizada por civiles, denunciados con certeza aun cuando con suavidad por el mismísimo presidente Sebastián Piñera cuando habló, en desconcertante declaración, de los “cómplices pasivos”. Hubo millares de civiles cómplices, pero también muchos muy activos.
Hay una interpretación del golpe de Estado que los medios han soslayado de forma interesada. La dictadura fue instalada por los militares, pero a poco andar fueron los civiles quienes edificaron sobre la destrucción y la muerte el sistema económico que más les acomodaba. Fue la oligarquía la que estuvo tras el golpe, la que organizó el país a la medida de sus intereses. Economistas neoliberales con posgrado en la Escuela de Chicago fueron los encargados de pergeñar el diseño económico, que tuvo forma en el documento conocido como El Ladrillo.
En los días de las Fiestas Patrias el candidato presidencial Marcel Claude se refirió a los objetivos que tuvo desde entonces el golpe de 1973. En una entrevista en CNN Chile, Claude dijo que no tuvo otra finalidad que la instalación de un modelo de mercado, vigente hasta el día de hoy. Privatizaciones, fondos de pensiones privados, salud y educación privatizada son consecuencias directas del golpe.
PONCE LEROU: CORRUPCIÓN
DESDE LOS ORIGENES
Por estos mismos días otra noticia circuló por la prensa económica. Un escándalo de corrupción en las altas esferas del sector empresarial tenía sus raíces en esa misma fecha trágica. Julio Ponce Lerou, presidente y controlador de SQM y ex yerno de Pinochet, favorecido con la privatización de la entonces empresa pública Soquimich, enfrenta una querella al utilizar información privilegiada propia de su cargo y obtener ventajas indebidas en la compra y venta de paquetes accionarios. La demanda, que pide una pena efectiva de diez años de prisión, fue presentada por diversas AFPs, como “accionistas minoritarios” que argumentan defender, dijeron en un evidente ejercicio oportunista y retórico, “los intereses de los trabajadores”.
En suma, Ponce Lerou usó información que obtuvo como presidente de SQM y otras empresas relacionadas en beneficio propio en posteriores transacciones bursátiles. Una irregularidad, por denominar esta acción turbia de una manera suave, que ya es frecuente en otros rubros de la economía, todos liberados más que a las “naturales” fuerzas del mercado, al poder e intereses de sus controladores. A las estafas recientes de cuello y corbata de casos como La Polar, los pollos y las farmacias, las Isapres y las universidades, se suma el del ex yerno del dictador.
Este caso tiene un rasgo especial. Esta irregularidad, que es abierta corrupción, tiene como génesis la misma dictadura y la privatización de empresas entregadas a los funcionarios y parientes del régimen. Es entonces, amparado por su suegro, cuando Julio Ponce Lerou aprende a hacer negocios.
CHILE Y SUS OSCURAS
BASES ECONOMICAS
El Chile actual está apoyado sobre esas bases. A diferencia de lo relatado por los medios de comunicación en la conmemoración del 11 de septiembre, el verdadero triunfo de la oligarquía golpista no está fechado en 1973 sino en 1988. Entonces, esta vez sin disparar un tiro, la derecha logra preservar el modelo económico instalado durante los años de la dictadura. De ello, muy pocos hablan. En un artículo aparecido el 11 de septiembre en la edición especial de Clarín, el sociólogo Felipe Portales escribió que “el gran triunfo de la derecha vendría paradójicamente luego de la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988. De acuerdo al propio ‘arquitecto de la transición’, Edgardo Boeninger, el liderazgo de la Concertación experimentó a fines de los 80 una ‘convergencia’ con el pensamiento económico de la derecha (…) Es decir, la cúpula concertacionista se viró completamente hacia la derecha, pero sin querer reconocerlo por temor a un rechazo de sus bases”. La derecha, dice Portales, “para legitimarse y consolidarse requería de un convencimiento que solo podía brindarlo, poco a poco, quien gobernara presentándose como de centroizquierda. Este papel lo desempeñó el liderazgo de la Concertación”.
Las afirmaciones del sociólogo son también una explicación de porqué durante los discursos y acciones de conmemoración nunca fueron mencionados el modelo económico y político como principales objetivos del golpe y la dictadura. No fue recogido ahora como tampoco antes. Las privatizaciones y reconversión neoliberal fueron solo escasa y tímidamente abordadas durante la larga transición.
El primer intento para develar las bases de la actual institucionalidad económica lo hizo la Cámara de Diputados a inicios de los años noventa. Pero el ruido de sables del ejército aún comandado por Pinochet abortó estas voluntades. Tuvo que transcurrir más de una década para que nuevamente la Cámara realizara una investigación, que si bien llegó a término, dejó las cosas tal como estaban. La misma institucionalidad política y económica heredada de la dictadura, la que incluye un sistema de medios de comunicación altamente concentrado y no toca el modelo económico, se encargó de silenciar cualquier debate público sobre esta materia. Pero las conclusiones de la comisión parlamentaria fueron contundentes.
PRIVATIZACIONES:
UNA ESTAFA QUE HOY EQUIVALE
A 17 MIL MILLONES DE DOLARES
Según información proporcionada por la Contraloría General de la República, se estima que sólo por la venta de 30 empresas enajenadas durante el periodo comprendido entre 1978 y 1990, el país perdió más de 2.223 millones de dólares, lo que a 1990 correspondía al 6,4 por ciento del PIB. Si estimamos que el PIB de 1990 era de 34.650 millones de dólares, en cifras de 2004, año de la redacción del informe de la Cámara, las pérdidas llegarían a más de seis mil millones de dólares. Si lo extendemos a 2012, las pérdidas serían equivalentes a 17.152 millones de dólares.
Ante los procedimientos y la legalidad para realizar las privatizaciones, la comisión, tras una larga investigación y entrevistas, escribió: “Fue legal vender en forma directa sin licitación, fue legal que los mismos que diseñaban las privatizaciones y fijaban los precios de las acciones, pudieran posteriormente comprarlas. Fue legal que no se pagaran los préstamos al Estado o que se renegociara cuando se necesitara”. Fue legal porque “nada estaba prohibido y todo podía decretarse con el fin de cumplir con rapidez los objetivos privatizadores que, a juicio de sus partidarios, constituyeron la base del éxito económico que ha caracterizado a Chile en las últimas décadas. Por lo tanto, se debe concluir que todo el proceso privatizador se desarrolló en Chile con normas legales decretadas ad-hoc por una dictadura”.
Uno de los argumentos que se levantaron entonces fue la fragmentación de la propiedad, que daba cuerpo al denominado “capitalismo popular”. Sin embargo, este fue un desvío, un rodeo, que a la brevedad comenzó a modelar la actual concentración de la propiedad. ¿En quienes? Entre los funcionarios y partidarios de la dictadura. Porque “es necesario tener muy claro que el objetivo estratégico de los sectores que dirigieron el proceso 73-90 fue imponer un cambio estructural que transfiriera el poder a un nuevo grupo que se conformaría con los grupos económicos que habían venido formándose en Chile, pero especialmente con los tecnócratas del régimen que diseñaron las privatizaciones y también se apropiaron del patrimonio público, fuera como dueños de las empresas o ejecutivos poseedores de paquetes controladores de acciones. De esta manera se explican hoy las grandes fortunas surgidas en la época”, concluye el informe.
Un proceso de esta naturaleza sólo fue posible bajo dictadura, porque si hubo legalidad en el traspaso de los bienes estatales, ésta fue pergeñada entre cuatro paredes por los mismos compradores. Por tanto, el “proceso privatizador implementado en Chile es totalmente inviable en una sociedad democrática con instituciones sólidas, porque estuvo ajeno a las buenas prácticas recomendadas por los organismos internacionales en torno a las privatizaciones y a las relaciones transparentes entre lo público y lo privado”.
El oscuro proceso de privatizaciones instaló a esos funcionarios de la dictadura entre las cúpulas que manejan la economía chilena e influyen en sus decisiones políticas. Hoy varios de los controladores de los grupos económicos que surgieron tras las privatizaciones corresponden a los mismos que diseñaron desde la Corfo la venta de estas empresas. Entre ellos, se puede mencionar al ya citado Julio Ponce Lerou en la presidencia de SQM, acompañado ahora de dos de sus hijos, nietos de Pinochet; otra destacada figura que surge tras las privatizaciones es Roberto De Andraca, en el holding CAP, o José Yuraszeck, que dio origen al grupo Endesa España con Chilectra, Enersis y Pehuenche, o el grupo Hurtado Vicuña y Fernández León, o el grupo Penta de Carlos Alberto Délano, que hizo su fortuna con la “diseminación de la propiedad” que se perseguía con la creación de las AFPs.
EL LEGADO DE PINOCHET
A más de 25 años del proceso de privatizaciones, estos ex funcionarios se mantienen en las cúpulas económicas y con fuerte influencia en las decisiones políticas. La periodista María Olivia Mönckeberg, autora de El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno (Ediciones B, 2001) hizo una completa descripción de la situación de estos grupos durante su exposición ante la comisión investigadora de la Cámara, e hizo una muy aguda observación. Tras el triunfo del No, en el plebiscito de 1988, el último gabinete de Pinochet tuvo un carácter marcadamente economicista. Y tampoco es una casualidad que el candidato de la derecha para proyectar el régimen de Pinochet fuera el ex ministro de Hacienda, Hernán Büchi. Huelga decir que no fue necesario que Büchi llegara a La Moneda. Todos los ministros de Hacienda de la Concertación, a partir del democratacristiano Alejandro Foxley, se encargaron de cautelar el legado de Pinochet.
Las bien fundamentadas opiniones de Felipe Portales nos obligan a afirmar que la dictadura, en su esencia económica, política, social y laboral, sigue operando en una aparente baja intensidad. Y podemos también afirmar que la legitimación final de aquel poder y del turbio proceso de privatizaciones no lo hizo la derecha, sino la Concertación. Al haber recurrido a los más sorprendentes ejercicios de transformismo político e ideológico, aquellos gobernantes, al certificar un modelo económico, legalizaron también “el saqueo”. A partir de allí todo se conoce muy bien. Las falencias democráticas fueron suplidas por el éxito macroeconómico, en tanto la economía de mercado y su interfaz más doméstica, el consumo de masas, como su elemento democratizador y estrategia comunicacional, pasó, tras un proceso de cuidadoso marketing y publicidad, a conformar el núcleo simbólico y discursivo de los gobiernos.
Hoy, a 40 años del golpe, la sociedad chilena ha comenzado a salir de su aletargamiento y a observar cómo esta dictadura del mercado hace estragos con los bolsillos y la vida de los ciudadanos, enfrentados con los herederos de Pinochet desde la finanzas, la salud o la educación.
¿Tendremos que esperar otros diez años, hasta el 50º aniversario del 11 de septiembre, para conocer el verdadero objetivo del golpe de Estado?
PAUL WALDER
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 790, 27 de septiembre, 2013