“Nuestra justicia es un absceso putrefacto que empesta el aire y hace la atmósfera irrespirable. Dura e inflexible para los de abajo, blanda y sonriente para los de arriba. Nuestra justicia está podrida y hay que barrerla en masa. Judas, sentado en el tribunal después de la crucifixión, acariciando en su bolsillo las treinta monedas de su infamia, mientras interroga a un ladrón de gallinas”.
“Una justicia tuerta. El ojo que mira a los grandes de la tierra, sellado, lacrado por un peso fuerte y sólo abierto el otro, en que se dirige a los pequeños, a los débiles”. (Vicente Huidobro, Balance patriótico).
Los tres tópicos que marcan la actualidad se centran en un solo problema: la justicia, cuya realidad – aplicada hasta hoy – fue descrita, genialmente, por el gran poeta creacionista:
En primer lugar, las víctimas de la dictadura no han exigido a los verdugos civiles, que aplaudieron y apoyaron la dictadura, y que, además, callaron mientras aplicaban los más crueles tormentos a sus connacionales, que pidan perdón luego de cuarenta años de silencio. El acto del senador Hernán Larraín es voluntario, personal y cristiano, pero para que tenga validez exige verdad, justicia, arrepentimiento y reparación y, como estos elementos no se dan en su totalidad, se reduce a un gesto de caballero.
El segundo tema, se refiere a la formalización del padre John O´Reilly, superior de los Legionarios de Cristo, “pastor de vacas gordas”, como diría el novelista Luis Orrego Luco. O´Reilly, director espiritual de la mayoría de los millonarios de Chile, capellán del Colegio Cumbres, -establecimiento para hijos de ricos y otras lindezas más – ha sido acusado ahora de abuso sexual contra dos niñas y requerido por la justicia, pero durante los días previos a su formalización, incluso en el momento mismo del comparendo, se demostró, en toda su desnudez, el carácter clasista de nuestra justicia – la sentencia de Huidobro quedan cortas ante la realidad -: una legión de seguidores, entre los más importantes y ricos del país, publicaron, en El Mercurio y La Tercera, del domingo 25 de agosto, una carta apologética, con firma y número de carnet de identidad incluidos, asegurando la inocencia del sacerdote.
El martes 27, el padre O´Reilly acudió al tribunal acompañado de un gran grupo de “gente bien” de Santiago. La jueza, a cargo de la formalización, en forma inédita, acusó a la fiscalía de falta de objetividad, en consecuencia, sólo aplicó al cura la medida cautelar de no poder salir del país. Según abogados expertos en delitos contra menores, como las penas para estos casos son muy altas, normalmente se aplican medidas cautelares mientras se realiza la investigación. En mi opinión, siempre debe defenderse la presunción de inocencia de todos los imputados, pero en nuestra justicia sólo se aplica para los ricos, que tienen los mejores abogados, y jamás para los pobres, que van a la cárcel hasta por robar una gallina o un mendrugo de pan.
En tercer lugar, los presidentes de la Corte Suprema, durante el período dictatorial, convirtieron la justicia en la “ramera del poder”. Por ejemplo, el presidente Enrique Urrutia Manzano que durante todo su período fue servil a la Junta de gobierno, negó todos los recursos de amparo presentados por los abogados de los detenidos por los organismos de seguridad, teniendo en su negra conciencia la responsabilidad de muchas muertes, torturas y desaparecimientos de chilenos; la misma política fue seguida por José María Eyzaguirre (1975-1978) ; le siguió Israel Borques (1978-1983), quien llegó al extremo de decir que “lo tenía curco el problema de los desaparecidos”. Luego de cuarenta años del golpe militar, ni la Corte Suprema, ni sus presidentes han pedido perdón y ninguno de ellos ha sido recriminado ni juzgado por prevaricación.
Nada ganamos con hablar de reconciliación que, en discurso del duopolio, tiene una significación inaceptable: que las víctimas olviden el daño sufrido, que acepten migajas como reparación y que, además, tengan que aplaudir el repugnante espectáculo en que conviven verdugos con las víctimas. Tener que aceptar que entre las autoridades del país haya ministros que colaboraron con la dictadura, un ex alcalde, por ejemplo, Labbé, que según testimonios, fue torturador en Tejas Verdes, y un diputado, acusado de haber pertenecido a la DINA, amén de los miembros de un Partido, la UDI, francamente heredero del ideario de Augusto Pinochet – es un verdadero contrasentido, que solamente puede venir de mentes farisaicas.
En la conciencia de un importante sector de la Concertación estará siempre la cobardía con que actuaron respecto a la prepotencia militar ya en democracia. Nunca se podrá olvidar que Eduardo Frei y el socialista José Miguel Insulza, ministro del Interior, hicieron lo imposible para traer de vuelta a Pinochet desde Londres, cuando todas las instancias judiciales y el equipo médico lo tenían condenado a la cárcel en España, y sólo la súplica del gobierno chileno lo salvó pretextando demencia. En su memoria, el ministro del interior inglés de la época, en blanco y negro muestra, claramente, la actitud de estos personajes, que quedarán en la historia como cómplices de la impunidad.
Van a pasar muchos años y la justicia continuará siendo la defensora de los ricos y poderosos, y la enemiga, de los pobres y las víctimas del terrorismo de Estado.
Rafael Luis Gumucio Rivas
28/08/2013