El diputado Guillermo Teillier señaló que es necesario recuperar el rol público de Televisión Nacional mediante la ampliación del Directorio, no restringido al cuoteo político binominal. “Lo anterior debiera ser complementado por la iniciativa de otorgar rango constitucional a la facultad del Estado de crear y gestionar y financiar medios de comunicación públicos en su definición más pura, es decir, medios de carácter estatal, no gubernamental”.
El diputado Guillermo Teillier, a nombre de la Bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, fijó posiciones respecto a la discusión de la llamada “Ley Corta” de Televisión Nacional de Chile, precisando que el proyecto enviado por el Ejecutivo tiene la negativa característica de centrar “su preocupación en obtener mejores condiciones de explotación comercial” del Canal, “sin profundizar en el problema del rol de servicio público” de TVN.
Además, señaló que si no se corrige la “estructura del Directorio” se amplía el “ámbito de televisión comercial”, alejando a TVN del “concepto de televisión pública”.
En otra parte de su intervención Guillermo Teillier manifestó: “Es necesario recuperar el rol público de Televisión Nacional mediante la ampliación del Directorio, no restringido al cuoteo político binominal. Lo anterior debiera ser complementado por la iniciativa de otorgar rango constitucional a la facultad del Estado de crear y gestionar y financiar medios de comunicación públicos en su definición más pura, es decir, medios de carácter estatal, no gubernamental…”
La siguiente es la intervención completa del diputado Guillermo Teillier ante la Cámara de Diputados:
En el curso de las últimas dos décadas, la configuración del escenario mediático heredado por la Dictadura no sólo se consolidó sino que se profundizó. La concentración de la propiedad de los medios de comunicación es un proceso que se presenta en todas las plataformas: en la prensa escrita, la televisión y la radio, alcanzando Chile el índice de concentración mediática más alto de América Latina.
Esta es una situación que afecta la pluralidad y los derechos a la información y libertad de expresión en nuestra sociedad y tiende a darle mayor importancia a medios como Televisión Nacional, considerados medios públicos. Lo cierto es que Chile tiene que caminar hacia otro sistema de medios de comunicación.
Y se puede resumir en tres grandes líneas. El establecimiento de límites a la propiedad de los medios, el ejercicio al derecho a la información y a la libertad de expresión en sectores populares y medios comunitarios y la revalorización del Estado como actor en el campo comunicacional, expresado en la creación y o fortalecimiento de los medios públicos.
Estos procesos en curso significan, por lo pronto, una derrota ideológica sobre el concepto “libertad de prensa”, que se tiende a traducir en libertad de empresa e iguala y condiciona la libertad de expresión al poder económico.
Hay que considerar que el actual escenario internacional crea condiciones que permiten plantear la demanda por un sistema político que garantice la libre expresión y el derecho a la información de las mayorías.
El control oligopolio de los grandes medios de comunicación por parte de conglomerados que defienden un solo modelo de sociedad, restringe la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos.
La satisfacción de estos derechos es una condición necesaria para una verdadera democracia que respete y reconozca la diversidad política e ideológica y cultural existente en nuestra sociedad.
Desde esa perspectiva, sólo la existencia de un sistema de medios de comunicación pluralistas, permitirá la deliberación y la participación de las mayorías en los procesos de toma de decisiones. Para ello resulta indispensable que en una nueva Constitución se garantice y se incorpore el enunciado del derecho a la comunicación social de todos los ciudadanos, que integra la libertad de expresión y el derecho a la información, estableciendo que todos los individuos tienen derecho no sólo a recibir información y opinión, sino también a difundirla por cualquier medio de comunicación y que se garantice su cumplimiento y extinción al conjunto de la sociedad civil sin discriminaciones ni sujeción a limitaciones económicas, ideológicas o culturales.
Se debiera promover una nueva institucionalidad de las comunicaciones sociales que contemple el reconocimiento de tres sectores de medios en Chile, siendo éstos, los medios de comunicación públicos y estatales, los privados comerciales y los comunitarios y ciudadanos sin fines de lucro.
Sólo la existencia reconocida de estos tres sectores de medios con vocaciones, objetivos y características distintas, generará el escenario propicio para representar distintos sectores de la ciudadanía y garantizar su pluralidad, diversidad y contribución al fortalecimiento de la democracia.
De acuerdo a los problemas del sistema de comunicaciones y prensa en Chile, y en especial de Televisión Nacional, resulta cuando menos curioso que el Ejecutivo tenga preocupación especial por aprobar un proyecto de ley que centra su preocupación en obtener mejores condiciones de explotación comercial, sin profundizar en el problema del rol de servicio público de la estación televisiva.
Consideramos que si se reforma la Ley de Televisión Nacional sin una corrección de la estructura y posición del Directorio y de la construcción de contenido de la red estatal, no representa una intención de real contrapeso con la televisión comercial si no todo lo contrario, se persigue ampliar su ámbito de televisión comercial y en ese sentido profundizar su distancia con el concepto de televisión pública.
Resulta ser una gran simplificación del problema del canal público.
Si se apruebe este proyecto de ley, sería una señal de que, por ejemplo, la televisión digital no será aprovechada para fortalecer la oferta televisiva y por ende la democracia, sino todo los contrario, será entendida como un mero instrumento de mercado, que continúa concentrándose en la misión mediática.
Es necesario recuperar el rol público de Televisión Nacional mediante la ampliación del Directorio, no restringido al cuoteo político binominal. Lo anterior debiera ser complementado por la iniciativa de otorgar rango constitucional a la facultad del Estado de crear y gestionar y financiar medios de comunicación públicos en su definición más pura, es decir, medios de carácter estatal, no gubernamental, lo cual hoy no es posible dada la definición rectora del Estado como subsidiario.-