El 9 de julio, la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó una sesión especial para discutir la escandalosa conducta de los estados europeos que se negaron a permitir que el avión gubernamental del presidente boliviano Evo Morales entrara en su espacio aéreo.
Morales volaba a su país después de asistir a una reunión cumbre en Moscú el 3 de julio. En una entrevista allá, comentó que estaba abierto a ofrecer asilo político a Edward J. Snowden, ex contratista de la agencia estadunidense de espionaje, a quien Washington busca por cargos de espionaje y quien se encontraba en el aeropuerto de Moscú.
La OEA expresó solidaridad con Morales, condenó los actos que violan las reglas y principios del derecho internacional, tales como la inviolabilidad de los jefes de Estado, e hizo un firme llamado a los gobiernos europeos –Francia, Italia, Portugal y España– a explicar sus acciones y disculparse por ellas.
Una reunión de emergencia de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) denunció la flagrante violación de los tratados internacionales por las potencias europeas.
También jefes de Estado latinoamericanos se sumaron. La presidenta Dilma Rousseff, de Brasil, expresó indignación y condena a la situación impuesta al presidente Evo Morales por algunos países europeos y advirtió que esta grave falta de respeto a la ley compromete el diálogo entre los dos continentes y las posibles negociaciones entre ellos.
Los comentaristas fueron menos reservados. El politólogo argentino Atilio Borón llamó a Europa la puta de Babilonia, que se inclina ante el poder.
Con virtualmente idénticas reservas, dos estados rehusaron firmar la resolución de la OEA: Estados Unidos y Canadá. Su creciente aislamiento en el hemisferio, a medida que América Latina se libera del yugo imperial luego de 500 años, tiene significación histórica.
El avión de Morales, que acusaba problemas técnicos, recibió autorización de aterrizar en Austria. Bolivia afirma que registraron la nave para descubrir si Snowden iba a bordo. Austria responde que no hubo una inspección formal. Cualquier cosa que haya ocurrido, se hizo atendiendo advertencias de Washington. Más allá, la historia es borrosa.
Washington ha dejado en claro que cualquier país que se niegue a extraditar a Snowden enfrentará duro castigo. Estados Unidos lo perseguirá hasta el confín de la Tierra, advirtió el senador Lindsey Graham.
Sin embargo, voceros del gobierno estadunidense aseguraron al mundo que Snowden recibirá plena protección de las leyes estadunidenses. Se refieren a esas mismas leyes que han mantenido al soldado Bradley Manning (quien entregó un vasto archivo de documentos militares y diplomáticos a Wikileaks) en prisión durante tres años, gran parte de ellos en confinamiento solitario bajo condiciones humillantes. Hace mucho tiempo que se perdió la noción arcaica de un proceso expedito ante un jurado de iguales: el 30 de julio, un consejo de guerra encontró a Manning culpable de cargos que podrían conducir a una sentencia máxima de 136 años en prisión.
Al igual que Snowden, Manning cometió el crimen de revelar a los estadundiense –y a otros– lo que hace su gobierno. Es una grave ruptura de la seguridad en el sentido operativo del término, familiar a quien haya estudiado alguna vez documentos desclasificados. Típicamente, seguridad significa proteger a los funcionarios gubernamentales de la mirada del pueblo ante el cual son responsables… en teoría.
Los gobiernos siempre han argüido la seguridad como excusa: en el caso de Snowden, seguridad ante un ataque terrorista. Este pretexto viene de un gobierno que realiza una gran campaña terrorista internacional, con drones y fuerzas de operaciones especiales, que produce terroristas potenciales a cada paso.
Su indignación no conoce fronteras ante la idea de que alguien perseguido por Estados Unidos reciba asilo en Bolivia, que tiene un tratado de extradición con Washington. Algo que extrañamente falta en el tumulto es el hecho de que la extradición funciona en los dos sentidos… en teoría, una vez más.
En septiembre pasado Estados Unidos rechazó una petición formulada por Bolivia en 2008 para extraditar al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni, con el fin de que enfrentara cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, sería un error comparar la solicitud boliviana con la de Washington, aun en el supuesto de que ambos casos tuvieran mérito comparable.
La razón fue proporcionada por San Agustín en su cuento acerca del pirata a quien Alejandro Magno preguntó: ¿Cómo te atreves a molestar al mar? El pirata respondió: ¿Cómo te atreves tú a molestar al mundo entero? A mí, que lo hago con un pequeño barco, me llaman ladrón; a ti, que lo haces con una gran armada, te llaman emperador.
San Agustín considera elegante y excelente la respuesta del pirata. Pero ese antiguo filósofo, obispo en el África romana, es sólo una voz del sur global, que se puede fácilmente hacer a un lado. Las mentes refinadas modernas comprenden que el emperador tiene derechos a los que personas pequeñas como los bolivianos no pueden aspirar.
Goni es sólo uno de muchos a los que el emperador prefiere no extraditar. Otro caso es el de Luis Posada Carriles, descrito por Peter Kornbluh, analista del terrorismo en América Latina, como uno de los terroristas más peligrosos de la historia reciente.
Posada es buscado en Venezuela y Cuba por su responsabilidad en el ataque con bomba a un avión comercial de Cubana de Aviación, en el que perecieron 73 personas. La CIA y la FBI lo identificaron como sospechoso. Pero cubanos y venezolanos carecen también de las prerrogativas del emperador, quien organizó y respaldó el reino de terror al que los cubanos han estado sujetos desde su liberación.
El fallecido Orlando Bosch, socio de Posada en el terrorismo, también se benefició de la benevolencia del emperador. El Departamento de Justicia y la FBI solicitaron su deportación por ser una amenaza a la seguridad estadunidense, acusándolo de docenas de actos terroristas. En 1990 el entonces presidente George H.W. Bush anuló la orden de deportación, y Bosch pasó felizmente el resto de su vida en Miami, sin que lo inquietaran las peticiones de extradición formuladas por Cuba y Costa Rica, dos simples piratas.
Otro pirata insignificante es Italia, que ahora busca la extradición de 23 operativos de la CIA convictos por el secuestro de Hassán Mustafá Osama Nasr, clérigo egipcio en Milán, a quien remitieron a Egipto para responder a cargos por tortura (más tarde se le halló inocente). Buena suerte, Italia.
Hay otros casos, pero el crimen de remisión a otro Estado nos devuelve al asunto de la independencia latinoamericana. El Instituto Sociedad Abierta publicó en fecha reciente un estudio titulado Globalización de la tortura: detención secreta y remisión extraordinaria por la CIA. En él se hace un recuento de la participación global en este delito, que es muy amplia, incluso entre países europeos.
El académico latinoamericano Greg Grandin señaló que una región está ausente de esa lista de vergüenza: América Latina. Esto es doblemente notable. América Latina ha sido durante mucho tiempo el confiable patio trasero de Estados Unidos. Si cualquiera de los locales hubiera asomado la cabeza, habría sido decapitado por el terrorismo o por un golpe militar. Mientras estuvo en control de Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo pasado, América Latina fue una de las capitales mundiales de la tortura.
Ya no es así. Estados Unidos y Canadá están siendo virtualmente expulsados del hemisferio.
El libro más reciente de Noam Chomsky es Power Systems: Conversations on Global Democratic Uprisings and the New Challenges to U.S. Empire. Conversations with David Barsamian. Chomsky es profesor emérito de lingüística y filosofía en el Instituto Tecnológico de Massachussetts en Cambridge, Mass.
© 2013, Noam Chomsky. Distributed by New York Times Syndicate.
Traducción: Jorge Anaya