El líder de la oposición española se ha dedicado a recordar el refranero castellano para impulsar la moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy. En muchos de mis artículos he sostenido que la crisis de representación es el tema político de nuestro tiempo y que adquiere características universales, poniendo en cuestión la democracia representativa y la electoral, sea cual sea el régimen de gobierno predominante en cada país. Confieso que durante largos años creí en la superioridad del parlamentarismo sobre el presidencialismo – incluso, sigo postulando para Chile un semipresidencialismo -, pero hoy, dada las particularidades de la crisis de representación, empiezo a dudar de aquello que, para mí, era una certeza.
Si existiera un juicio político – como otrora se aplicó a Richard Nixon en Estados Unidos – estoy seguro de que Mariano Rajoy, hace ya un tiempo, hubiera corrido la misma suerte del Presidente norteamericano. En el parlamentarismo existe el voto de censura, pero es completamente inaplicable cuando un Partido disciplinado de gobierno – como ocurre esta vez con el Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados – se niega a cambiar al líder y, aún más, a aceptar la censura. Rajoy, en su comparecencia ante el legislativo, se declara no culpable, en consecuencia, no está dispuesto a renunciar, menos a llamar a nuevas elecciones. En el caso español, al menos, el parlamentarismo es un camino tan sin salida como el presidencialismo.
El centro del problema de la representatividad no se ubica en el tipo de régimen de gobierno, ni siquiera en el pacto constitucional, sino en la representación; a mi modo de ver, el dilema se ubica en verificar si es legítimo un gobierno, sea de un Presidente o de un Primer Ministro, cuando cuenta, a poco andar de su gestión, con menos de un tercio del apoyo ciudadano. Veamos caso por caso: Rajoy el su Partido Popular cuenta, según la última encuesta, con el 32,5%; en Francia, el actual gobierno socialista tiene una aprobación similar al español; en Italia, el gobierno depende del mafioso e inescrupuloso Silvio Berlusconi, y así sucesivamente.
En las formas de gobierno presidencialista – como casi toda América Latina – los Presidentes son elegidos, en algunos casos, con el 50% en la segunda vuelta, pero si se considera el universo electoral, apenas logran concitar el 25% de apoyo. En aquellas en que se comienza a aplicar el voto voluntario, la situación de crisis de representatividad puede radicalizarse a causa de la falta de atractivo de las propuestas políticas. Al poco tiempo de gestión gubernamental, los presidentes tienen, apenas, menos de un tercio del apoyo popular – véase el caso de Sebastián Piñera, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, y otros -.
Si pasamos del tema de la representación al de legitimidad y gobernabilidad, parece claro que la salida está en una mezcla de formas de democracia representativa y de directa. El problema reside en calibrar las barreras de entrada para los plebiscitos, referendos, iniciativa popular de ley y las revocaciones de mandato de todos los cargos de elección popular.
La democracia plebiscitaria tiene mala reputación porque se puede prestar para la legitimación autoritaria – recordemos el caso de Napoleón III, cuya Constitución logró poderosas mayorías, pero terminó embotando el conflicto de clases; también Charles de Gaulle hizo uso y abuso del plebiscito, bajo una interpretación del semipresidencialismo, con una fuerte autoridad del primer mandatario, el General hacía lo que quería con los Primeros Ministros (Michel Debré), y muy poco le importaba la mayoría parlamentaria -.
En conclusión, creo que el tema del régimen político y las formas de garantizar el protagonismo popular superando las crisis de representación, es el gran tema de la Asamblea Constituyente. Es evidente que definir las reglas de la convivencia no es asunto de cientistas políticos, historiadores o abogados, sino especialmente de los ciudadanos, a quienes se debe explicar, con claridad la implicancia, en su vida cotidiana, de una Constitución emanada de una asamblea ciudadana.
Rafael Luis Gumucio Rivas
02/08/2013