La desigualdad, realidad que interpela al debate político de los candidatos presidenciales, es expresión concreta del fracaso estructural del modelo desarrollo económico chileno que pronto cumplirá 40 años, y cuyo principal factor es la ausencia del Estado.
El estudio OCDE 2008 sobre desigualdad concluye de forma central que México y Chile son los países más desiguales de este “club de las economías desarrolladas”. Mientras que en países menos desiguales el decil más rico de la población recibe ingresos 9 veces mayor al decil más pobre, la relación crece a 25 veces en los casos de México y Chile.
La situación de Chile es más dramática cuando el análisis se realiza tomando como referencia al percentil más rico ¿Qué quiere decir esto? Que un chileno del 1% más rico de la sociedad percibe 84 veces más de ingresos que otro del 10% más pobre.
Estos índices de desigualdad presionan por urgentes reformas estructurales en distintos ámbitos de la sociedad y particularmente en su institucionalidad. Una de ellas son las reformas laborales, entendiendo que la desigualdad es consecuencia directa de los bajos salarios y del tipo de empleo precarizado de los trabajadores.
Investigadores laborales del Instituto ICAL y Fundación Sol han señalado que la reducción de la desigualdad requiere de cambios profundos en la relación laboral; para ello la negociación colectiva asoma como un mecanismo efectivo de redistribución del ingreso.
Para la aplicación de estos cambios de fondo se requiere de un mayor protagonismo del Estado y de quienes lo administran. Y un cambio de rumbo en la gestión de gobierno debe considerar, a lo menos, una ley de sindicalización automática con desafiliación voluntaria y de una ley que amplié la negociación colectiva con derecho a huelga efectiva, otorgando mayor poder negociador a los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Estos cambios en la legislación nos pondrían realmente al nivel de los modelos de relaciones laborales de los países desarrollados de la OCDE.
Pero, ¿se pueden hacer cambios con la legislación vigente tan adversa a los trabajadores? Desde las empresas públicas sí es posible adoptar cambios en la relación laboral que entregue señales al mercado de lo que está por venir. Un ejemplo de lo anterior lo constituye la empresa Metro que a partir de su creación en 1990 promueve la sindicalización llegando a tasas de un 84% de los trabajadores. No obstante, este camino se ha visto interrumpido en los últimos tres años de gestión, lo que confirma la tesis de que no da lo mismo quien gobierne.
En relación a la desigualdad salarial debemos transitar hacia ejemplos como Francia, cuya legislación pone límites a esta brecha salarial y donde el sueldo del 10 % más rico supera en trece veces al decil más pobre.
En el marco del desafío que se impone al próximo gobierno en materia de desigualdad, junto con impulsar reformas laborales, éste deberá a través de las empresas del Estado como Metro, promover prácticas que nos igualen a los países desarrollados. Porque es económica y moralmente inaceptable que un trabajador que tiene el cargo de vigilante privado perciba un sueldo equivalente al 2,3% de la remuneración del gerente general. Es decir, mientras un trabajador sube dos escalones, el gerente sube 100 de la misma escalera.
El Estado sí tiene responsabilidad en los modelos de relación laboral que establece en las empresas que le son de su propiedad, porque a través de ellas puede influir en las relaciones laborales que se establecen en el sector privado.
*Eric Campos. Directivo Sindicato N°1 de Metro