En el foro de los precandidatos de la Concertación a la Presidencia de la República, Michelle Bachelet señaló que no le había sido posible a su Gobierno aprobar una AFP estatal, dado que la Concertación no tenía los quórums para tal efecto. Más allá del hecho de que dicha medida no altera lo esencial del aberrante sistema de AFP; lo anterior no corresponde a los hechos, ya que durante su gobierno dicho conglomerado político tuvo la mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio (“quórum calificado”) por casi dos años, y que tanto el sistema previsional y la posibilidad del Estado de establecer empresas requieren para su establecimiento o modificación de dichos quórums.
Así, el Artículo 18º de la Constitución estipula, respecto del derecho a la seguridad social, que “las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado”; y el Artículo 21º señala que “el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado”.
Además, la distorsión de Bachelet se inscribe en una virtual campaña de desinformación pública efectuada por numerosos líderes de la Concertación en el mismo sentido: De este modo, hace poco más de un mes -en el programa de televisión Tolerancia Cero– el también precandidato, José Antonio Gómez, ¡sostuvo igualmente que la Concertación no tuvo los quórums necesarios para reformar por sí misma el sistema de AFP! También, en diversas ocasiones, Ricardo Lagos ha declarado que dicho conglomerado político no tuvo las mayorías parlamentarias suficientes para efectuar reformas al sistema económico-social. Lo mismo Sergio Aguiló, respecto de la ley antiterrorista –que es también de quórum calificado- en declaraciones efectuadas hace un tiempo a la televisión.
La verdad es que las únicas leyes económico-sociales y culturales que requieren quórums
que no obtuvieron los gobiernos de Lagos y Bachelet son las leyes orgánicas constitucionales de educación y minería. De este modo, ambos gobiernos dispusieron de las mayorías parlamentarias suficientes (Lagos, entre agosto de 2000 y marzo de 2002, por los desafueros combinados de Pinochet y Francisco Javier Errázuriz) para haber sustituido el “Plan Laboral”, las AFP, las ISAPRE, la ley de universidades, la ley de colegios profesionales, la ley de juntas de vecinos, el sistema tributario, y un largo etcétera en materias económico-sociales; además del decreto-ley de amnistía y la ley antiterrorista.
Y todavía más grave y desconocido que lo anterior es el hecho de que ¡el liderazgo de la Concertación regaló la mayoría parlamentaria simple que tenía asegurada para 1990 (y que le hubiese permitido todo lo anterior), por medio de los acuerdos de reforma constitucional a que llegó con Pinochet en 1989! En efecto, la Constitución original del 80 estableció que el gobierno electo futuro tendría mayoría parlamentaria simple con la mayoría absoluta en una cámara y solo 1/3 de la otra. Obviamente, esto se hizo en el entendido de que Pinochet sería ratificado en el plebiscito de 1988 y considerando la minoría histórica electoral de la derecha. Así, Pinochet –sin una mayoría electoral en las elecciones parlamentarias- hubiese tenido mayoría absoluta en el Senado (con el sistema electoral binominal y los senadores designados) y el tercio de la Cámara de Diputados. Pero Pinochet perdió aquel plebiscito. Con lo que el prospecto se invertía a favor del inminente presidente Aylwin y de la Concertación. Esta alcanzaría con seguridad la mayoría absoluta en la Cámara y un tercio del Senado. Debemos recordar que el Senado original estaba compuesto de 26 senadores electos (2 por cada región) y 9 designados, o sea, de un total de 35. Y que en el peor de los casos la Concertación elegiría un senador por región, es decir, 13; y que el tercio de 35 es 12.
Sin embargo, sucedió lo inaudito: En las 54 reformas concordadas entre la Concertación y Pinochet, y plebiscitadas en “paquete” el 30 de julio de 1989, se incluyó una que fue completamente desconocida por los votantes y ¡que es ignorada hasta el día de hoy por la generalidad de la población chilena!: Que las leyes simples pasarían a requerir de la mayoría absoluta en las dos cámaras. Esto era teóricamente democrático pero, en el contexto del especial sistema electoral chileno (en realidad, único en el mundo) que incluía el binominalismo y los senadores designados, iba a traducirse en que la segura mayoría parlamentaria que le aguardaba a la Concertación se transformaría en minoría.
Esto es algo ciertamente inédito en la historia de la humanidad: ¡Que una coalición política prefiera ser minoritaria en el Congreso! Desafía, aparentemente, las reglas más elementales de la política y hasta del sentido común. Pero todo tiene una explicación razonable; y esta nos la da el propio “arquitecto” de la transición, Edgardo Boeninger, en un libro publicado en 1997: Democracia en Chile: Lecciones para la gobernabilidad. Allí Boeninger revela crudamente que el liderazgo de la Concertación llegó a una “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha a fines de la década de los 80, “convergencia que políticamente el conglomerado opositor (la Concertación) no estaba en condiciones de reconocer”; y que además, “la incorporación de concepciones económicas más liberales a las propuestas de la Concertación se vio facilitada por la naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente cupular, limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes” (Edit. Andrés Bello; pp. 368-70).
Como “no estaba políticamente en condiciones de reconocer” su “convergencia” con la derecha, ¡qué mejor para el liderazgo de la Concertación que perder la mayoría parlamentaria segura que le aguardaba, para así poder explicarle plausiblemente a sus bases, no que no quería, sino que no podía hacer los cambios que había postulado como oposición a la dictadura!
Con los años este pudor se fue perdiendo poco a poco y así numerosos políticos, economistas e intelectuales de la Concertación llegaron a hacer desembozadas loas del neoliberalismo incluyendo, a veces, al propio Pinochet en sus alabanzas. Fueron los casos de Eugenio Tironi, Enrique Correa, Ricardo Lagos, Sergio Bitar, José Joaquín Brunner, Andrés Velasco y Nicolás Eyzaguirre. Pero quien ciertamente alcanzó los mayores extremos en esta dirección fue el único ministro de Hacienda de Aylwin, luego senador y presidente del PDC y finalmente canciller de Bachelet, Alejandro Foxley: “Pinochet (…) realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entró a ese gobierno el año 73, con Sergio de Castro a la cabeza (…) que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar -que creía en la planificación, en el control estatal y en la verticalidad de las decisiones- de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile y que, quienes fuimos críticos de algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Su drama personal es que, por las crueldades que se cometieron en materia de derechos humanos en ese período, esa contribución a la historia ha estado permanentemente ensombrecida” (Cosas; 5-5-2000).
A la vez, en la derecha se fue dando un creciente panegírico de los gobiernos de la Concertación por su orientación neoliberal, efectuada por connotados políticos, economistas, empresarios e intelectuales de derecha. Y particularmente de Ricardo Lagos y su gestión. En este sentido, tenemos más que elocuentes declaraciones de Pablo Longueira, Andrés Allamand, Herman Chadwick, Ricardo Claro, Harald Beyer y del propio Hermógenes Pérez de Arce. Pero sin duda que las más notables han sido las “declaraciones de amor” hechas a Lagos, a nombre de los empresarios chilenos y de la APEC, por el entonces presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Hernán Somerville (Ver La Segunda; 14-10-2005); la calificación hecha por César Barros a Lagos, al finalizar su gobierno, de haber sido “el mejor Presidente de derecha de todos los tiempos” (La Tercera; 11-3-2006); y la conclusión de Oscar Godoy de que la asimilación del modelo económico de la derecha por el liderazgo concertacionista es “un motivo de gran alegría, porque es la satisfacción que le produce a un creyente la conversión del otro. Por eso tengo tantos amigos en la Concertación; en mi tiempo éramos antagonistas y verlos ahora pensar como liberales, comprometidos en un proyecto de desarrollo de una construcción económica liberal, a mí me satisface mucho” (La Nación; 16-4-2006).
A la luz de todo lo anterior, ¿pueden ser mínimamente creíbles los postulados actuales de Bachelet y del liderazgo de la Concertación de promover un profundo cambio social; sin haber hecho un reconocimiento autocrítico del feroz engaño que efectuaron en 20 años de gobierno? ¿Y sin comprometerse a terminar con la “convergencia” con la derecha y a aprovechar la eventual mayoría simple que logren para terminar con el “Plan Laboral”, las AFP y las ISAPRE; para modificar sustancialmente el sistema tributario, la ley de universidades, la ley de juntas de vecinos y la ley de colegios profesionales; y para derogar la ley de amnistía y la ley antiterrorista?