Incansables en el trabajo, disciplinados, solidarios, alegres, libertarios. Se han constituido en un dolor de cabeza constante para el gobierno y en ariete de la demanda creciente del pueblo por incidir en las decisiones que le afectan. Representantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), entrevistados por PF, dicen que 2013 es el año del fortalecimiento del movimiento estudiantil para continuar su lucha por una educación de calidad, en el contexto de una sociedad que demanda más derechos e igualdad de oportunidades.
La Aces no es un partido político, pero hace política. Tampoco es una organización social formal, pero tiene presencia en la mayoría de los liceos y colegios de la Región Metropolitana y en varias ciudades del país. Sus adherentes participan en tomas, como las del Instituto Nacional o del Internado Barros Arana. La Asamblea constituye una parte vital de la red que articula los liceos municipales y colegios particulares subvencionados en el trabajo cotidiano por un nuevo modelo escolar basado en el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad.
ACTOR POLITICO EMERGENTE
Según opina la Aces, está demostrado que los movimientos sociales comienzan a incidir en la agenda política. “Hace diez años no se cuestionaba la existencia de una educación de mercado ni la legitimidad de la Constitución; pero gracias a nuestra movilización hemos debilitado el bloque en el poder. Los medios de difusión nos califican de inmaduros, soñadores e ingenuos, pero hemos instalado temas que se han convertido en la preocupación de los gobiernos”, dice Isabel Salgado Robles, que reemplazó a Eloísa González como vocera de las Aces para 2013.
Los estudiantes secundarios saben que una elite domina la política, la economía y los medios de comunicación. La televisión es usada por estos poderes fácticos para mantener en la pasividad a las personas a través de programas de farándula o los reality. También saben que los candidatos se apoderan de las demandas de los movimientos sociales y las ocupan para sumar votos. Según ellos, en veinte años de Concertación y cuatro de la Alianza, esta realidad no ha cambiado en nada.
Los dirigentes de la Aces dicen que la ex presidenta Michelle Bachelet habla de educación gratuita y de participación ciudadana, pero sus palabras les resultan poco creíbles. Tres veces ella ha cambiado su discurso sobre educación, y en 2006 engañó a los estudiantes al cambiar simplemente el nombre de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, de Pinochet, por su Ley General de Educación. La misma ley con algunos parches.
Paula Cabrera, alumna del Colegio Altamira, precisa que el drama es que “cuando el pueblo elige un presidente, después no tiene forma de fiscalizarlo ni modo de influir en las políticas que ejecuta su gobierno. En la práctica el ciudadano otorga un cheque en blanco”.
Isabel Salgado (estudia en el Liceo A-14 de Santiago) agrega que el movimiento estudiantil secundario está apostando a un cambio profundo porque la política tradicional está desprestigiada y carece de credibilidad. “Quienes la ejercen, velan por sus propios intereses económicos y de poder. Esto por sobre el mandato que les entrega la ciudadanía. Esa lógica debe cambiar y ser sustituida por una democracia participativa, en que las personas incidan realmente en las políticas que se aplican”, señala.
Los estudiantes secundarios agrupados en la Aces reconocen el valor de la política, pero critican las prácticas de los partidos tradicionales que la ensucia en la perspectiva de pequeños intereses. Piensan que los políticos tradicionales actúan para beneficiar a unos pocos y no para solucionar problemas de las mayorías. De este modo -dicen- la desigualdad sigue imperando a favor de un grupo social minoritario, que controla la economía y las finanzas, y se enriquece gracias al trabajo de todos.
APUESTA POR UN
NUEVO MODELO
La Aces señala que si en una Asamblea Constituyente van a estar los mismos que hoy hegemonizan el Congreso Nacional, lo más probable es que no cambiará nada. Los estudiantes sólo apoyarán una nueva Constitución cuando tengan la certeza de que ésta se originará de manera participativa y garantizando los derechos básicos del pueblo a educación, salud, trabajo y vivienda, entre otros.
Para la Aces la aparición de una fuerza política que los represente como movimiento social será parte de un proceso en desarrollo. “Apostamos a la toma de conciencia colectiva y al trabajo de toda la comunidad; tenemos la certeza que la única manera de cambiar el modelo actual es con la participación activa de trabajadores, estudiantes y pobladores”, argumenta Isabel Salgado.
Según Pedro del Carril, alumno del Colegio Latinoamericano de Integración, los gobiernos, por el sistema político existente, constituyen un ente totalitario. Para cambiar esa realidad, lo ideal sería generar una institucionalidad política en que la sociedad sea capaz de fiscalizar cómo trabaja cada representante y que se pueda revocar su mandato.
Tomás Araya Hidalgo (del Liceo Amunátegui) dice que muchos candidatos plantean la idea de la participación; pero en última instancia ésta se reduce al derecho a voto. Según él “la verdadera opinión debiera expresarse en el trabajo cotidiano entre gobernantes y gobernados, actuando en conjunto para solucionar los problemas existentes; es la comunidad, directamente, la que debe encarar sus asuntos”.
Isabel Salgado observa que en las comunas es el alcalde el que toma todas las decisiones, así como es el director el que resuelve todo en un colegio. “Deben existir mecanismos descentralizados de decisión colectiva, para que las personas también tomen decisiones sobre la base de sus necesidades e intereses concretos. Hoy la gente elige a quien habla más bonito, al que tiene más propaganda o al que besa más señoras y guaguas en las ferias libres”. Para Maximiliano Salas la solución pasa por avanzar hacia un poder social paralelo al municipio o al Estado, que permita a la comunidad empoderarse.
EDUCACION COMUNITARIA
Uno de los ejes de la propuesta educativa de la Aces es traspasar los establecimientos educacionales al Estado, mediante una administración descentralizada que incorpore en su gestión a profesores, alumnos, trabajadores de la educación, padres, apoderados y vecinos, enfatizando una educación basada en valores, que entregue conocimientos que sean útiles para la realización personal de cada alumno y para el desarrollo de la comunidad. Maximiliano Salas toma como ejemplo de gestión participativa la experiencia de la toma de la escuela municipal República Dominicana, de La Florida. Está siendo gestionada de hecho por trabajadores de la educación, apoderados, alumnos y pobladores. Estudiantes de pedagogía y colectivos de educación popular imparten clases y talleres, bajo el criterio de una educación basada en valores que van más allá de preparar a los niños y niñas para dar una buena prueba Simce.
Informa que la municipalidad -en manos del alcalde UDI Rodolfo Cartes- cerró el establecimiento alegando que no era rentable. El Ministerio de Educación se niega a aceptar su existencia formal, porque no se somete a las mallas curriculares establecidas. El municipio también criminaliza a los maestros que imparten clases, acusándolos de una labor ilegal. Pero la comunidad está asumiendo el deber de enseñar a niños y niñas con sus medios y busca que se les autorice a usar la modalidad de exámenes libres. “Nos ven como un poder enemigo, porque para ellos la educación es una herramienta para segregar y dominar a la comunidad”, argumenta Maximiliano.
Los estudiantes piensan que el control comunitario de la educación escolar permitiría construir propuestas más próximas a la realidad de cada territorio. La enseñanza en un colegio del norte de Chile, donde impera la minería, debe ser distinta de la que se entrega en otro del sur, donde la actividad principal es la agricultura.
La Aces apoya que las prácticas de alumnos de colegios técnico-profesionales sean pagadas y denuncia también la precariedad de la infraestructura y deficiencias en la malla curricular de esa enseñanza. Maximiliano Salas recuerda: “Algunos compañeros dicen que sus abuelos ocuparon la misma maquinaria que ellos utilizan ahora. Son máquinas obsoletas, hasta oxidadas, cuyo manejo no les servirá cuando trabajen”. Isabel Salgado critica también a establecimientos técnico-profesionales administrados por corporaciones o fundaciones “sin fin de lucro”, asociadas a gremios empresariales, como la Sofofa o la SNA. “Empresarios apadrinan estos colegios como un modo de acogerse a franquicias tributarias para evadir impuestos, porque se supone que están haciendo obras de caridad; pero sus aportes sólo son nominales. Impresiona la precariedad de las salas y la obsolescencia de la maquinaria. En la práctica, estos colegios se financian con los recursos que les provee el Estado a través de subvenciones”. Isabel piensa que la educación técnico-profesional debiera formar parte de un sistema público integrado y coherente, desde la educación media hasta la universidad, para facilitar la formación continua y la inserción laboral de quienes egresan de ésta.
COLEGIOS PARTICULARES SUBVENCIONADOS CONTRA EDUCACION PUBLICA
La Aces propone el término del financiamiento compartido en los colegios particulares subvencionados. Considera que este modo de financiar la educación es un mecanismo que discrimina entre los que pueden pagar y aquellos que son forzados a aceptar como única alternativa los establecimientos municipales. Señala que aquel que no tiene para pagar, está obligado a ir a un colegio municipal, sean cuales sean sus aptitudes para el estudio. “Así tiende a reproducirse la segregación y se forman ghettos de privilegio, porque los colegios particulares subvencionados son una manera de separar al que tiene para pagar de aquel que no tiene”, comenta Isabel Salgado.
Maximiliano Salas, ex dirigente de la Aces, dice que “la ‘educación de mercado’ se basa en la idea de que pagando 50 mil pesos más, vamos a obtener una mejor educación. Pero esa creencia es falsa porque muchos colegios particulares subvencionados tienen las mismas deficiencias de infraestructura y calidad educativa que los liceos municipales, a lo que se agregan, además, los costos derivados de los fines de lucro que animan a los sostenedores”. El dirigente estudiantil denuncia que durante el temporal, los alumnos de un colegio particular subvencionado de la Región Metropolitana no tuvieron clases porque su sala estaba inundada; un inspector fue a pasar asistencia, y cuando los jóvenes reclamaron, contestó: “Nos pagan por asistencia, da lo mismo si hay goteras, lo importante es que ustedes vengan y a nosotros nos paguen la subvención”.
Según Isabel Salgado, dentro del modelo mercantil de enseñanza, “si no tienes para pagar un colegio particular subvencionado, debes quedarte con la educación municipal y el sistema da por hecho que no vas a sacar más de 500 puntos en la PSU, que no obtendrás una beca para estudiar en una universidad tradicional y que probablemente tendrás que trabajar en lo que venga, ganando el sueldo mínimo”.
Los integrantes de la Aces recuerdan que en su cuenta pública del 21 de mayo, el presidente Piñera dijo que su gobierno seguirá invirtiendo en el modelo privatizador de la enseñanza y reiteró que el mecanismo para resolver la mala calidad de la educación pública son los llamados “liceos de excelencia” que constituyen otra manera de segregar. “Pensamos que la educación de excelencia tiene que ser para todos, y ocupamos de manera preferente el concepto ‘excelencia’, porque ‘calidad’ es una palabra que se ocupa en el mercado para definir el valor de los zapatos o del vestuario, que son bienes cualitativamente distintos a la educación”, afirma Isabel Salgado.
Para financiar su propuesta, la Aces piensa que los fondos públicos deben provenir de la recuperación de riquezas naturales como el cobre o el litio, porque Chile es exportador de materias primas, en que minería, pesca y otras actividades constituyen una parte mayoritaria de los ingresos del país. Para Maximiliano Salas la acción por la educación pública es sólo un paso inicial para avanzar después a otras fases de la lucha social, que involucran resolver problemas como la salud, la vivienda o el daño ambiental. “Si no nos organizamos para lograr una buena educación, nunca vamos a conseguir el sueño de un Chile más igualitario”, argumenta.
RUBEN ANDINO MALDONADO
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 783, 14 de junio, 2013