En el centro mundial del capitalismo se mira con molestia el desacople de su crisis, que se inició el 2008, de los países en desarrollo por primera vez desde hace a lo menos dos siglos. Tal vez por ello nos volvieron a describir como la suma de tres excesos: de economistas en el gobierno, empleados domésticos y perros vagos.
El primero de ellos es indiscutible. Por ejemplo, en Chile para ubicar un Ministro de Hacienda que no sea economista tenemos que retroceder casi medio siglo. En EE.UU., en cambio, para encontrar uno que lo sea, tenemos que irnos al 2001. Por cierto que en el gobierno norteamericano hay economistas, pero son asesores y consejeros de los políticos-autoridades, y rara vez Secretarios de Hacienda.
El prestigio de los economistas en los paises desarrollados, los exitosos alquimistas después del fin de la guerra fría, perdió terreno como consecuencia de la crisis del 2008. Greenspan, presidente por años del banco central norteamericano y considerado el gran maestro de la expansión económica durante la globalización financiera, se declaró en estado de indignada incredulidad.
Incluso economistas heterodoxos, como el profesor Jeffrey Sachs, un destacado estructuralista, publicó horas antes de que estallaran las protestas populares turcas un artículo con el título “El porqué del éxito de Turquía”.
El resultado es que hay más de una propuesta para que respecto de las políticas gubernamentales, también las económicas, haya asesorías multidisciplinarias y una participación ciudadana.
En ese contexto, en nuestro país ocurrió un curioso acontecimiento. El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, economista con postgrado en Harvard, y quien ha trabajado con el profesor Sachs, estimó que el debate democrático debería estar limitado por su concepto personal de la economía, que expandió incluso a temas constitucionales.
Declaró que nuestra economía estaba desacelerándose como consecuencia de que “las propuestas de los candidatos de la Concertación y el PC ya están provocando efectos negativos en la inversión”. Es decir, por un candidato cuyo nombre todavía no se conoce, ni se sabe con precisión sus propuestas respecto de las materias que espantarían a los inversionista: una asamblea constituyente, una reforma tributaria y una AFP estatal.
En otras palabras, para la buena marcha de la economía, sería necesaria una constitución impuesta por las bayonetas de Pinochet, quien es famoso en el mundo por la violación de los derechos humanos. Como también, que las leyes tributarias no sean solo horizontalmente desiguales en beneficio del capital, sino además llenas de resquicios legales que utilizarían los inversionistas en la elusión de los impuestos. Y, por último, prohibir que una empresa estatal compita, como en el caso del cobre, con las privadas en nuestro muy excepcional mercado de la seguridad social, que en el mundo nació y sigue estatizado.
Al parecer, el doctor Larraín, en nombre de la ciencia económica aplicada al desarrollo, estima indispensable una constitución impuesta por el terror y rechazada desde un comienzo por el caupolicanazo que encabezó Frei Montalva, y no por los votos ciudadanos; leyes tributarias que beneficien a evasores de impuestos en vez de emprendedores, y que el gobierno ni siquiera compita con el sector financiero privado en seguridad social. Y ni una palabra acerca del movimiento “millonarios patriotas” que en EE.UU. exigen pagar los mismos impuesos que los trabajadores.
En vista de los problemas que las propuestas de cambio crean al país, y para sacar de la trinchera electoral al doctor en economía, me permito recordar una frase de Bertold Brecht a propósito del levantamiento popular en el Berlín oriental comunista: ¿No sería más simple/ en este caso para el gobierno/ disolver el pueblo/ Y elegir otro?” Con la ventaja adicional de que nos evitaría una costosa elección y su consiguiente incertidumbre económica, una maniobra digna de un superman, como bautizó a nuestro presidente el Financial Times, para evitar la desaceleración de nuestra economía.
Nueva York, 10 de junio de 2013