Declaraciones como las de la ministra Evelyn Matthei (“este programa fue hecho para defraudar”) y el diputado UDI Felipe Ward (“los derechos humanos son una especie de cajero automático que usa la izquierda para sacar plata”) no se explican sin el contexto electoral y la escasa o nula compasión frente al sufrimiento de las víctimas del Golpe Militar. Es de esperar que no sea la manera con que la derecha busca conmemorar los 40 años de aquel brutal 11 de septiembre.
La estridencia, las acusaciones generalizadas y las declaraciones infames cayeron una vez más sobre quienes padecieron directamente los horrores de la dictadura. Nuevamente son arrinconados, tratados de delincuentes, condenados sin posibilidad de defensa. Una situación que sin duda revive los peores momentos de sus vidas. Son miles de familias con un nudo en la garganta que temen perder un beneficio que creían seguros, que se sienten humilladas y convertidas nuevamente en parias de la sociedad. Tal es así que hasta los parlamentarios que reciben una pensión de exonerados políticos —como María Antonieta Saa, Carlos Montes, Denise Pascal y Guillermo Teillier, entre otros— quedaron paralizados y sólo sacaron la voz una semana después de estallado el caso. El miedo y una sensación de culpa inespecífica son emociones que quedan pegadas a la piel de quienes han sufrido violaciones a sus derechos humanos, y que afloran fácilmente frente a la agresión.
Los exonerados políticos son precisamente eso: víctimas de la dictadura. Son trabajadores de los más diversos ámbitos que fueron expulsados de sus labores por el simple hecho de no ser pinochetistas. Además de soportar la cesantía, muchos fueron perseguidos, detenidos, torturados y/o exiliados.
No se trata de un pequeño grupo de izquierdistas sino de cientos de miles de familias afectadas, como lo confirma la resolución 470 de la Dirección de Trabajo del 17 de septiembre de 1976. De acuerdo a las instrucciones de la época, este documento de carácter reservado informa que los trabajadores despedidos en diversas empresas públicas y privadas suman 228.612.
Esta práctica abusiva, en la que miles de chilenos perdieron su fuente de trabajo como castigo por sus ideas, y por el simple dictamen de un gerente o un patrón, no solo fue utilizada masivamente en los primeros años de la dictadura, sino que se prolongó por casi dos décadas. Así lo entendió el Parlamento en su conjunto cuando en 1993 dictó la Ley 19.234 para reparar el daño causado, otorgando “beneficios previsionales por gracia para personas exoneradas por motivos políticos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”.
Veinte años después, este acto de reparación se ha convertido en un escándalo bien orquestado, perdiendo no sólo el objetivo de compensar mínimamente a las víctimas sino también de inspirar en nuestra sociedad una responsabilidad colectiva e ineludible frente a las violaciones a los derechos humanos.
Considerando que las denuncias de “falsos exonerados” no son nuevas y fueron planteadas originalmente por los propios afectados, todo indica que existen casos de aprovechamiento ilícito, que hubo personas que aprovecharon las leyes de reparación sin tener los requisitos para ello y, otros, que incluso obtuvieron ganancias personales en medio de la burocracia. Esto debe ser investigado a fondo y a la brevedad para distinguir claramente a los tramposos y los frescos de los verdaderos exonerados, entre los que será necesario incluir aquellos casos cuestionados solo por errores administrativos, sin responsabilidad legal ni ética de los afectados.
Para optar a esta reparación, la mayoría tuvo que reconstruir su historia laboral 15 ó 20 después de ocurridos los hechos. Una historia con militares invadiendo las fábricas y los campos como territorio enemigo, destruyendo y quemando registros previa a la “ocupación”, trabajadores aterrados que jamás volvieron a esos lugares o que fueron expulsados colectivamente sin recibir explicaciones ni finiquitos. Muchos quedaron cesantes al ser calificados simplemente de “activistas”. Por eso, las tres leyes que rigen esta reparación se aprobaron con normas bastante laxas que permitieran reconstruir un pasado difícil de documentar.
Este contexto explica también el rol que jugaron los parlamentarios al colaborar en la calificación de exonerados. Rol que no sólo cumplieron diputados y senadores concertacionistas —a quienes en estos días se acusó de fraude— sino también varios parlamentarios de derecha, como el ahora ministro del Interior, Andrés Chadwick, y los diputados de la UDI, Carlos Vilches y Carlos Recondo, entre otros.
En este contexto también se explica la dificultad de definir con precisión las empresas intervenidas y las fechas en que pasaban a un régimen normal. Así por ejemplo, la Contraloría objetó a los trabajadores de siete de las más de 1.500 calificadas como públicas o particulares intervenidas. Una de las fábricas cuestionadas es Fanaloza Penco, que la Contraloría sólo reconoce como pública hasta el 10 marzo de 1975. Lo increíble es que a partir de esa fecha Fanaloza “privatizada” fue manejada por militares como el general Javier Palacios, quien encabezó el asalto a La Moneda el 11 de septiembre de 1973, el general Sergio Arellano Stark y el coronel Sergio Arredondo González, ambos pertenecientes a la Caravana de la Muerte. La privatización no logró concretarse y, quiebra de por medio, la empresa volvió a manos de Corfo. Solo en este caso los trabajadores objetados por la Contraloría suman 364.
Durante la última semana se dio un verdadero carnaval de cifras en torno al caso. Los números que parecen más fiables son los siguientes: más de 200 mil personas postularon a este beneficio, unas 150 mil obtuvieron la calificación de exonerados políticos y, de estos, 74 mil consiguieron pensiones de gracia o abonos en tiempo para incrementar sus pensiones.
Diversas son las cifras que se han dado en cuanto al costo que tendrían los falsos exonerados para el Estado. Sin embargo, a estas cifras hay que restar el aporte que las propias víctimas han hecho a su reparación. Para muchos es algo así como un premio de consuelo al que ellos mismos debieron contribuir con todas las imposiciones que tuvieran en el antiguo sistema de pensiones.
El 80 por ciento de los exonerados políticos recibe menos de 140 mil pesos mensuales. Sólo unos pocos profesionales y dirigentes políticos obtienen cifras mayores. Entre ellos —y aunque parezca una burla macabra— parlamentarios golpistas y militares en retiro.
No sólo no se trata de una broma sino que se considera completamente legal. Porque como el Congreso Nacional se clausuró producto del golpe militar, se entiende que todos los parlamentarios perdieron su trabajo por razones políticas y, por ende, tienen derecho a que la sociedad en su conjunto repare tal situación, sin importar que hayan sido promotores del golpe ni con quien hayan estado coludidos. No es una tomadura de pelo, es lógica jurídica pura y simple, esa que poco tiene que ver con la justicia. Y es que la Ley 19.582 incorporó a los beneficios previsionales destinados a los exonerados políticos a los funcionarios del Congreso Nacional, del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas.
Cabe preguntarse si la derecha aprobó dicha ley para favorecer a los suyos o si a nadie se le pasó por la mente que podía darse tamaña inmoralidad.
Entre los que obtuvieron la calificación de exonerados están el ex ministro del Interior de Pinochet, Sergio Onofre Jarpa, que –con abono de tiempo- logró incrementar su pensión a $ 841.825; el ex senador y ex candidato a la presidencia de la derecha, Arturo Alessandri Bessa, cuya pensión asciende a $ 1.055.638; el ex diputado y ex delegado especial de Pinochet ante la ONU y la OEA, Mario Arnello Romo, con una pensión de $ 983.404.
Algunos de los postulantes que obtuvieron la calificación de exonerados políticos no consiguieron el beneficio monetario como Hermógenes Pérez de Arce; el ex diputado y actual director del Consejo de la Cultura de la Región del Bio Bío, Juan Eduardo King Caldichoury, y Eugenio Ortúzar Latapiat, ex militar, ex diputado del Partido Nacional y ex alcalde de Quillota durante la dictadura, quien falleció el año pasado.
Hay quienes sostienen que mencionar estas situaciones busca empatar los abusos de uno y otro lado. Lo cierto es que tal equilibrio resulta imposible. A un lado hay miles de víctimas del golpe militar y un número aún incierto de tramposos; al otro lado, simplemente personas cuya ética resulta deplorable, capaces de usufructuar de la reparación del Estado a las víctimas de una ruptura institucional que ellos mismos promovieron.
Entre los que reciben el beneficio también hay figuras de la DC, como el ex presidente de la Cámara en 1971 y actual diputado Eduardo Cerda, el ex diputado Alberto Zaldívar Larraín y el ex diputado y ex candidato presidencial, Arturo Frei Bolívar. También figuran el ex Presidente Patricio Aylwin, su hermano Andrés Aylwin y el ex senador José Musalem. En este grupo, la pertinencia de ser considerados como exonerados políticos es sin duda variable. Desconozco si, además de asumirse como víctimas, reciben pensiones como tales.
Para que nadie se mueva a engaño, y para no meter a todos los partidarios del golpe en un mismo saco, es indispensable aclarar que no todos siguieron este camino impúdico. Son muchos los ex parlamentarios de derecha, y también de la DC, que no entraron en esta farsa. Entre ellos, los senadores Pedro Ibáñez, Francisco Bulnes, Juan Hamilton, Tomás Reyes y el ex Presidente, Eduardo Frei Montalva.
A 40 años del Golpe Militar, las heridas han vuelto a abrirse. Sufren los de siempre, se ríen los poderosos. Es indispensable que se aclare a la brevedad la situación de todos los exonerados. Que sepamos quienes hicieron trampa pero también quienes se están beneficiando de manera torcida con leyes de reparación para las víctimas de una dictadura sangrienta y cruel, que nos sigue penando.
Artículo publiacado en El Mostrador