Toda Constitución se basa en un pacto social que supone una serie de reglas permitiendo la convivencia de los ciudadanos en una realidad espacio-temporal determinado. La mayoría de los ciudadanos perciben que las Constituciones son un asunto de abogados que no incide en la vida cotidiana del chileno de a pie. Algo similar ocurre con la política: la derecha se ha encargado de convertir la Constitución y, por ende, la política, en un ente abstracto y, como tal, carece de interés para la ciudadanía, que sus líderes la ven como ignorante y sólo movida por intereses materiales inmediatos. Este mismo pensamiento lo tuvieron los reaccionarios – siglos XIX y XX – respecto al sufragio universal: “cómo va a tener el mismo valor el sufragio de un ignorante y el de un sabio”.
La Constitución y la política están presentes cotidianamente en nuestra vida: de las garantías constitucionales depende el que los que “nacieron con estrella o los estrellados” tengan la misma posibilidad de gozar de una misma educación gratuita, de calidad, igualitaria y republicana, en todos sus niveles. Si la Constitución incluyera en su texto que este derecho pueda ser exigido al Estado, en base a un recurso de protección, esta garantía adquiriría pleno vigor; lo mismo ocurriría con la salud y con el derecho a tener una vivienda digna, extendida a todos los ciudadanos.
La derecha entiende bien que las reglas que desparejan la cancha son fundamentales para conservar el poder que detenta, hoy por hoy, en la sociedad. El ideólogo Jaime Guzmán – padre-padrone – definió, con desparpajo y franqueza, las reglas que se han mantenido hasta nuestros días. Nadie puede decir que hay “letra chica” o algo escondido, pues lo único claro y preciso es que a la Concertación le faltó valor para cambiar las reglas del juego – hasta ahora no se probado si fue cobardía o complicidad – lo que sí está claro es que el cambiar las reglas del juego es un imperativo categórica y hoy están dadas las condiciones.
El texto de Guzmán es sumamente claro y no exige exégesis alguna:
“La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque – valga la metáfora – el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario”.
Increíblemente, en casi 25 años, el rayado de cancha, impuesto por Guzmán, no ha cambiado un ápice; en este plano, el profesor Fernando Atria tiene toda la razón: la tarea actual consiste es destruir las trampas, lo cual exige la astucia del zorro de la fábula – muy bien analizada por Maquiavelo -. Me permito dudar que la Concertación, más el Partido Comunista, al menos, un gramo de astucia y, mucho menos, de voluntad de cambio, pues ya han prometido demasiadas veces el cambio del binominal y una nueva Constitución, pero hasta ahora no han cumplido ni años.
Las reformas básicas, en un principio, deberán centrarse en una perspectiva minimalista: en primer lugar, terminar con los quórum calificados – 2/3 y los 3/5, para las leyes básicas, que son casi todas -; en segundo lugar, instalar los plebiscitos –como dice el evangelio, “lo demás vendrá por añadidura”-.
Si ya todas las leyes se aprueban por mayoría simple, se puede cambiar el sistema electoral sin ningún tropiezo, y la Constitución, por medio de los plebiscitos, dejará de ser pétrea. El programa máxima de cambio constitucional no será difícil de plantear de ahí en más: pueden venir el régimen de gobierno semipresidencial, los plebiscitos revocatorios de mandato, de iniciativa popular de ley, la elección de intendentes y el federalismo, además de garantías constitucionales en el plano económico-social, que sean objeto de presentar recursos ante los Tribunales de Justicia.
El tema a resolver dice relación en cómo imponer un camino posible para instaurar una nueva Constitución hoy, y no postergarla para el día de “San Blando”, cuando haya muerto esta maldita generación a la que pertenezco. Históricamente, las Constituciones han surgido de golpes de fuerza, de guerras civiles, de asambleas constituyentes o, en otros casos, de revoluciones sean pacíficas o cruentas. En Alemania fue impuesta por los ocupantes, después de la segunda guerra mundial; en Francia, la IV República resultó de un segundo plebiscito, aprobada por una magra mayoría; en España, por un Congreso Constituyente; en Ecuador, Colombia, Venezuela y Bolivia, por medio de una asamblea constituyente. En Chile, las dos últimas Constituciones fueron impuestas bajo la espada – 1925 y 1980 -; salvo la última que tiene las trampas de Guzmán, todas las demás, con el tiempo, se han legitimado; en consecuencia, las reformas a las Constitución de 1980, realizadas durante el gobierno de Lagos, 2005, dejaron incólumes las consabidas trampas, lo cual constituye una torpeza sin límites.
En el caso chileno, se trata de elegir los siguientes escenarios: en primer lugar, que el Presidente convoque a un plebiscito vinculante, pero tendría la dificultad de que el Tribunal Constitucional pueda anular esta convocatoria – se sabe que este espurio organismo no responde ante nadie -; en segundo lugar, llamar a un plebiscito no vinculante – como el que se realizó en Ecuador -; en tercer lugar, seguir un camino parecido al de Colombia: una asamblea constituyente aceptada por todos los poderes del Estado – en Chile no se vislumbra este cuadro, pues la derecha se opone -; en cuarto lugar, imponer la asamblea constituyente en base a presión social, con métodos de “la no violencia activa”; en quinto lugar, triunfar con el método de marcar el voto AC, lo cual exige mucho control y una amplia mayoría.
Rafael Luis Gumucio Rivas
03/06/2013