Nicolás Maduro lleva dos semanas como presidente, y por las decisiones que ha tomado hasta el momento, está adoptando una estrategia contradictoria para un presidente que no ha tenido un solo día de luna de miel. Su legitimidad es cuestionada por la mitad del país que no votó por él, y mientras sigue enfrascado en una dura pelea con su contendor Henrique Capriles, enfrenta una pre-crisis económica grave.
La situación política no contribuye a la estabilización económica de un país que lo está pidiendo con urgencia. La semana pasada el gobierno capturó al general retirado Antonio Rivero, del partido Voluntad Popular, acusado de incentivar la violencia postelectoral, y a quien ya se considera el primer preso político del régimen.
El martes fueron agredidos varios diputados opositores que protestaban contra la negativa del presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, a permitirles hablar mientras no reconozcan a Maduro. Hay denuncias según las cuales el gobierno está persiguiendo a los funcionarios sospechosos de haber votado por Capriles, a quien el presidente y sus subalternos siguen tratando de “fascista” y “asesino” mientras amenazan con encarcelarlo.
Así las cosas, el diálogo parece irremediablemente roto, lo que plantea un panorama pésimo para la economía. Venezuela tiene un déficit fiscal del 12 por ciento del PIB, según Morgan Stanley, de las tasas más altas para un país emergente, y la devaluación del bolívar en febrero apenas alcanzó a cubrir un tercio de ese déficit, según la firma Ecoanalítica.
No se puede hablar de hiperinflación aún, pero es posible que cierre el año con 35 por ciento, la más alta de América Latina y una de las peores del mundo. La escasez de ciertos alimentos y productos de aseo alcanzó su nivel más alto de los últimos cinco años, según cifras del Banco Central de Venezuela, y el gobierno no ha ajustado los precios de ciertos rubros en meses. Aunque Maduro prometió elevar el salario mínimo gradualmente, los venezolanos sienten que el dinero igual no les va a alcanzar.
Venezuela no está quebrada, pero es probable que solo crezca un uno por ciento este año. A pesar de que el precio del barril de crudo ronda los 100 dólares, la economía no crece con suficiente velocidad y cada vez depende más de las importaciones. Para ello necesita dólares, pero el gobierno mantiene un estricto control cambiario desde 2003.
La reciente decisión de eliminar uno de los mecanismos de acceso a divisas, conocido como el Sitme, para crear un sistema de subasta conocido como Sicad, resultó peor porque terminó por beneficiar a unos pocos y el gobierno aún no ha anunciado fecha para una próxima subasta. Ante la falta de acceso el mercado paralelo se ha disparado, al punto que se ha llegado a pagar 25 bolívares por dólar, mientras la tasa oficial, con devaluación incluida, es de 6,30.
Gran parte del problema es que el petróleo que vende Pdvsa provee el 96 por ciento de las divisas que entran al país. Pero por cuenta de los convenios bilaterales que Venezuela ha firmado con gobiernos amigos en los últimos cinco años, no solo le pagan el crudo a precios subsidiados, sino que lo hacen con alimentos u otros bienes, lo que afecta el flujo de caja para financiar al Ejecutivo.
La producción, además, ha venido declinando. Hoy la cifra oficial es de 2,9 millones de barriles de crudo diarios, pero de acuerdo con otros analistas y cálculos del Departamento de Energía de los Estados Unidos, puede ser aun más baja.
La única forma para producir más sería que las empresas extranjeras socias de los proyectos de la Faja del Orinoco inyectaran capital, o que el precio subiera, porque gran parte del dinero que recibe hoy Pdvsa se destina a otros propósitos, muy distintos a fortalecer su producción.
Antes se decía que Pdvsa era un Estado dentro del Estado. Hoy se dice en Venezuela que Pdvsa es el Estado. A la petrolera le han ido colgando cada vez más responsabilidades ante la ineficiencia de los que deben responder por la distribución y adquisición de alimentos, obras de infraestructura o desarrollo urbano, entre otros.
Pdvsa hoy tiene 7 empresas filiales y a través de una entidad conocida como el Fondem, es la máquina que financia prácticamente a todo ese gobierno sobredimensionado, pues el sector público representa hoy el 44,3 por ciento de la economía y 7 millones de personas, empleados, contratistas o pensionados, dependen del Estado para subsistir. Además el gasto público, a través de misiones, subsidios y otros servicios estatales, representa hoy 45 puntos de su PIB mientras, según Econalítica, en 1999 apenas alcanzaba 26.
El presidente de Pdvsa es Rafael Ramírez, a su vez ministro de Petróleo y Minería, y vicepresidente de Reordenación Territorial. Era uno de los hombres más leales a Chávez, cercano a su hermano Adán, y es conocido por su militancia socialista y por ser un hombre distante y cerrado ante el sector privado petrolero. Las otras dos cabezas del triunvirato económico son Jorge Giordani, hasta ahora ministro de Finanzas y Planificación, y Nelson Merentes. De los tres Giordani es el más radical, le dicen el monje, y fue quien dirigió la nacionalización y expropiación de varias empresas.
Era el profesor de Chávez y quien ha diseñado el híbrido régimen económico conocido como “socialismo del siglo XXI”. Merentes, por su parte, es el más pragmático de los tres, fue ministro de Economía durante algunos años y desde 2009, hasta hace una semana, era el presidente del Banco Central de Venezuela, desde donde mantuvo una política de diálogo y entendimiento con otros sectores.
Por eso resulta llamativo que Maduro haya decidido crear el Ministerio de Finanzas separado del de Planificación, y poner el primero en cabeza de Merentes, quien también asume la vicepresidencia económica y está sentado en las juntas del Banco Central de Venezuela (BCV) y de Pdvsa.
Muchos han visto en esa movida, que dejó a Giordani solo con la Planificación, una señal de que, al menos por ahora, busca una mayor apertura y flexibilización económica, incluso acercarse al sector privado, que no solo pide dólares a gritos, sino mayor interlocución con el gobierno. Maduro ha anunciado además la creación de unas zonas económicas especiales y se reunió hace una semana con empresarios del estado Zulia para invitarlos a participar en proyectos conjuntos.
El gobierno busca aumentar la producción de ciertos bienes, especialmente agrícolas, que le permitan reducir la escasez, la inflación y aumentar el empleo. Además de estas medidas, podría emitir más bonos, pedir prestado a Rusia o China, escalonar las tarifas de servicios como ya lo insinuó para superar la crisis en el sector eléctrico, y en últimas, no se descarta una nueva devaluación, que ha sido el mecanismo de ajuste fiscal utilizado en Venezuela.
Merentes saca pecho porque durante su anterior mandato logró reducir dramáticamente el riesgo país. Este debe ser, de nuevo, uno de sus objetivos, y no solo porque las empresas no confían en las reglas del juego de un Estado que oscila entre la radicalización y flexibilización según haya elecciones o no, sino también por la opacidad existente en el manejo de los recursos y la forma como el gobierno rinde cuentas no solo sobre su principal empresa, Pdvsa y especialmente el Fondem, sino también sobre sus reservas internacionales.
El reto para el nuevo ministro, y para Maduro, es recuperar esa confianza, lo que además aumentaría su popularidad. Pero mientras el gobierno siga empeñado en mantener la confrontación política, la estabilización económica se ve todavía muy lejos.