Luchadora expuesta en la primera línea frente a los que mandan. Abogada. Fundadora de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (http://www.correpi.lahaine.org/), y acostumbrada a las amenazas, María del Carmen Verdú, con la franqueza y nitidez que sólo la dignidad y poliética de los oprimidos pueden ofrecer, fue entrevistada por el programa Canto Libre de Radio Sur (http://www.radiosur.org.ar/) sobre las pobres condenas contra los asesinos del joven Mariano Ferreyra (http://www.deigualaigual.net/pt/actualidad/argentina/5373-aqui-esta-para-siempre-se-llama-mariano-ferreyra), el contenido de clase de la Justicia argentina y la llamada ‘Reforma Judicial’ impulsada por el gobierno nacional y actualmente en debate.
-¿Cuál es la perspectiva de CORREPI ante los resultados del emblemático juicio contra el crimen de Mariano?
“La sentencia que hemos escuchado la resuminos como ‘una condena a los individuos para salvar al sistema’. En forma absolutamente transparente, el tribunal se dedicó a refutar las dos ideas centrales que definen lo que ocurrió el 20 de octubre de 2010 en el barrio de Barracas, en Buenos Aires. Allí una ‘patota’, un grupo de choque integrado por parte de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria (UF), por ‘barras bravas’ por ella convocados y armados en al menos un caso, y con la participación activa y presente –porque no fue una simple liberación de zona- de la Policía Federal, atacaron a un conjunto de trabajadores tercerizados y de militantes de izquierda que los acompañaban como consecuencia de una larga lucha por su pase a planta permanente. El fin de los trabajadores y militantes era terminar con esa situación de hiper explotación, del simulacro de relación de dependencia mediante falsas cooperativas dirigidas por la propia UF y compartidos con los intereses de la empresa Ugofe S.A. que gestiona la línea Roca del ferrocarril.”
-¿Cuál fue la tesis de fondo de CORREPI ante el asesinato?
“Desde un principio nosotros probamos la existencia de un plan criminal que denominamos como ‘coordinado, gestionado, organizado y ejecutado por la Triple Alianza Anti-obrera’; esa conjunción de sectores de la burguesía, el Estado y la burocracia sindical, aliados históricos contra los intereses de los trabajadores. Así como se complotan para garantizar su tasa de ganancia cotidianamente sobre la sangre de los trabajadores, esas fuerzas también se complotaron ese día con el objetivo de dar un ‘aleccionamiento final’ a los asalariados que se animaban a organizarse por sus demandas, ahora por fuera del cepo impuesto por la burocracia.”
-Los argumentos que mencionas fueron refutados por el tribunal…
“Efectivamente. Y de manera muy personalizada y directa. El presidente del tribunal no solamente se refirió a la idea, sino que además le puso nombre y apellido, señalando cuando CORREPI, a través mío, hablaba del Plan Criminal y fundamentábamos el mecanismo de la ‘tercerización de la represión’ mediante grupos de choque y patotas, disimulando la responsabilidad política de la administración de turno del Estado y su condición de represor para así sostener el discurso propagandístico de que ella no castiga la protesta. De este modo, cuando las cosas salen mal, siempre la Presidenta puede sacarse una foto con la madre de la víctima, clamar por justicia, y el ministro Aníbal Fernández puede decir que el criminal fue un loco que andaba armado, y lavarse las manos.
Esas son las dos ideas que el presidente del tribunal intentó refutar con falacias y mentiras. Como torcer el sentido de las llamadas telefónicas realizadas tres meses después de los hechos entre el jefe de la UF, José Pedraza, y el ministro del Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, donde este último ¡le da consejos de cómo encarar la defensa en la causa, cuando todavía no era detenido Pedraza! Asimismo, le recomienda cómo manejar la situación frente a la consecuencia no deseada de este ataque, para ‘aplacar las aguas’. Tomada recomienda a Pedraza que a los trabajadores que luchan ‘hay que hacerles la cabeza, hay que ganárselos políticamente, no todos son zurdos, hay que pasar a planta a los tercerizados, tienes que armar talleres de formación y así no te van a traer ningún problema’.”
-Pero las pruebas que acabas de describir fortalecen la tesis de CORREPI…
“Sí. Sin embargo, el juez interpretó los llamados telefónicos como una forma del ministro de sacarse de encima a Pedraza (!). Bien extraña la forma de ‘sacárselo de encima’, con un titular del Ejecutivo ofreciendo consejos y poniéndose a su entera disposición.”
-¡La connivencia entre el gobierno de turno y la burocracia es puesta en vitrina!
“No sólo esas fueron las llamadas telefónicas. Hay conversaciones de tenor similar entre el secretario y subsecretario de Transportes Ferroviarios con la viceministra del Trabajo. Por ejemplo, el subsecretario Antonio Luna le dijo al ‘Gallego’ Fernández, mano derecha de Pedraza, que ‘nadie te quiere, pero yo quiero hacerte llegar toda mi solidaridad. Yo a mis amigos los acompaño hasta la puerta del cementerio’.”
-¿Qué pasó con el Plan Criminal que ustedes fundamentaron?
“Se probó, y lo reafirmó un delegado anti-burocrático de otra línea de tren que declaró en el juicio. La Unión Ferroviaria debe ser el único gremio en el mundo que no quiere tener más afiliados. Cualquier organización de los trabajadores pugna por sumar socios, porque eso es lo que le da su mayor o menor capacidad de negociación. En cambio, la UF prefiere tener menos gente y administrarse como patronal, con cooperativas ‘truchas’, falsas, que ofreciendo trabajo a los despedidos y a los cesantes bajo una forma de dependencia encubierta, los hizo inscribirse como monotributistas y vendiendo promesas mentirosas, los hacía trabajar en las mismas tareas ferroviarias por la mitad o un tercio que el personal de planta.”
“LA FUNCIÓN DE LAS LEYES ES PERPETUAR LA EXPLOTACIÓN”
-¿Cuáles son los límites de la justicia burguesa, entonces?
“Desde CORREPI y parafraseando a un grande (Ernesto Guevara), manifestamos que no le tenemos ‘ni un tantico así de confianza’. Ni las leyes están allí para proteger a los trabajadores y el pueblo, ni los jueces son los encargados de velar porque todos disfrutemos de los derechos que nos corresponden. El sistema normativo de un Estado burgués es el corsé que dota de legitimación a su propia estructura social: la basada en la explotación, en la canallada de que una mayoría trabaje para sostener a una minoría de parásitos corruptos. Y esa misma justicia existe para frenar, mediante la criminalización de las luchas sociales al pueblo que va por lo suyo enfrentando el actual estado de cosas. La función de las leyes es perpetuar la explotación y satanizar la pobreza para lograr el control y disciplinamiento social. Para nosotros, la justicia es un escenario más de la lucha que damos en el territorio del enemigo. Nuestro objetivo no es tanto la sentencia como la conciencia.”
REFORMA JUDICIAL: INÚTIL PARA EL PUEBLO
-¿Cuál es tu opinión de la denominada ‘Democratización de la Justicia’ o Reforma Judicial propugnada por el gobierno central?
“La versión peronista del kirchnerismo maneja con mucha eficacia su capacidad para imponer en la agenda de la opinión pública temas que, en rigor, no le interesan a nadie. Pero consigue que mi mamá o la vecina que hace cola con ella en el almacén, en vez de protestar porque cada vez tienen que pagar más cara la docena de huevos o el kilo de pan, estén problematizándose sobre si el Consejo de la Magistratura debe tener 13 o 19 miembros y cuál es la naturaleza, fin y sentido de las medidas cautelares.”
-Pero genéricamente, desde arriba se inyecta la idea de que mejorará la justicia para la gente corriente…
“No tiene nada que ver con ningún problema real de los que enfrentan los trabajadores y el pueblo. No resolverá ningún problema de la clase trabajadora porque, en buena medida, el asunto tiene que ver con una disputa interna del poder. Se trata de las fracciones interburguesas que pelean entre sí para dirimir quién designa más empleados en la parte que maneja el presupuesto, la enorme caja del poder judicial; si la Corte o el Consejo de la Magistratura, cómo se eligen los miembros del C. de la M. O discutir las medidas cautelares que cuando el Estado sea el reclamado multiplicarán las dificultades de quienes tengan que reclamar contra un acto administrativo o un hecho de gobierno que le genere un perjuicio.”
-Allí no termina…
“También plantea la creación de Cámaras de Casación en ámbitos no federales, en el fuero civil y comercial, laboral, previsional, de seguridad, etc., que lo que hace es agregar una instancia más, intermedia entre las cámaras de apelación que ya existen, y la Corte Suprema. De este modo, cualquier trabajador o jubilado, cualquier persona que quiera reclamar porque lo echaron, sufrió un accidente y tiene que demandar a una empresa de transportes o a una compañía de seguros, a una empresa de medicina prepaga, o deba demandar al Estado porque a su hijo lo mataron estando preso, etc., se le sumarán por lo menos dos años más en procesos ya suficientemente eternos.”
-¿Qué otro elemento atenta contra los trabajadores?
“En el medio del proyecto sobre medidas cautelares, el diablo mete la cola y se aprovecha de hacer la trampa. Hay un articulito que habla de los servicios esenciales para el Estado o los bienes de uso público esenciales para el Estado que no admiten ningún tipo de medida cautelar y que otorga cierto poder omnímodo para protegerlo, con lo que se ataca directamente el derecho de huelga de los trabajadores. ¿Por qué? Porque es el gobierno el que decidirá qué servicios son esenciales y, por lo tanto, frente a qué servicios no puede haber paro.”